El año 2001, luego de una de las más graves crisis políticas y sociales de su historia, el presidente interino de Argentina, Eduardo Duhalde, declaró el default o cese de pagos de la deuda pública del país, al mismo tiempo que se iniciaban una serie de reformas para detener el descalabro económico en el que había caído Argentina luego una década dorada iniciada en el 90 con el plan de convertibilidad de Cavallo y Menem.
La crisis de 2001 dejó varias herencias para los argentinos: el desconfiar de la volatilidad y los caminos fáciles, serios problemas sociales con un aumento de la pobreza a raíz de la recesión iniciada el 98 y la imposibilidad de participar en los mercados de capitales externos para obtener financiamiento.
En cierta medida, Argentina se recuperó. Inició un proceso de crecimiento económico estable a partir del año 2002 y además hoy vive una etapa estabilización paulatina de la democracia que, sin embargo, no ha estado ausente de cuestionamientos a la probidad a los gobernantes. Sin embargo, no se ven en torno a la democracia argentina riesgos que la puedan amenazar en los próximos años. No obstante, se mantienen aún lastres del daño que sufrió la sociedad argentina durante su propia crisis financiera, la cual sobrepasó ampliamente los límites de la economía.
Es así como, en un proceso no exento de problemas institucionales –el presidente del BCRA fue removido de su cargo a través de una institución menemista: el DNU- el gobierno de la Nación Argentina inició un proceso de canje de los últimos retazos de deuda no acogida al canje de 2005. Este esfuerzo por parte del gobierno puede ser interpretado como una forma de reconstruir la confianza del mercado en Argentina y, en definitiva, limpiar su imagen y tener acceso a financiamiento público a través de deuda emitida en los mercados internacionales.
Sin embargo, no existe consenso respecto a los beneficios que en el corto plazo podría traer este canje para la imagen del gobierno de Cristina Fernández, más aún, cuando se mantienen comportamientos económicos y políticos que abren flancos de cuestionamiento importantes. Ahí aparecen las controversias en torno al INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) que hace la oposición (La Nación, 09/04) lo que pone un peso importante sobre la credibilidad de las acciones del gobierno que se fundan en estadísticas de esta organización.
Otro punto relevante es el crecimiento del gasto público, el cual el año 2009 alcanzó un 45% del PIB (La Nación, 16/03). El problema es cuando el gasto se torna inmanejable y no es sostenible fruto de ingresos fiscales menores lo que acarrea un endeudamiento creciente y problemas de inflación y, lo que podría resultar más políticamente relevante, que no se vean avances significativos por parte de la opinión pública en el desarrollo del país pese a que casi la mitad del PIB corresponde a gasto público. Eso resta legitimidad a las acciones del gobierno, levanta las sospechas de corrupción en un Estado cruzado por faltas a la probidad y trae a la memoria de la sociedad argentina los recuerdos de crisis económicas provocadas por el mismo creciente gasto fiscal.
En este escenario, parece complejo que el canje de la deuda y las negociaciones que Armando Boduo llevará a cabo con el club de Paris sean capaces de darle a Argentina una imagen de seguridad institucional y confianza jurídica, que en términos económicos se traduciría en menores tasas de interés para el financiamiento y al retorno de inversión extranjera. La tarea va mucho más allá de canjear la deuda en default, pues la confianza de los mercados y de las instituciones internacionales no fueron melladas por el ceses de pagos en si mismo, sino por los peligrosos comportamientos económicos y políticos que aumentan el riesgo y llevaron al colapso del sistema. Con todo, puede que resulte muy difícil para el gobierno contener el gasto y mejorar la institucionalidad en tan poco tiempo. Probablemente los Kirchner queden fuera del gobierno en 2011 y, es casi seguro, serán más recordados por los errores cometidos que por haber sacado a Argentina de la cesación de pagos.
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