La indignación es con la democracia

Durante 21 años de democracia en Chile han gobernado casi las mismas personas bajo las mismas instituciones construidas durante la dictadura, políticamente validadas en democracia y perpetuadas en un documento constitucional que aunque sin la firma del dictador –a partir de 2005 la Constitución lleva la firma de Ricardo Lagos– sigue teniendo los mismo vicios de aquella que vio nacer la democracia en el marco de acuerdos y consensos de la clase política, sin mucho diálogo ciudadano ni participación social. Mantener la democracia era el objetivo más importante y para eso se podían transar otras cosas que arbitrariamente fueron consideradas menos relevantes.

Es probable que la ciudadanía haya considerado lo mismo frente a la importante experiencia que significó la transición pactada en Chile, valorando lo que se había logrado y no tanto lo que hubo que sacrificar. O bien que las luces del crecimiento económico de los años 90 –ese que nos hizo autodenominarnos “los jaguares” de América– que alimentó una idea no muy bien concebida respecto al milagro económico chileno, con cifras macroeconómicas que nos hacían brillar pero dejaban a su paso una sociedad atomizada, con muy bajos niveles de cohesión social en ciudades altamente segregadas, incubando dentro de sí profundos resentimientos, agudizando las contradicciones del neoliberalismo y excluyendo social, política y económicamente a grandes grupos.

Y es que Chile ya dejó de deslumbrarse con el crecimiento económico sobre el 6%, con las bajas cifras de inflación o la disminución del desempleo. Después de 21 años los chilenos nos hemos dado cuenta que hay que dar un salto sustancial en la calidad de la política y de la democracia. Las cifras económicas que hacen de Chile un ejemplo –muy cuestionable– y que nos han llevado a la OCDE pierden total validez cuando la exclusión se hace presente. Y lo peor es que no solo hablamos de exclusión económica, pues con un par de tarjetas de crédito cualquier persona puede sentirse parte de funcionamiento del mercado y adquirir bienes que en nuestra sociedad neoliberal entregan status y distinción, pero no siempre calidad de vida. Hablamos de exclusión política y social. En definitiva, hablamos de profundas fallas de la democracia que hoy deja afuera a importantes sectores sociales que ven en el crecimiento económico una falacia.

Desde las protestas estudiantiles, las marchas por Hidroaysén, Castilla y Punta de choros; las protestas en Punta Arenas y en Calama; las huelgas de los trabajadores del cobre, los problemas relacionados con la reconstrucción y las demandas, menos mediáticas pero también presentes, sobre una nueva Constitución, no revelan otra cosa que un malestar generalizado con un sistema injusto y excluyente. Y ojo, no me refiero necesariamente a un sistema económico que genera desigualdades –que sí las genera– sino de un sistema político que genera desencanto y, lo que es más grave, exclusión.

Y todo esto se da en un contexto donde las alternativas políticas parecen no existir, en un sistema de partidos cuya representatividad y legitimidad es cada vez menor y con una ciudadanía que se niega a canalizar e institucionalizar los conflictos, porque simplemente el sistema no da el ancho para generar soluciones esperadas y los partidos y los políticos no dan la confianza. Las grandes comisiones que buscaron crear un “gobierno ciudadano” –el vago concepto que Bachelet intentó instalar– se han traducido en acuerdos entre las cúpulas partidarias, y los ciudadanos excluidos del proceso de toma de decisión han interpretado eso como una traición. De ahí que no sea extraño que las demandas de todos los movimientos partan por exigir garantías mínimas para negociar. La palabra empeñada ya no sirve, pues cuando se creyó en ella los políticos le dieron un portazo a los movimientos sociales con los que negociaron.

Los problemas estructurales de la política chilena, esos que no se solucionan con el cosismo y el discurso apolítico de la derecha, se están volviendo cada vez más evidentes. Y la centro-izquierda tampoco tiene un discurso para hacerle frente. Fueron muchos años de acuerdos de segundo piso. Para solucionar nuestra crisis política lo que necesitamos es justamente volver a la política, reencontrarnos con ideales republicanos que evoquen el bienestar general, la deliberación ciudadana y la democracia. Así será posible generar los puentes que vuelvan a unir el clamor ciudadano y la actividad política.

Pero hay un problema grave y es que en el poder permanecen políticos que han rotado por cargos una y otra vez, cuando no se ha mantenido en el mismo desde el retorno a la democracia y, peor aún, pues algunos ya ocupaban algún escaño en el congreso antes del derrumbe de la democracia. Es un stablishment político e institucional apto para alcanzar la democracia, para hacerla estable y para hablar del crecimiento con equidad que se quedó más en crecimiento. No es el que necesitamos para ampliar los pilares democráticos, para hacer un sistema político más representativo y adecuado a la sociedad que hoy somos.

¿Será acaso que una fuerza de destrucción creadora tendrá que aparecer en nuestro país para barrer con las viejas instituciones y con los viejos rostros y producir la emergencia de un nuevo entramado institucional? ¿Será que, como en varias partes del mundo, la indignación y el malestar se están dando contra la democracia de mentira y amenazan a los que ocupan posiciones de poder? La clase política está en una coyuntura crítica que bien puede tener un desenlace inesperado. Se trata de entregar las garantías, de generar los cambios, de renunciar a sus cotos de caza particulares y buscar los caminos para darle a Chile un nuevo futuro. Si ese camino no se sigue pronto el malestar crecerá y se puede convertir en una indignación tan grande que barrerá con todo y el costo que habrá que pagar será demasiado alto. 

Chile necesita una nueva Constitución, por Bastián González

Crisis de la democracia y revolución de las élites, por Gabriel Henríquez

El descontento con una democracia no democrática, por Natalia Vargas

El alza de los alimentos: ganadores y perdedores

El mundo está viviendo un escenario de escalada en los precios de los alimentos muy similar al que ocurrió a partir de fines de 2007 y que desató crisis alimentarias en varios países pobres  y olas inflacionarias que afectaron a gran parte del mundo, incluido nuestro país. En octubre de 2008 la inflación en Chile llegó a un nivel de casi un 10% en 12 meses, de acuerdo a los datos entregados por el INE, desbordándose ampliamente del rango meta del Banco Central.

Hoy las presiones, si bien de la misma naturaleza, son un poco diferentes. Las expectativas de inflación son menores a las que existían en 2008 y se ha dicho que si bien existen posibilidades de que la inflación alcance niveles parecidos a los de 2008, éstas son menores e incluso el efecto de la actual alza de alimentos llegara con un rezago de al menos 3 meses al país (La Tercera, 20/02). En todo caso, Chile no será ni por lejos uno de los países más afectados por esta alza, si bien la inflación podría subir y el costo a pagar será una desaceleración de la actividad económica para llevarla a niveles del PIB potencial, en otros países más pobres el costo será mucho más elevado y tendrá tintes sociales significativos. Los alimentos, entre octubre de 2010 y enero de 2011 han subido un 15%, situándose un 29% por sobre el precio que tenían en el mismo periodo del año anterior.

Pero ¿cuál es la razón por la que suben los alimentos? Varias razones pueden sindicarse en la base de esta alza de precios. Por un lado están los daños que las inundaciones produjeron en Australia y que dañaron cientos de hectáreas de cultivos, además se registraron importantes incendios forestales y sequías en Rusia, uno de los principales productores de trigo del mundo, que provocaron la pérdida de las cosechas en numerosos campos. Pero también hay componentes de la demanda que contribuyen a subir los precios. Países como China o la India producen un efecto desestabilizador en los precios de los comodities, bien lo sabemos en el caso del cobre, y los alimentos no son la excepción.

Adicionalmente, una causa de que suban los alimentos recae en la producción de biocombustibles con maíz o aceite de soja. La producción de biocombustibles desplaza los cultivos para alimentos y ganadería, reemplazándolos por campos dedicados a la materia prima para el biodiesel, reduciendo así la oferta de alimentos. Si bien esta situación aún no es masiva, se han iniciado importantes inversiones en investigación para producir biodiesel. En Estados Unidos, el año 2009, el departamento de energía anunció que inyectaría 786,5 millones de dólares para acelerar la creación y comercialización de biocombustibles (Motor.es) y en 2007 la entonces administración Bush llevó a cabo un acuerdo con Brasil por el desarrollo de este tipo de energía (América.gov, 22/03/2007). Los biocombustibles tienen la capacidad de reducir la dependencia de los precios del petróleo y teóricamente disminuyen las emisiones de CO2 a la atmósfera, sin embargo, aumentan la presión sobre los precios de los alimentos y la producción de sus materias primas motiva la deforestación, con lo cual los beneficios netos de estos combustibles son dudosos.

Dos razones más se pueden añadir, por una parte, la especulación. Los mercados ya han empezado a sentir el alza y continúan generando una sensación “alcista” que no detiene la subida de los precios, por el contrario, la alienta. Por otro lado, está el alza del precio del petróleo que afecta de manera casi transversal a la actividad económica y que redunda en alzas en los costos de producción de los alimentos y en su transporte a los centros de distribución.

Así las cosas, tenemos un escenario en que en todo el mundo los alimentos empiezan a subir de precio y se generan no solo presiones inflacionarias sino que también eventuales problemas sociales. En China, por ejemplo, el alza de los alimentos en enero de 2011 fue de un 10,3% respecto al primer mes de 2010 (DF, 15/02) y el gobierno de Hu Jintao ya ha lanzado algunas medidas para contener el alza por temor a que generen inestabilidad social. Adicionalmente, el presidente del Banco Mundial ha señalado que los precios de los alimentos se encuentran en niveles peligrosos y su impacto podría complicar las frágiles condiciones sociales y políticas de oriente medio y Asia Central (América Economía, 16/02). Sin ir más lejos, las actuales revueltas sociales en el norte de África y en el Magreb tienen su origen, en parte, en las precarias condiciones económicas de los países afectados.

También tenemos el costo social de las alzas. En el mundo académico se ha generado un relativo consenso en que el alza de la pobreza en Chile en la última encuesta CASEN tiene sus raíces, en parte, en el IPC de los alimentos. La misma CEPAL publicó a fines de 2010 su informe social para América Latina en el que revela que la pobreza en Chile, aislando el efecto de los alimentos, habría bajado. Ese efecto negativo de los precios de los alimentos en los índices de pobreza se da en todo el mundo y afecta a los más pobres, pues son ellos quienes destinan la mayor cantidad de sus ingresos a alimentación. De acuerdo a lo señalado por el banco mundial (América Economía, 16/02)  44 millones de personas en todo el mundo serán arrastradas a la pobreza debido a los actuales niveles de precios de los alimentos y eso, bien en países pobres con poco espacios para tomar medidas que reduzcan los precios o bien en otros donde el espacio para usar la política fiscal es muy reducido o nulo, con lo cual la actuación posible de los gobiernos para contener precios es escasa.

Pero el alza de los precios tiene otra cara, aquella de los países que se ven beneficiados por la subida. La Argentina, Brasil y Rusia han presentado sus reparos, en la última cumbre del G20, contra la propuesta que han hecho países desarrollados para controlar los precios de las materias primas, entre ellas los alimentos (La Nación, 19/02).  Y es que para los países emergentes productores de alimentos el alza en los precios no significa tanto inflación –pese a que en la Argentina cifras no oficiales señalan que ha llegado al 25%- y sí más ingresos para los fiscos y mayor crecimiento económico. No obstante, en un escenario así, el peligro de la enfermedad holandesa se cierne sobre las economías emergentes y los incentivos para convertirse en economías más competitivas y con mayor valor agregado se reduce.

El tema alimentario se suma a otros dilemas y desequilibrios globales que vive la economía, no obstante, no se está exento de peligros. Nicolás Eyzaguirre (La tercera, 21/02) señaló que hay que tener presente que la bonanza nunca dura para siempre y que en América Latina hemos aprendido aquello. Será bueno tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando el fantasma del recalentamiento y la inflación se cierne sobre nuestras economías.

«Demos krátos»

Luego de un duro diagnóstico de la calidad de la democracia, el presidente Sebastián Piñera ha anunciado una serie de reformas que tienden a “profundizar nuestra democracia”, durante un acto organizado para conmemorar los 25 años del acuerdo nacional que dio paso a la transición pacífica a la democracia. Sin embargo, al alero de ciertos planteamientos teóricos, resulta necesario ver cómo es nuestra democracia y, en general, la forma en la que se han configurado las democracias contemporáneas a la luz de la complejidad de la sociedad, los nuevos intereses, la ampliación de los derechos ciudadanos y, últimamente, la crisis de representatividad y legitimidad que viven varias instituciones altamente representativas de nuestras democracias, como los partidos políticos y el congreso.

Lo primero que se debe señalar en relación a la democracia es que los sistemas que existen actualmente en todo el mundo se alejan del modelo democrático ateniense, tanto por la inspiración griega de ekklesia, ágora y ciudadano. En cuanto a lo primero, la democracia de Atenas involucraba la participación de los ciudadanos en la discusión de los problemas públicos, propios de la polis, pero también permitía que los problemas privados se hicieran públicos en el ágora de la Polis. En cuanto a la noción de ciudadanos, primero en Atenas era limitada y se alejaba de los derechos e ideales que se tienen hoy respecto de la participación; pese a que también se tenía al ciudadano como un político, en el sentido de que participaba en el gobierno de la Polis. El que no lo hacía y se interesaba solo en sus asuntos privados era un idiota, en el sentido estricto del término.

Hoy estos principios parece o impracticables, en la medida que se ha ampliado de forma notable la concepción de ciudadano y por lo tanto resultaría bastante complejo llevar a cabo la democracia como la de Atenas en la mayoría de nuestros países. Pese a lo anterior, los principios inspiradores de la democracia siguen vivos y si bien hoy se han matizado con instituciones contemporáneas que buscan salvar la distancia que existe entre la Atenas griega y los actuales Estados democráticos, como los congresos, los partidos políticos y más desde sus orígenes las elecciones como mecanismo único para canalizar las preferencias de los ciudadanos.

Un segundo punto que creo relevante en una discusión sobre la democracia es el carácter pseudo divino que se le ha dado, sobre todo a los procesos electorales competitivos como reflejo de la democracia de un país. Eso ha llevado a dos escenarios, el primero es que los Estados occidentales ven a los países que no han adoptado la democracia como forma de gobierno como dictatoriales o autoritarios, despreciando así las tradiciones gubernamentales de esos países y elevando a la democracia occidental a un plano ideal. El segundo es que dado que el foco se centra en las actuaciones competitivas y electorales, se desprecia a los sistemas de partidos únicos pues allí no hay competencia electoral genuina, restando así valor a la representación que se puede hacer en el caso de los partidos comunistas en países como Cuba o China. Así, la democracia adquiere un valor importante en las sociedades que han fundado su desarrollo en principios democráticos, pero no en aquellas que no lo han hecho y que se han construido con mira hacia otros principios, caso de Cuba y de varios países orientales que desconocen la forma liberal de democracia y mantienen otro tipo de gobierno representativo o bien se gobiernan a través de métodos cultural y socialmente aceptados en esos países, como monarquías. Es así como la democracia cobra sentido en sociedades como la chilena o la uruguaya en donde las bases fundacionales del sistema político son democráticas.

En tercer lugar, hay que mencionar los argumentos de Robert Dhal, quien toma la democracia pura en su sentido griego y le da un carácter teórico y señala que las sociedades contemporáneas pueden aspirar a ciertos principios democráticos que pueden ser maximizados a través de la práctica política: soberanía popular, igualdad política o el establecimiento de gobierno no tiránicos. Dahl se inclina también por el juicio procedimental de la democracia, el que depende de ciertas condiciones en torno al proceso electoral.

Resulta útil preguntarse la calidad de la democracia en sentido normativo, cuando se pone énfasis en el proceso electoral y en la competencia entre partidos o facciones de partidos y, más todavía, en sociedades donde los partidos van perdiendo fuerza como mecanismo de representación e intermediación política y el Estado ha ido abandonando algunos aspectos de la vida social dejándola en manos del sector privado o bien en un espacio aún complejo de definir: la sociedad civil que frente al abandono del Estado se ha hecho cargo de algunos ámbitos de la vida organizada.

Por lo tanto, es necesario analizar si es posible profundizar la democracia a través de refuerzo de instituciones que van mostrando decadencia o bien generar nuevas instituciones de representación política en una sociedad en la parecen haberse reforzado mecanismos de participación democrática directa. Creo que la respuesta a esto no es excluyente y que si bien es necesario buscar mecanismos para revitalizar los partidos políticos, esto es, mejorando su institucionalidad desde el gobierno central y también los propios partidos deben buscar formas de reinventarse e insertarse en la nueva sociedad, más compleja y menos polarizada, también deben haber reformas que busquen reforma la participación ciudadana directa en los asuntos públicos, motivando la deliberación pública, la organización ciudadana la cooperación entre distintos actores sociales que no siempre son los partidos políticos. Los gobiernos locales podrían ser eventualmente el primer nivel de implementación de una democracia menos vertical y más participativa.

¿Es necesario pensar en democracia como competencia electoral y con una presencia de partidos políticos? Sí, es necesario pero no basta. Reforzar la institucionalidad de los partidos únicamente y mejorar la calidad de la competencia electoral sin tomar en cuenta los cambios de la sociedad y la necesidad de canalizar demandas de forma más directa al sistema político es pensar soluciones para el mañana pero con instituciones de ayer.

Estrategias de crecimiento y desarrollo para el largo plazo

El gobierno del presidente Piñera ha presentado con algarabía los resultados del IMACEC de mayo y junio, de 7,1% y 6,8% respectivamente. Ambas cifras han sorprendido incluso a los más optimistas economistas que preveían una expansión en torno al 6% para estos meses y quienes también, después del terremoto, temían que la recuperación económica del país se resintiera por un periodo más largo.

El empleo también ha mostrado rápidos signos de recuperación, pasando de un 9% en el trimestre móvil enero-marzo a un 8,5% en el trimestre móvil abril-junio, de acuerdo a datos de la nueva encuesta nacional de empleo del INE. Ciertamente todas estas son buenas noticias, la sombra de la recesión y los efectos del terremoto en la actividad económica van quedando atrás y la confianza de empresarios y consumidores se muestra más robustecida frente a estos datos, con lo que también se demuestra que el debate en torno al alza de impuestos que planteó el gobierno y cuya discusión se debiera dar con miras a un reforma tributaria mas profunda tampoco tuvo el impacto que los más ortodoxos economistas predecían.

El crecimiento económico genera empleo. Sin embargo, empleo no es sinónimo de menos pobreza o mayor equidad, es más, pues empleos de mala calidad y baja remuneración generan estancamiento en pobreza y desigualdad o incluso profundizaciones. Más de alguien podrá argumentar que es mejor tener 1 millón de empleados ganando un sueldo bajo que a esa misma cantidad de personas desempleadas, sin embargo, el efecto redistributivo y de aumento del bienestar de personas empleadas en trabajos de mala calidad puede ser mínima, generando así trampas de pobreza con personas que (sobre)viven pero que tienen pocas o nulas capacidades de romper los círculos de pobreza e inequidad.

Por otro lado, este año se está produciendo un rebote de la economía después de las profundas caídas del año 2009 justamente en los meses de invierno, con caídas de 4,3% en mayo y junio. De ahí también que para el año 2011 haya economistas que digan que es posible un crecimiento de 10% en marzo, pues marzo es uno de los meses más dinámicos del año en términos de demanda interna y durante 2009 y 2010 ese mes registró cifras negativas, por la recesión primero y por el terremoto después.

En general, las economías de países subdesarrollados que tenían una posición más sólida para enfrentar la crisis se han recuperado de forma mucho más sostenida que los países desarrollados, ejemplos de ellos son Brasil, China, en el caso de los primeros, y Estados Unidos, en el caso de los segundos. Así, el año 2010 está siendo de recuperación para todos esos países pues su situación económica interna estaba mucho más fuerte que en otras crisis económicas y es hora de volver al marco de mayor inversión y consumo ahora que la confianza está regresando. Particularmente en Chile, las más fuertes caídas se debieron a contracciones del consumo privado y la inversión. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ha indicado que el año 2010 el crecimiento de nuestra economía bordeará el límite superior del rango propuesto por el Banco Central, es decir, en torno al 5%-5,5%.

Para 2011 las cifras son aún mejores y se dice que es posible que Chile crezca incluso por sobre el 6%. Sin embargo, como señala el economista Alberto Ramos de Goldman Sachs (La Tercera, 06/08, P19) el crecimiento del próximo año  dependerá en gran parte de la reconstrucción tanto de la infraestructura pública como privada, dado que la construcción genera empleos y es un sector capaz de contagiar dinamismo a otros sectores, es de esperar que la demanda interna impulse el crecimiento.

Pero es necesario tener en cuenta, por un lado, la intervención del Banco Central en el control de  la inflación y el agotamiento del impulso que dará a la economía el rebote y la reconstrucción; lo que ciertamente hará volver la línea de crecimiento a cauces más normales.

Todo lo anterior: calidad del empleo para el mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos y regreso del crecimiento a niveles de tendencia sostenibles por nuestra economía llevan a la discusión en torno a una estrategia de largo plazo de crecimiento y desarrollo, en donde las obras y hasta anuncios del gobierno han sido escasas. La base productiva del país, copada por servicios y explotación de recursos naturales, se ha agoatado desde hace al menos 10 años y las cifras de crecimiento que recuerdan los años dorados de la década del 90 son meras golondrinas furtivas que no hacen verano.

Es necesario intervenir en la base del desarrollo en Chile y no seguir exigiéndole  a una matriz que ya no puede entregar más. Y allí se precisa de un compromiso del sector público importante de fomento productivo para la agregación de valor y el desarrollo industrial y de servicios a nivel global y sudamericano, aprovechando una serie de ventajas institucionales y económicas que tiene el país. Seguir basando el crecimiento del país y la creación de empleo en la extracción de recursos naturales y los servicios a nivel local es una estrategia que está agotada y que, pasado el rebote de la recesión de 2009 y el boom de la reconstrucción… seguirá entregando meros guarismos insuficientes para llegar a ser un país realmente desarrollado.

Desafíos del sector público en sociedades complejas

En el sector público chileno y, en general, en las administraciones de todo el mundo ha imperado por muchos años una lógica burocrática heredada de los planteamientos que se hicieran por Max Weber e, incluso, alimentado por preceptos de Taylor y Fayol en torno a la escuela de la administración científica. Dentro de esos marcos weberianos se encuentra la idea sectorial o jurisdiccional. Es decir, cada repartición pública debe tener claramente delimitado el ámbito dentro del cual se puede desempeñar, ya sea en términos funcionales o territoriales.

La sociedad ha cambiado. Vivimos inmersos en una sociedad que cambio cada día de forma más vertiginosa. Las comunicaciones, el transporte, la economía han generado sociedades post-industriales o en un proceso de rampante transición hacia grupos humanos más complejos, que presentan nuevas necesidades y problemas.

Este aumento de la complejidad en nuestra sociedad ha vuelto obsoletos los principios weberianos en muchos casos. La administración pública tradicional es incapaz de responder a temas que son de carácter multidimensional y que abundan en sociedades complejas. Existe, por ejemplo, variada literatura que indica que problemas como la delincuencia o la pobreza no pueden ser atacados desde solo un punto de vista, pues son causados por factores múltiples.

Para responder a las fallas del modelo weberiano se han ideado varios “nuevos” modelos que intentan aggiornar el sector púbico, tomando en cuenta los nuevos modelos económicos, las nuevas estructuras sociales, el desarrollo democrático de los países, entre otros aspectos. La nueva gestión pública, de marcado corte neoliberal, es un ejemplo de estos intentos por desterrar de las oficinas al veterano Max Weber e instaurar nuevas formas de  gestión. Énfasis en los resultados, incentivos al desempeño, reducción en el tamaño del sector público, entre otras cosas destacan al modelo de nueva gestión pública, sin embargo, cuesta encontrar una forma para responder a los nuevos problemas de una sociedad compleja.

En algunos países, incluyendo Chile, se han empezado a desarrollar prácticas intersectoriales de gestión que buscan derribar los muros que separan a los sectores y permitir una gestión más coordinada entre servicios de sectores diferentes.

La ley 18.575 de bases generales de la administración del Estado define a los ministerios como órganos “rectores” de los sectores de la sociedad. En ese sentido, y siguiendo las lógicas weberianas, cada ministerio se debería encargar de un sector sin interferir en el sector de otros ministerios, dada la separación de “jurisdicciones” que existen. Sin embargo, y como ya ha señalado, existen problemas que deben ser enfrentados por más de un sector y para evitar la duplicidad de esfuerzos, ser eficientes y actuar de forma coordinada –aspectos que también señala la ley de bases- se debe gestionar de forma intersectorial.

Para la gestión intersectorial hay que tener en cuenta la natural resistencia que se presentará dentro de los servicios de cada sector. Durante años se han configurado en los servicios públicos culturas organizacionales que perpetúan el modelo ya poco funcional en estos tiempos y cambiar la cultura de las organizaciones es una tarea mucho más compleja que modificar estructuras. En este sentido, de acuerdo a Cunill (2005) la intersectorialidad presenta un componente político en la medida que los “sectores” deben renunciar a ciertos grados de autonomía para entregarla a un órgano de coordinación superior, como por ejemplo, un comité interministerial (práctica bastante difundida en Chile, no sé hasta qué punto efectiva).

Por otro lado, siguiendo a la profesora Nuria Cunill, la gestión intersectorial presenta un aspecto técnico importante, en la medida que es la misma ley la que divide en sectores a la sociedad y también el presupuesto se entrega con criterios sectoriales. Ambos puntos ponen obstáculos importantes al desarrollo de la gestión intersectorial en el sector público.

Frente a lo anterior, cabe preguntarse por la necesidad de buscar nuevos conceptos normativos en torno a los ministerios, cambiar la definición de “sector” y generar nuevas instituciones que fomenten la cooperación entre los servicios y no incentiven la competencia, habida cuenta que en un contexto de incentivos al desempeño los servicios deben “competir” por al menos una parte del presupuesto.

La sociedad exige la modificación de las instituciones formales que rigen el funcionamiento de los órganos del Estado. Y la gran complejidad de las sociedad modernas le pone grandes desafíos a la administración pública, los que, claramente, no podría ser respondidos por los modelos weberianos de burocracia que fueron diseñados para sociedades muy diferentes a la actual.

Ref: Cunill, N (2005) La intersectorialidad en el gobierno y gestión de la política social. CLAD, Santiago de Chile.

El desarrollo de Chile al 2018: Una mirada más allá del PIB

En su discurso del 21 de mayo el presidente de la República anunció que Chile sería un país desarrollado hacia el año 2018, sin embargo hay que tener en consideración la noción de desarrollo que tiene este gobierno y que no es muy diferente a la que tenían los gobiernos de la concertación. El crecimiento económico como forma de alcanzar el desarrollo, en la medida que el crecimiento económico permite tener un PIB per cápita más alto.

El PIB per cápita es un indicador demasiado sencillo y que dice bien poco respecto a la realidad de un país. No es más que la división del PIB total del país por su población en un momento determinado y pese a que se pueden realizar varias correcciones, como aquella para mostrar el PIB con poder de paridad de compra, que corrige el efecto del costo de la vida en países distintos y permite hacer una comparación mejor entre indicadores, aunque así no dice nada.

De acuerdo a cifras del Banco Mundial, el PIB por persona empleada en Chile asciende a 12207 dólares, más alto que el de Argentina y Uruguay. Pero ese indicador no muestra lo que efectivamente gana un chileno al año, si ese valor se multiplica por el tipo de cambio del día viernes, mensualmente cada chileno empleado debería ganar aproximadamente 550 mil pesos al mes.

Eso sería así en un país donde todos sus habitantes tuvieran el mismo ingreso. En término gráficos eso se vería a través de la curva de Lorenz, la que debería coincidir con un línea de 45º trazada en un plano. En ese momento el coeficiente de Gini sería cero y tendríamos una distribución perfecta del ingreso.

El coeficiente de Gini es un indicador que permite apreciar la distancia entre la curva de Lorenz y una línea de 45º trazada en el plano desde el origen, mientras más grande sea esa distancia el coeficiente de Gini será mayor. Si en un país solamente un ciudadano (o un quintil o décil) se lleva todo el ingreso que el país produce, el coeficiente de Gini será igual a 1, mientras que si la distribución es perfecta dicho índice será igual a 0.

En nuestro país el índice de Gini (el coeficiente multiplicado por 100) es de 54,9 de acuerdo a cifras del Banco Mundial. El 10% más pobre de la población en Chile se lleva el 1,4% de los ingresos mientras que el 10% más rico absorbe el 45%. Los países de Europa con los que se comparó el presidente el 21 de mayo (y lo hizo también Andrés Velasco el año 2008) tienen: Portugal un Gini de 38,5; España de 34,7; República Checa 25,4 y Eslovenia 30,9.

Distribución del ingreso en Chile-Deciles y percentiles CASEN 2006.

Otra forma de medir el desarrollo de un país es la desarrollad con base en los planteamientos de Amartya Sen y el desarrollo humano. El argumento de Sen se basa en que la libertad de las personas tiene una visión bidimensional: por un lado la libertad es deseable por sí misma, pero al mismo tiempo la libertad puede ser instrumental y permitir alcanzar el desarrollo y en la medida que aumente el desarrollo es posible seguir expandiendo las libertades de la gente.

Las libertades que Sen considera para su análisis no solamente tienen que ver con el ingreso, pese a que la libertad económica tiene gran importancia, también hay que considerar las libertades políticas, institucionales y de seguridad. Un pasaje de un texto de Amartya Sen revela que cuando él era niño en India vio como a un padre de familia que iba a trabajar a una zona conflictiva lo mataban sin estar involucrado en el conflicto. Es decir –señala Sen- que si ese padre de familia hubiese tenido la libertad para elegir otro lugar para trabajar no habría ido a ese lugar conflictivo y no lo habrían matado.

Las concepciones de desarrollo que ha entregado Sen se plasman en acceso a salud, educación, ingresos y otros aspectos tomados en cuenta por los informes desarrollo humano. El Informe del año 2006, por ejemplo, puso énfasis en el acceso al agua de las personas. Hay personas que niños que no pueden ir a la escuela pues deben ir a buscar agua potable, situación que se da en Bolivia en el ejemplo que muestra el informe; esas cosas no solo pasan en África.

Para medir el desarrollo humano se ha ideado el Índice de desarrollo humano que periódicamente publica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El índice va de 0 a 1, siendo 1 el IDH perfecto y 0 el más malo.

Chile tiene un IDH de 0,874; similar al de Eslovaquia y Polonia. República Checa tiene un IDH 0,897 y Portugal 0,9; España tiene un 0,949. Pese a que Chile aparece como el mejor país latinoamericano en el índice, superando a Argentina, Uruguay y Cuba –los más cercanos en la lista- está aún lejos de los países con los que el presidente se comparó.

Sin embargo, es posible ver una importante desigualdad en el IDH. Mientras algunas comunas de la región metropolitana tienen IDH similares a Corea del Sur, Eslovenia o Singapur: Vitacura, Providencia y Las Condes. Otras comunas de regiones tienen IDH muy bajos, como los de Pakistán, Yemen o Mauritania: Lumaco, Ollagüe, Tortel, Yumbel.

En todo este análisis es posible ver cómo el principal problema de nuestro país pasa por a desigualdad de ingreso, de infraestructura y de servicios y si bien hay zonas de nuestro país muy bien dotadas hay otras casi aisladas y eso repercute en el grado de libertad y en las oportunidades de las personas. El nivel de desarrollo no se ve por el PIB per cápita. No es ni en lo más mínimo un indicador confiable de desarrollo. En Chile la distribución del ingreso es un problema mucho más complejo que el crecimiento económico.

Referencias:

•          PNUD; Human Development indices, 2007-2008.
•          MIDEPLAN-PNUD; Desarrollo humano en las comunas de Chile, 2000.
•          World Bank; World Development indicators, 2008. 

¿Cuánto aguanta el 52%?

El 52% de los votos que obtuvo Sebastián Piñera en la elección del 17 de enero se han convertido en la justificación perene del gobierno para la promoción de iniciativas o las no-iniciativas que el Presidente ha realizado. Así, Ena Von Baer ha señalado, respecto a Chilevisión, que el presidente generará un espacio de independencia entre CHV y su persona y bajo esa promesa fue elegido por la mayoría de los chilenos. (Infinita, 13/04)

Por un lado la vocera tiene razón, Piñera hizo una serie de promesas durante la campaña y fueron esas promesas las que sedujeron a muchas personas a inclinarse por la opción de la derecha. No obstante, los electores tienden a evaluar de los programas de gobierno aquellos elementos que les son más cercanos, como por ejemplo, la delincuencia, el empleo, el emprendimiento u otros temas mucho más atingentes a la sociedad. Entre el gran abanico de temas que los electores deben evaluar a la hora de una elección presidencial, temas como los conflictos de interés o los cuestionamientos financieros que en algún momento Eduardo Frei le hizo a Sebastián Piñera se terminan perdiendo en un cúmulo de elementos más importantes desde la visión del votante promedio.

En ese contexto, la venta de CHV no representó un tema importante para las personas. Decir que la gente que votó por Piñera conocía su patrimonio y sus negocios (La nación.cl. 29/03), tampoco legitima los groseros conflictos de interés que tiene el presidente y un gran número de integrantes de su gobierno.

Surge así la interrogante ¿hasta dónde se puede usar el triunfo de Piñera como justificación? ¿Es posible decir que, frente al descontento de algunos sectores ante medida del gobierno, el 52% del país eligió a Sebastián Piñera? ¿El triunfo justifica desde un principio todas las medidas? La respuesta a estas preguntas es claramente NO. El triunfo en una elección presidencial solo le permite a un partido político (o coalición de partidos) alcanzar posiciones de poder en el Estado y así impulsar ciertas iniciativas incluidas en un programa de gobierno que, en teoría, han interpretado las demandas ciudadanas. En ningún caso se inhibe el debate público de las políticas que desea el gobierno y, menos aún, la discusión parlamentaria.

En tal sentido, las medidas que Joaquín Lavín pretende impulsar en educación, las reformas a la indemnización por años de servicio y la flexibilidad laboral son elementos que merecen un debate público y ciudadano y también generarán una serie de molestias en diversos sectores de la sociedad, probablemente habrá protestas en contra de esas iniciativas y muchas quedarán entrampadas en el congreso porque simplemente no habrá consenso político para su aprobación, sobretodo en la cámara alta.

En democracia la deliberación pública, la manifestación y la movilización ciudadana son elementos que le sirven a la sociedad civil. En Argentina las manifestaciones públicas han sido muy útiles para canalizar el descontento popular, al menos desde 2001. Usar la justificación de la mayoría aduciendo el 52% de los votos es una falacia, pues la democracia no implica un cheque en blanco al gobernante por parte de la ciudadanía, solo la posibilidad de impulsarlas desde el Estado. La elección de Piñera fue legitima, eso no lo discuto, pero su comportamiento también debe serlo y apelar a la mayoría que lo eligió cada vez que debe justificar una medida solo demuestra el poco manejo político del presidente por el cual votaron más de 3,5 millones de personas.

Foto: Gobiernodechile.cl

La gestión pública y su actuación en la resolución de los problemas ciudadanos

Sebastián Piñera ha reinstalado en el gobierno la idea de que la técnica es superior a la política y, por tanto, los partidos políticos y los representantes de las ‘élites’ políticas deben estar alejados del debate público. Para Sebastián Piñera el poder ejecutivo es, como para ningún otro mandatario, el que solamente resuelve las demandas de la sociedad y, en ese contexto, el debate y la discusión política serán inútiles.

Lamentablemente para Piñera, el sector público está cruzado transversalmente por la política, no solo porque muchas de las iniciativas del gobierno se deben convertir en mensajes para ser aprobadas o rechazadas por el congreso, así es la vida en democracia. Pero también existe la responsabilidad del poder ejecutivo para transmitir a la administración pública, esa que le da continuidad a los gobiernos, las demandas de la sociedad y la forma en cómo serán resueltas.

Los sistemas políticos funcionan como receptores de las demandas o apoyos ciudadanos y ellos, además, evacúan las soluciones. Sin embargo, en términos más concretos el funcionamiento del sistema político puede resultar un tanto más complejo, pues es necesario incluir a la administración pública. Es así como las élites políticas reciben las demandas sociales y las traducen en programas de gobierno que son sometidos al escrutinio público en las elecciones. En el mismo sentido, pueden surgir nuevas demandas que deben ser incluidas en los programas de los gobiernos, ya sea por causa de la presión de ciertos grupos, del manejo de los medios de comunicación que tienen un alto poder para influir en la agenda o, como en los últimos meses, por imprevistos de la naturaleza.

En toda esta interacción entre políticos y ciudadanía la administración pública juega un rol preponderante. Los programas de gobierno requieren de funcionarios y funcionarias que ejecuten aquellos mandatos políticos que han emanado de la autoridad y que, en la medida de lo posible, terminen agregando valor a la actividad del gobierno. En este sentido, argumentar que los políticos son innecesarios a la cabeza de los ministerios resulta falaz, toda vez que el ministro debe dar las directrices para la actuación en ciertos ámbitos pero no son ellos los que directamente ejecutan las tareas. Más todavía, según la legislación chilena, los ministros son los colaboradores directos del presidente en la administración del Estado y deberán conducir el ministerio en conformidad con las políticas que el Presidente señale (Art. 20, L.18575). En definitiva, los Ministros relacionan al Presidente de la República con el sector correspondiente y les transmiten los planes y programas que para ese sector tiene la autoridad electa.

La actuación de la administración pública debe ir en concordancia con lo dispuesto por las autoridades elegidas, toda vez que se usan recursos públicos para el cumplimiento de sus funciones, por lo tanto, los directivos públicos tienen poco espacio para la innovación en sus reparticiones, se deben atener al mandato político. Mark Moore señala que para los directivos públicos el mandato político debe ser un punto de partida desde el cual elaborar los planes institucionales.

En definitiva, la administración pública, en un contexto tradicional, parece un simple ejecutor de lo que dice la autoridad política, sin embargo, en el mundo actual, donde los tiempos de la política pueden ser más lentos que los tiempos de la sociedad y las demandas van cambiando rápidamente, la administración pública debe tener el suficiente espacio para maniobrar y generar soluciones que agreguen valor a los planteamientos políticos.

En conclusión, una administración pública capaz de responder a las demandas ciudadanas, flexible y técnica hace completamente innecesario tener ministros ‘técnicos’ pues no se deben confundir los campos de acción. La política tiene su área y su propia dinámica de funcionamiento, pero quienes conocen el funcionamiento del Estado y de las organizaciones que lo forman son los funcionarios. Pastelero a tus pasteles. El ministro conduce, no determina. La administración pública no solo ejecuta, también puede agregar valor.

La infraestructura hospitalaria y su comportamiento en emergencias

El terremoto del pasado 27 de febrero dejó a la luz varias falencias en cuanto a infraestructura pública. No obstante, más que llorar sobre la leche derrama es necesario tener una visión crítica de lo que sucedió y, al mismo tiempo, tomarlo como una oportunidad para no repetir los mismos errores, de moda tal que para próximos eventos catastróficos exista una mayor preparación por parte de las instituciones que no deberían presentar daños estructurales importantes que ameritaran la evacuación de los recintos y, muchos menos, colapsar. Es decir, la construcción debería hacerse teniendo en cuenta terremotos sobre 8,5º y utilizando la última tecnología sismorresistente disponible, como amortiguadores sísmicos y disipadores.

Particularmente me refiero a la infraestructura hospitalaria y de atención primaria. En una emergencia la red asistencial pública debería verse lo menos alterada posible pues debe dar respuesta a demandas derivadas de la emergencia misma, ya sea por personas lesionadas o por derivación de pacientes desde otros centros que se podría haber visto afectados. Además, hay que tomar en cuenta que pese a la emergencia, que recarga la red, se siguen produciendo situaciones normales, como partos y otras patologías que no están directamente ligadas con la emergencia.

El diagnóstico que ha hecho el gobierno es bastante lamentable. Un 70% de la infraestructura hospitalaria está dentro de la zona afectada por el terremoto, esto es, 130 centros hospitalarios. De ellos, 51 están operando normalmente, 54 requieren reparaciones menores, 8 necesitan reparaciones estructurales, mientras que 17 están completamente inhabilitados, entre ellos, los tristemente conocidos Féliz Bulnes y Regional de Talca. El monto en el que habría que incurrir para estas reparaciones asciende a 2.773 millones de dólares. (El Mercurio, 24 de marzo, B2).

Ahora bien, a la hora de la reconstrucción se deberían usar las tecnologías y planificaciones necesarias para mitigar la vulnerabilidad de la red asistencial. En las zonas costeras los hospitales y centro de salud primarios deberían necesariamente estar construidos a una determinada altura, para evitar el riegos a la hora de producirse un tsunami y, al mismo tiempo, se debería usar toda la tecnología sismorresistente, tal como lo hizo en su construcción el nuevo hospital militar de Santiago, en el que el terremoto se sintió por los pacientes como un "temblor fuerte" gracias a los amortiguadores sísmicos sobre los que se sostiene la estructura. Estos dispositivos amortiguan gran parte de la energía del temblor, evitan que la estructura oponga resistencia al movimiento y, por tanto, reducen los daños y el movimiento del edificio, con lo cual también se reduce el trauma para sus ocupantes.

A la hora de los costos, la idea de prevenir y de mantener una red asistencial operativa aún en situaciones de emergencia debería primar, obviamente con ciertos niveles de contención, pero siempre viendo por la seguridad de las personas. Al mismo tiempo, hay que considerar que varios hospitales eran muy viejos, como el de Parral, Talca o el Félix Bulnes de Santiago, podríamos considerar hasta esperable que hayan presentado problemas dada la violencia del sismo. Sin embargo, hay estructuras nuevas al interior de estos recintos -como algunas reparticiones del Félix Bulnes- o derechamente hospitales que no tienen más de 10 años de construcción, como el Curanilahue, el de Curepto o el hospital de San José de Santiago, que presentó problemas en la sección de urgencias y fue inaugurado en 1999. Ese tipo de fallas no debería haberse producido y es de esperar que en el proceso de reconstrucción se utilicen estándares más altos en la edificación de hospitales, consultorios y, en general, de edificios públicos a través de los cuales se debe hacer frente a situaciones de emergencia.

Si hacemos las cosas como se han venido haciendo hasta ahora... es porque no hemos aprendido nada de la catástrofe y la vida de las personas fallecidas y el sufrimiento de los miles de heridos y millones de damnificados sería en vano.

Los administradores privados instalados en la administración pública

Uno de los sellos de la administración de Sebastián Piñera que posiblemente será recordado es la gran desembarco de personalidades desde el sector privado a los ministerios, subsecretarias, jefaturas de servicio, intendencias y gobernaciones. Casi un gobierno gerencial. Muchos de ellos han desarrollado su vida lejos del sector público y la actividad política y hoy llegan a hacerse cargo de importantes reparticiones del Estado.

Una muestra de esta situación y de uno de los riesgos más evidentes que puede acarrear es la posición del intendente de la región del Maule, Rodrigo Galilea, quien participa de la propiedad de la constructora Galilea S.A, empresa que además construyó una población en Talca que hoy tiene serios daños producto del terremoto y tiene otros proyectos en Talca y Curicó (El mostrador, 12 marzo). Es decir, estamos frente a un flagrante conflicto de interés de, nada más que, la primera autoridad de la región del Maule. De caso como este hay varios en el gobierno, algunos están al filo de la legalidad y, a mi juicio, sobrepasan la línea de la ética necesaria para un funcionario del Estado, caso por ejemplo de Gabriel Ruiz-Tagle, subsecretario de deportes y accionista de Colo Colo. La legalidad no siempre refleja un comportamiento ético.

No obstante, este desembarco de administradores privados en la administración pública puede traer también otros riesgos, menos evidentes, pero casi tan peligrosos para el funcionamiento normal del Estado. Me refiero al profundo quiebre que se produce entre directivos y autoridades que desde el mundo privado y con nula o muy poca experiencia y funcionarios con varios años en los servicios públicos. La fractura conocida entre la administración pública y el mundo político, es decir, esa que queda y permite el funcionamiento continuo del Leviatán y esa que pasa y va poniendo los énfasis en lo que la administración debe hacer.

La administración pública tiene una manejo diferente a la administración privada, por lo menos en términos jurídicos y presupuestarios. En los primeros, el derecho público es mucho más taxativo que el derecho privado, se detallan procedimientos de todo tipo para llevar a cabo la acción pública, regulaciones que van desde la forma como comprar bienes hasta cosas mucho más complejas. En pocas palabras, solo se puede hacer aquello que está expresamente autorizado en la ley.

Cuando hablamos de presupuesto también se presentan notorias diferencias. La ley de presupuesto del sector público es el instrumento que autoriza la ejecución de gastos de todas las reparticiones del gobierno, salvo empresas públicas, universidades estatales y otros organismos autónomos del Estado. Es el principal documento en el que los gobiernos de turno pueden fijar sus prioridades y metas, así, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet era la ley de presupuestos la que reflejó el énfasis social de su mandato, destinando importantes recursos de la expansión fiscal a programas sociales. Al menos durante el primer año de gobierno, Sebastián Piñera tendrá una ley de presupuestos elaborada en el gobierno anterior teniendo un monto de libre disposición de 450 millones de dólares, poco más del 10% del total del presupuesto. Tomando en cuenta además que el espacio de maniobra que se tiene es reducido, producto de los gastos inerciales que arrastra la ley, el resultado es un manejo presupuestario y financiero mucho más lento en el sector público que en las empresas privadas.

Además de lo anterior hay ciertos aspectos teóricos que se deben tener presentes a la hora de arrivar a la administración pública. El aparato estatal está conformado por funcionarios que en muchos casos cumplen un rol eminentemente técnico y que han llegado al servicio público no por razones políticas, sin embargo, guardan dentro de sí determinados ideales de país para los cuales trabajan y la hora de llegar una coalición diferente al poder se enfrentan a un dilema ético importante. Cristian Pliscoff (INAP, 2010) señala que son estos funcionarios los que podrían tener ciertas trabas en llevar a la práctica políticas públicas que van en contra de su pensamiento, pero al mismo tiempo tienen la necesidad de seguir trabajando y darle continuidad a la administración pública, que no pertenece a ninguna coalición política.

Es en este punto donde vale mencionar las posibles fallas con las que los nuevos directivos, poco cercanos al sector público, se puede encontrar. Lentitud en los procedimientos que se realizan en función de seguir el marco legal puede generar conflictos o descoordinaciones en los nuevos directivos acostumbrados a trabajar bajo leyes más flexibles y rápidas; las trabas presupuestarias puede hacer que las prioridades del nuevo gobierno no puedan ser rápidamente ingresadas a la agenda del sector público y eso podría generar que las expectativas que muchos sectores tienen con respecto al gobierno caigan o sea vean muy deterioradas.

No obstante, no hay que desconocer la capacidad de los nuevos directivos públicos para aprender el manejo político y técnico de muchas reparticiones dentro de la administración pública, la existencia de asesores y la capacidad que las nuevas autoridades puedan tener para el cambio, pues meses de preparación en los grupos tantauco no son equivalentes a años de experiencias dentro de los servicios públicos. De parte de los mismos funcionarios es esperable un comportamiento ético para con los nuevos directivos, aun cuando las ideas de algunos puedan ser disonantes, los funcionarios tiene el rol de hacer funcionar el Estado y darle continuidad a las tareas del sector público. Las prioridades, entonces, van más allá de cumplir con determinada coalición política, el foco debe estar puesto en dignificar la función pública y permitir el funcionamiento del Estado y la generación de respuestas a la ciudadanía, las cuales no cambian con un cambio de gobierno.

Mucho tienen que aprender los administradores privados que se han instalado en la administración pública y, por el bien de Chile, sería bueno que lo hicieran rápido porque hasta ahora, al menos desde mi punto de vista, el gobierno a dado señales un tanto erráticas, de descoordinación y desconocimiento, eso es perjudicial para el gobierno, no creo que sea necesario recordar que Chile es gobernado por un equipo de personas y no solo por el presidente Piñera.

La construcción de un país desde la Universidad de Chile

La Universidad de Chile es el lugar donde por excelencia han nacido durante nuestra historia los ideales de país que queremos construir. Es desde nuestra Universidad desde donde se ha pensado Chile y nunca hemos estado ajenos de los grandes temas que le preocupan a nuestra ciudadanía y hoy, cuando hemos empezado a vivir el año de nuestro bicentenario y nuevos desafíos se vislumbran en el horizonte de nuestro futuro, la Universidad de Chile no puede estar ausente y el Instituto de Asuntos Públicos es la unidad académica llamada a hacerse parte de la construcción de las políticas públicas que requiere el país para los próximos años.

El Concejo de Instituto es la instancia colegiada que tenemos para discutir la posición del INAP dentro de este contexto nacional. En mi cargo, como representante de los estudiantes en el Concejo, debo hacer oír los que los estudiantes queremos para que podamos construir de manera colectiva las instancias y las grandes líneas de acción en las cuales nuestro instituto deberá ser protagonista en la generación de conocimiento.

El llamado es a hacerse parte de las discusiones que irán construyendo el Chile del futuro, nuestro desafío lo pone por delante la historia de nuestra Universidad y la trayectoria de nuestra carrera, como administradores públicos y futuros funcionarios del Estado. Debemos ser partícipes del debate nacional y de los temas públicos que están en la agenda. Solo así, sin restarse, podremos desde el Concejo INAP y desde nuestras propias instancias ir aportando como estudiantes a la construcción dinámica de una unidad académica presente en los grandes temas del país, que trasciendan a la coyuntura y permita la construcción de una nación desarrollada pero también impregnada de justicia social y equidad. Es nuestro llamado, somos herederos de un ideal republicano y de la construcción de un país mejor para todos.