El desafío de financiar la reconstrucción

Es seguro que nunca en ningún programa de gobierno de algún candidato se ha incluído la posibilidad de la ocurrencia de un terremoto o una catástrofe durante su gobierno o poco ante de asumir. Pedro Aguirre Cerda, algún tiempo después de tomar el mando de la nación a fines de 1938, tuvo que enfrentar el devastador terremoto del 24 de enero de 1939 en Chillán que causó, según estimaciones no oficiales, más de 30 mil víctimas. Hoy le toca a Sebastián Piñera, quien deberán enfrentar la parte más larga después de superada la emergencia: reconstruir las zonas devastadas y devolver a millones de chilenos a su calidad de vida anterior a la catástrofe, lo ideal, mejorarla. El desafío no es menor y en su momento el presidente Aguirre Cerda supo aprovechar el terremoto como una oportunidad para potenciar la industrialización del país y echar a andar las bases de un modelo económico que duró más de 20 años.

Pero antes de reconstruir es necesario saber cómo se va a financiar todo esto, teniendo claro además, que Sebastián Piñera y Pedro Aguierre Cerda están en veredas opuestas del espectro ideológico y que los contextos económicos de ambos momentos en el tiempo son también diferentes. Es decir, el gobierno de Piñera probablemente acote al máximo la expansión de gasto fiscal relacionada con las tareas de reconstrucción y, además, Chile está saliendo de una recesión económica que le costó al país un 1,7% de su PIB en 2009. Por tales razones, es esperable que las decisiones de financiamiento del plan de reconstrucción tengan que tomarse con mucho cuidado, pues la forma de financiar no debe ahogar la recuperación económica ni recalentar la actividad económica.

Varias cosas a considerar. Por un lado están los fondos soberanos con los que cuenta Chile en el exterior, principalmente en dólares y en euros. Según el último informe del ministerio de Hacienda, el FEES (fondo de estabilización económica y social) cuenta con 11.256 millones de dólares, en tanto el fondo de reserva de pensiones tiene un monto de 3.412 millones de dólares. Es decir, Chile tiene la posibilidad de financiar gran parte del costo que la reconstrucción le demandará al fisco, que según estimaciones del gobierno (el mercurio, 16 de marzo) serían 13 mil millones de dólares. No obstante, la inyección de 13 mil millones de dólares a la economía interna puede ser sumamente perjudicial para el tipo de cambio, presionando a la baja el precio del dólar y poniendo un peso adicional a la actividad de los exportadores, asimismo, puede generar presiones inflacionarios obligando al Banco Central a subir la tasa de política de monetaria antes de los pevisto. En la misma línea, no sería óptimo vaciar completamente los fondos, pues las coyunturas venideras son desconocidas y no sabemos el momento en el que se puedan necesitar recursos.

Otra cosa valorable es la existencia de amplias líneas de crédito para Chile en instituciones financiera internacionales, como el BID, el BM o el FMI. Sin embargo se corre el mismo riesgo que con internar grandes cantidad de dinero del FEES o el FRP. Por tal motivo, y para provechar la ventaja de tener un nivel de deuda pública sumamente bajo -de acuerdo al informe de estadísticas de deuda pública de septiembre de 2009, la deuda neta del gobierno central alcanza un 5,9% del PIB- hay que mezclar componente de endeudamiento también en el mercado interno y no solo en instituciones extranjeras, de modo tal de evitar un flujo muy alto de dólares desde el exterior y una inyección de dinero a la economía que puede traer las consecuencias ya mencionadas.

Así también, existen otras formas para crear el fondo de reconstrucción que anunció Piñera, como las donaciones de empresas -las cuales se incentivan a través de franquicias tributarias- o el aumento de impuestos. En ese sentido, me parece muy plausible el anuncio del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, de subir el impuesto a las grandes empresas y de evaluar el alza del royalty a la gran minería (DF, 16 marzo evaluación royalty; DF, 16 marzo alza impuesto a empresas) pues ambos sectores gozan de una recuperación bastante vigorosa incluso desde antes que se dejara atrás la recesión. Lo importante es no aumentar la carga tributaria de las personas o de pequeñas empresas, las cuales también se pudieron haber visto afectadas de manera importante por el terremoto.

Otro aspecto que está considerando el gobierno es la reasignación presupuestaria, es decir, tomar dineros que ya estaba asignados por la ley de presupuestos del sector público para el año 2010 y, a través de otra ley hacerle una modificación para así destinar dineros al fondo. La idea es plausible en la medida que no se vean afectados programas que por su naturaleza se deben mantener, dicho esto sobretodo por los programas sociales heredados de los gobiernos de la concertación, para eso la actual oposición deberá estar muy atenta en el congreso a la hora que se discutan las reasignaciones presupuestarias, toda vez que no todo el presupuesto es reasignable por vía administrativa.

Ahora bien, hay que ir sumando algunas cosas. La actual ley de presupuesto le deja al gobierno de Piñera 450 millones de dólares de libre disposición, de eso, cerca de 300 millones se van a gastar en el bono marzo. Por tanto, se entiende que hay que reducir gastos en otras áreas o posponer proyectos que, por el momento, son prescindibles y entre ellos se me viene a la cabeza la línea 6 del metro de Santiago anunciada por la presidenta Bachelet el 29 de diciembre del año pasado, de modo tal que parte del fondo esté compuesto por dineros ya contemplados en el presupuesto y no supongan nuevas inyecciones de dinero a la economía. Cosas superfluas como el cambio de logo en muchas reparticiones públicas también son cosas que podrían haberse evitado.

En consecuencia, el fondo de reconstrucción debería estar compuesto por varias fuentes de financiamiento: FEES, endeudamiento externo e interno, redistrubución de la carga tributaria para las grandes empesas, royalty minero, reasignaciones presupuestarias, donaciones y, algo que no se ha tratado, el 2% constitucional que asciende a aproximadamente 800 millones de dólares. El desafío que tiene por delante el gobierno es mezclar las dosis justas y necesarias de cada uno de estos componente de manera tal de evitar que ocurran presiones inflacionarias y el tipo de cambio caiga más allá de lo torelable, es decir, de mantener dentro lo posible los equilibrios macro del país. Las reasignaciones presupuestarias, además, deben tener en el foco el objetivo de no afectar de forma mayor el crecimiento de otras regiones del país y tampoco desfinanciar programas sociales. Ese será el rol de la concertación en estos momentos, velar para que los intereses defendidos sean efectivamente los de las personas en todo el proceso.

En conclusión, la buena situación económica y fiscal de Chile no debe cegarnos para pensar que el financiamiento de la reconstrucción es sencillo, eso solo da un margen de maniobra mucho mayor para utilizar fuentes de recursos, pero se debe procurar siempre usarlos con precaución, mucha responsabilidad y poniendo como norte las necesidades de Chile, sobretodo en momentos tan complejos como los que se están viviendo.