Gobernanza, participación y educación

El otro día compré el diario y tristemente vi una entrevista a la ministra de educación, Mónica Jimenez, donde dice: "Pasaron la raya, los estudiantes están perdiendo el tiempo con estas protestas... no les vaya a pasar lo del cuento del lobo, porque el 2006 la ciudadanía los apoyó porque tenían razón al querer cambiar la LOCE y lo estamos haciendo, entonces, no sé que quieren estos niños"[1]

Es cierto, se pidio la derogación de la LOCE y se debía formular un nuevo proyecto educacional en un consejo asesor presidencial donde tendrían participación los diferentes actores que intervienen en la educación. Hasta ahi todo bien.

El gran problema viene cuando una vez terminado el periodo de sesiones del consejo asesor presidencial, el gobierno prácticamente ignora las propuestas emanadas desde los actores educacionales, para pactar con la derecha la aprobación de una nueva ley educacional que mantiene la inequidad en la educación, es decir, no asegura la calidad de la educación pública y gratuita. Sin ir más lejos, en la ley ni siquiera aparecía una definición de educación pública. Ha sido precisamente esta la indicación que tiene trabado el proyecto.

En todo caso, no me quiero ir hacia ese lado, quiero más bien ver la actitud de la ministra frente al descontento que genera el acuerdo y para eso me gustaría incluir algunos elementos a mi análisis.

Hacia mediados de los 90, en Europa empieza surgir con fuerza un concepto que hoy ha sobrepasado a la acción pura del Estado: la gobernanza. En el sexto congreso internacional del CLAD, celebrado en Buenos Aires el año 2001, Renate Mayntz definió a la gobernanza como las relaciones de cooperación entre los actores públicos y no públicos para la generación y aplicación de políticas públicas[2].

El documento anterior cita ejemplos notables de cooperación en Alemania, donde periodicamente los sindicatos, el gobierno y los gremios empresariales se reunen para fijar, de manera conjunta, las políticas de sueldos y no es necesario que nadie salga a protestar a las calles para que el gobiernos los escuche, es una práctica institucionalizada.

En Chile, en cambio, en vez de haber sentado precedentes, generando la LGE conjuntamente con los actores directamente involucrados en la educación, se prefiere hacer un consejo, que a estas alturas más pareció una "pantalla", para luego de todas formas pactar en las altas cúpulas políticas. Desde ese punto de vista ¿no se justifica acaso el descontento?. Personalmente creo que sí.

No obstante, es importante considera el rol de la sociedad civil y la forma que debe tener para que la gobernanza sea efectiva. Mayntz hace alusión a una sociedad civil fuerte y organizada con grupos capaces de poner en la agenda pública sus intereses. Acá hay un punto que merece al menos ser nombrado. Es cierto que la sociedad civil chilena es muy menor y está mucho menos organizada que en los países de Europa central, sin embargo, y en una visión particular, los grupos organizados del ámbito educacional son relativamente fuertes: colegio de profesores, por ejemplo, la FECh, por otra parte. Y en el 2006 se vio claramente como los estudiantes secundarios se organizaron activamente formando asambleas. Es cierto que la ley no la pueden hacer estudiantes de 2º o 3º medio, pero ellos en conjuntos con los estudiantes universitarios más los profesores, más académicos, más el gobierno pueden perfectamente evacuar un proyecto que busque fortalecer la calidad de la educación pública, sin ir en desmedro de la educación privada ni de la libertad de enseñanza, pero que al mismo tiempo busque resguardar los recursos del Estado y evitar la mercantilización de la educación.

El dasafío es enorme, en mi escrito anterior hablé sobre ello, y es claro que al pura acción estatal no será capaz de abordarlo completamente. Es cosa de ver lo que está sucediendo ahora. Los principales actores de la educación se ven marginados de un proceso que buscar cambiar un sistema, porque el gobierno pacta con los mismos que una vez avalaron la tan criticada LOCE.

Es necesario hacer profundos cambios en el sistema institucional chileno, pero no solamente en lo que a educación se refiere. El sistema binominal impide que el parlamento sea un real centro de representación de la voluntad popular. Y eso hace que leyes tan importantes, como educación, tengan que ser pactadas en conjunto con la derecha. En el parlamento hay personas que, en una consolidada y más profunda democracia, no deberían estar.

Con todo lo anterior apunto a que actitudes tan autoritarias por parte del gobierno, como el "están perdiendo el tiempo" de Mónica Jimenez, lo único que hacen es frenar el desarrollo de Chile hacia una sociedad más participativa y cooperativa, no avanzamos hacia la gobernanza.

Finalmente, me gustaría hacer un alcance al informe del PNUD del año 2004, donde se señala que la naturaleza de los actuales desafíos que tiene Chile hace que éstos ya no pueden ser emprendidos por la acción pura del Estado, ni por la acción particular, sino que se necesita la combinación de la autonomía personal con la acción colectiva[3]. Educación es uno de esos desafíos que plantea el PNUD y uno de los motores para ser un país realmente desarrollado ¿quien dijo que el desarrollo es solo tener un ingreso per capita igual al de un país europeo?

Saludos cordiales

Pablo
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[1] Diario La Segunda, viernes 13 de junio de 2008. P57.
[2] El estado, la sociedad civil y la gobernanza moderna. Renate Mayntz. P.1
[3] Desarrollo humano en Chile. El poder ¿para qué y para quién?. PNUD 2004. P.32