Uno de los sellos de la administración de Sebastián Piñera que posiblemente será recordado es la gran desembarco de personalidades desde el sector privado a los ministerios, subsecretarias, jefaturas de servicio, intendencias y gobernaciones. Casi un gobierno gerencial. Muchos de ellos han desarrollado su vida lejos del sector público y la actividad política y hoy llegan a hacerse cargo de importantes reparticiones del Estado.
Una muestra de esta situación y de uno de los riesgos más evidentes que puede acarrear es la posición del intendente de la región del Maule, Rodrigo Galilea, quien participa de la propiedad de la constructora Galilea S.A, empresa que además construyó una población en Talca que hoy tiene serios daños producto del terremoto y tiene otros proyectos en Talca y Curicó (El mostrador, 12 marzo). Es decir, estamos frente a un flagrante conflicto de interés de, nada más que, la primera autoridad de la región del Maule. De caso como este hay varios en el gobierno, algunos están al filo de la legalidad y, a mi juicio, sobrepasan la línea de la ética necesaria para un funcionario del Estado, caso por ejemplo de Gabriel Ruiz-Tagle, subsecretario de deportes y accionista de Colo Colo. La legalidad no siempre refleja un comportamiento ético.
No obstante, este desembarco de administradores privados en la administración pública puede traer también otros riesgos, menos evidentes, pero casi tan peligrosos para el funcionamiento normal del Estado. Me refiero al profundo quiebre que se produce entre directivos y autoridades que desde el mundo privado y con nula o muy poca experiencia y funcionarios con varios años en los servicios públicos. La fractura conocida entre la administración pública y el mundo político, es decir, esa que queda y permite el funcionamiento continuo del Leviatán y esa que pasa y va poniendo los énfasis en lo que la administración debe hacer.
La administración pública tiene una manejo diferente a la administración privada, por lo menos en términos jurídicos y presupuestarios. En los primeros, el derecho público es mucho más taxativo que el derecho privado, se detallan procedimientos de todo tipo para llevar a cabo la acción pública, regulaciones que van desde la forma como comprar bienes hasta cosas mucho más complejas. En pocas palabras, solo se puede hacer aquello que está expresamente autorizado en la ley.
Cuando hablamos de presupuesto también se presentan notorias diferencias. La ley de presupuesto del sector público es el instrumento que autoriza la ejecución de gastos de todas las reparticiones del gobierno, salvo empresas públicas, universidades estatales y otros organismos autónomos del Estado. Es el principal documento en el que los gobiernos de turno pueden fijar sus prioridades y metas, así, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet era la ley de presupuestos la que reflejó el énfasis social de su mandato, destinando importantes recursos de la expansión fiscal a programas sociales. Al menos durante el primer año de gobierno, Sebastián Piñera tendrá una ley de presupuestos elaborada en el gobierno anterior teniendo un monto de libre disposición de 450 millones de dólares, poco más del 10% del total del presupuesto. Tomando en cuenta además que el espacio de maniobra que se tiene es reducido, producto de los gastos inerciales que arrastra la ley, el resultado es un manejo presupuestario y financiero mucho más lento en el sector público que en las empresas privadas.
Además de lo anterior hay ciertos aspectos teóricos que se deben tener presentes a la hora de arrivar a la administración pública. El aparato estatal está conformado por funcionarios que en muchos casos cumplen un rol eminentemente técnico y que han llegado al servicio público no por razones políticas, sin embargo, guardan dentro de sí determinados ideales de país para los cuales trabajan y la hora de llegar una coalición diferente al poder se enfrentan a un dilema ético importante. Cristian Pliscoff (INAP, 2010) señala que son estos funcionarios los que podrían tener ciertas trabas en llevar a la práctica políticas públicas que van en contra de su pensamiento, pero al mismo tiempo tienen la necesidad de seguir trabajando y darle continuidad a la administración pública, que no pertenece a ninguna coalición política.
Es en este punto donde vale mencionar las posibles fallas con las que los nuevos directivos, poco cercanos al sector público, se puede encontrar. Lentitud en los procedimientos que se realizan en función de seguir el marco legal puede generar conflictos o descoordinaciones en los nuevos directivos acostumbrados a trabajar bajo leyes más flexibles y rápidas; las trabas presupuestarias puede hacer que las prioridades del nuevo gobierno no puedan ser rápidamente ingresadas a la agenda del sector público y eso podría generar que las expectativas que muchos sectores tienen con respecto al gobierno caigan o sea vean muy deterioradas.
No obstante, no hay que desconocer la capacidad de los nuevos directivos públicos para aprender el manejo político y técnico de muchas reparticiones dentro de la administración pública, la existencia de asesores y la capacidad que las nuevas autoridades puedan tener para el cambio, pues meses de preparación en los grupos tantauco no son equivalentes a años de experiencias dentro de los servicios públicos. De parte de los mismos funcionarios es esperable un comportamiento ético para con los nuevos directivos, aun cuando las ideas de algunos puedan ser disonantes, los funcionarios tiene el rol de hacer funcionar el Estado y darle continuidad a las tareas del sector público. Las prioridades, entonces, van más allá de cumplir con determinada coalición política, el foco debe estar puesto en dignificar la función pública y permitir el funcionamiento del Estado y la generación de respuestas a la ciudadanía, las cuales no cambian con un cambio de gobierno.
Mucho tienen que aprender los administradores privados que se han instalado en la administración pública y, por el bien de Chile, sería bueno que lo hicieran rápido porque hasta ahora, al menos desde mi punto de vista, el gobierno a dado señales un tanto erráticas, de descoordinación y desconocimiento, eso es perjudicial para el gobierno, no creo que sea necesario recordar que Chile es gobernado por un equipo de personas y no solo por el presidente Piñera.
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