La creación de valor público que trasciende a la eficiencia financiera

El valor público es un concepto propio del sector público, muy complicado de definir de forma categórica. Mark Moore en su libro “Gestión estratégica y creación de valor en el sector público” no entrega una definición taxativa del término, no obstante, señala que el valor público es aquello que la sociedad considera valioso y, por tal razón, qué es valor público debe ser definido en función de la sociedad de la que hablemos.

En las sociedades democráticas, siguiendo a Moore, las élites políticas son los entes a cargo de interpretar aquello que la sociedad considera valioso y traducirlo en programas de gobierno que son legitimados periódicamente a través de elecciones.

El valor público es algo distinto al valor privado, aunque no necesariamente es algo opuesto. En el sector privado la creación de valor está definida por la utilidad que recibe el dueño de la empresa o los accionistas. En el sector público esto no es posible, la “utilidad” que reciban los “accionistas” del Estado –los contribuyentes- no se define en términos cuantitativos, sino más bien a través de percepciones sociales subjetivas relacionadas con lo que es considerado valioso.

Las sociedades, sin embargo, no son estáticas y aceleradamente modifican sus preferencias y valoraciones y por eso las acciones de un gobierno no se pueden justificar siempre por la legitimidad de origen que éstos tengan. En otras palabras, que el gobierno haya sido elegido con la mayoría de los votos no implica necesariamente que las acciones que éste lleva a cabo sigan siendo legítimas en el curso del gobierno, pues las valoraciones de las personas se modifican y es tarea del gobierno actuar de manera dinámica para mantener su legitimidad y, en términos más políticos, mantenerse en el poder.

Es así como cuando se habla en términos económicos, el sector público debe valorar las necesidades de la población, el acceso a financiamiento para satisfacer esas necesidades y la sostenibilidad de las tareas que se están llevando a cabo. Los gobiernos, a diferencia de las empresas, no están obligados a obtener utilidades y, más aún, eventualmente se puede mantener un déficit sostenible en el tiempo que se financie con emisión de deuda y una razón deuda/PIB razonables.

En el contexto anterior, el año 2009 Chile tuvo un déficit fiscal de alrededor del 4% del PIB, sin embargo, las necesidades del país eran diferentes. No se podían reducir “costos” o mejor dicho “gastos” pues las necesidades del país eran otras y se debía llevar a cabo una política contracíclica para amortiguar la caída de la actividad privada (inversión y consumo). Ese mismo déficit no aumentó el endeudamiento del país, pues se financió con recursos propios acumulados en el FEES.

En el contexto actual de Chile, buscar equilibrios fiscales puede ser contraproducente. La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto demandará importantes gastos y lo valiosos, en ese escenario, es la reconstrucción y no necesariamente los equilibrios fiscales.

Ahora bien, cuando se producen desequilibrios fiscales, estos deben sostenibles en el tiempo, es decir, cuando se financian los déficits con emisión de deuda, la razón deuda/PIB se debe mantener controlada, para evitar situaciones como las de Grecia o España.

En suma, en la administración del Estado la eficiencia se debe definir como el logro de los objetivos con el mejor uso de recursos y ahí es necesario ir un paso más atrás y definir cuál sería el objetivo del sector público, y al menos en un marco general, éste objetivo sería la generación de valor público.

En lado opuesto se encuentran los momentos de superávit fiscal. Chile durante varios años generó importantes superávits fiscales, fundamentalmente gracias a la operación de la ley de responsabilidad fiscal que obliga a utilizar de forma moderada los ingresos provenientes del mayor precio del cobre y esa situación se debió a la regularización y control de la deuda pública del país, la que actualmente está bajo el 5%. Chile, gracias a esos superávits es hoy un acreedor neto, es decir, consolidando los ahorros actuales del país y la deuda pública, es posible pagar toda la deuda y aún mantener recursos.

En Grecia, España y Portugal la tarea actualmente se centra en reducir los déficits y controlarlos, más que en generar superávits, reduciendo así la emisión de deuda. El Estado es, en definitiva, una organización mucho más compleja que una empresa y, en esa línea, no se puede esperar ni exigir al Estado comportamientos similares al de las empresas. La creación del valor público va más allá de la eficiencia financiera, se debe enfocar en la satisfacción –responsable- de necesidades públicas.Abogar por un equilibrio fiscal e incluso un superávit en ciertos momentos de la historia puede atentar contra el bienestar de las personas y de la satisfacción de las necesidades de la gente.

En la imagen: Felipe Morandé, actual ministro de transportes que justifica las alzas de transantiago en eficiencia financiera del sistema sin tomar en cuenta la creación de valor de éste.