Chile es un país minero, gran parte de la actividad económica está ligada a la minería o coligada con ésta, pero con el accidente en la mina de San José vuelve a quedar de manifiesto, como sucede a veces con la construcción o la industria, que las condiciones de seguridad de los trabajadores en muchas faenas son precarias y que la fiscalización del Estado es poco eficaz.
Surge la duda de quién es el responsable del accidente, pero también es necesario preguntarse quién es el responsable de los trabajadores. En Chile la subcontratación es un hecho y en la minería se ha extendido, de acuerdo a la última encuesta laboral de la dirección del trabajo cerca de un 44% de las empresas mineras usa el régimen de subcontratación y ciertamente la minera San Esteban está entre ellas ¿Quién es el empleador de los 33 mineros atrapados? 24 mineros tienen un lazo directo con la minera San Esteban, los 9 restante son subcontratistas, aun cuando estaban desarrollando labores en la actividad principal de la empresa, aspecto que ha sido cuestionado pero que la ley de subcontratación no aclara.
La capacidad de fiscalización del Estado también es un tema sensible. El presidente Piñera ha removido de sus funciones a tres funcionarios del SERNAGEOMIN, incluido el director nacional del Servicio, pero hay un tema estructural que va más allá de la responsabilidad administrativa o política del servicio y que tiene que ver con los recursos que se tiene para hacer cumplir una legislación que pone estándares altos pero que no es eficaz por los deficientes mecanismos para hacer cumplir la ley que existen. Sin ir más lejos, la legislación dispone que las minas subterráneas deben tener dos vías de acceso, San José solo tiene una y aun así fue reabierta en 2008 con el permiso del SERNAGEOMIN.
El SERNAGEOMIN tiene 16 fiscalizadores para más de 3 mil faenas mineras en Chile y el foco no se pone necesariamente en las minas pequeñas y medianas, más precarizadas en cuanto a la seguridad que las gran minería, con mayores estándares que tienen que ver incluso con temas de competitividad pues las pérdidas que producen altos índices de accidentabilidad puede ser altas.
Sin embargo, más allá de la responsabilidad que le cae al Estado, hay que tener en cuenta que el trabajo no es una mercancía y debiese existir por parte de los empleadores la conciencia suficiente respecto de las condiciones de seguridad de las faenas y la forma de contratación de los trabajadores, que viene a determinar varias condiciones de protección contenidas en el código del trabajo. Víctor Tobar, ex superintendente de seguridad de la mina ha señalado que para la administración de San Esteban los trabajadores “son prescindibles, pernos y engranajes que van a permitir sacar adelante un objetivo, pero no se considera la seguridad como un derecho humano (…) y se acortaban pernos y vulneraban fortificaciones de las galerías con tal de reducir los costos (…) había una pobreza franciscana en cuanto a recursos, camionetas, equipos de ventilación y apoyo[1]”
La minería está dentro de los sectores con menores tasas de accidentabilidad, 2,6% en el año 2008, por debajo de la tasa nacional de 5,9%, sin embargo, el mismo dato de la superintendencia de seguridad social indica que las empresas pequeñas y medianas el año 2008 tuvieron tasas de accidentabilidad de 3 y 2 puntos mayores (8,3% y 7,1% respectivamente) por sobre el promedio nacional[2], por lo tanto, so riesgo de extender el argumento de una forma muy simplista, las pequeña y mediana minería podría tener tasas de accidentabilidad mayores.
Finalmente, entra la contraposición que existe entre las condiciones de seguridad y la empleabilidad de los trabajadores. Con las declaraciones del gobierno respecto de subir los estándares de seguridad para la pequeña y mediana minería podrían subir los costos de los pequeños yacimientos y sus dueños no estarían dispuestos a aquello, con lo que cerrarían las minas y dejarían una importante cesantía, sobretodo en Atacama y Antofagasta, pero ¿cuál es el límite entre el lucro y las ganancias y el trabajo decente y seguro? ¿dónde queda la ética de los empresarios dispuestos a poner en riesgo la vida de sus trabajadores con tal de ganar un poco más? ¿Hasta qué punto los empleos y, peor aún, los trabajadores en Chile son desechables?
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