Durante los últimos 20 años Chile ha avanzado de manera importante en la consolidación de las instituciones democráticas que surgieron a raíz de los acuerdos políticos que se dieron, en un primer momento, con la junta militar en el ocaso de la dictadura de Pinochet y luego con la derecha en la arena del congreso. Las formas más autoritarias heredadas de la Constitución de 1980 fueron desterradas en la última gran reforma a la carta fundamental el año 2005, sin embargo, resulta insuficiente.
Primero que todo, hay que mencionar legítimas aprensiones que se puedan tener frente al origen de la Constitución de 1980, lo que ya de por sí le resta un carácter democrático al no haber nacido a través de una asamblea constituyente que agrupara a las diferentes fuerzas e intereses sociales para la creación de un pacto político y social que se viera plasmado en una Constitución representativa. Por tanto, debo partir planteando la necesidad de crear una nueva constitución, redactada en democracia y con la participación de la sociedad toda. No obstante, es necesario antes generar ciertos mecanismos de participación y de articulación de la sociedad civil para dar garantías que la redacción de una nueva constitución no sea cooptada por grupos de interés que si estén organizados pero que no sean representativos de la sociedad chilena.
Ahora bien, es necesario también mencionar ciertos temas normativos que, independientemente se cambie la Constitución, deberían entrar en un debate respecto de reformas políticas necesarias para Chile en función de perfeccionar la calidad de nuestra democracia.
Algo esencial sería definir el rol de los intendentes en las regiones. Actualmente la ley los define como representantes del presidente la República en la región, lo cual refleja el carácter vertical del poder en Chile, desde las cúpulas y las élites, hasta las personas, manteniendo la idea de gobierno fuertes y más bien centralizados, que dieron origen al Estado chileno. El Intendente se debería convertir en representante de la región frente al poder central y jefe del gobierno regional, así, Las Secretarías Regionales Ministeriales se convierten en representantes del gobierno central en las regiones, participan del gobierno regional a modo de ministerios, procuran la coordinación de políticas centrales y regionales, pero bajo el alero de la autoridad política de la región: El intendente, elegido a través de la votación universal de los ciudadanos de la región, al igual que el CORE que puede actuar a modo de congreso regional.
En segundo lugar, es necesario modificar el sistema electoral de diputados y senadores, ampliando la proporcionalidad del sistema. Así, se debería aumentar la cantidad de diputados por distrito, algunas propuestas indican que los distritos más pequeños podrían mantener dos diputados y los más grandes elegir seis u ocho representantes (Ver: Fontaine (2009) Reforma al Sistema Electoral Chileno) para evitar eventuales fragmentaciones excesivas del sistema de partidos en un contexto altamente proporcional y así mantener la gobernabilidad del sistema político.
En el caso de los senadores, personalmente soy partidario de disolver la cámara alta, pues su utilidad es bastante baja en un país que no es ni federal ni tiene una monarquía constitucional, donde según la literatura sí se justifica la existencia de dos cámaras. En Chile se mantiene por el arrastre histórico de una institución copiada del presidencialismo norteamericano, pero como ya he mencionado, en Los Estados Unidos sí se justifica.
En tercer lugar y donde creo viene uno de los aspectos centrales de las reformas necesarias, avanzar hacia el debilitamiento del régimen presidencialista es necesario para reducir la centralización del poder en la figura presidencial. Ciertamente, instaurar un sistema parlamentario de un día para otro puede resultar contraproducente, en la medida que nuestra democracia no tiene la evolución político-histórica de las repúblicas parlamentarios europeas. Así, se podría avanzar hacia un sistema semipresidencial como el francés, en el que la figura de jefe de Estado y jefe de Gobierno se encuentran en personas diferentes que también tienen competencias distintas. El jefe de Estado: el presidente del República, y el jefe de gobierno: El Primer ministro, elegido desde el parlamento.
Es un hecho que se deberían discutir las competencias de cada una de las figuras; los periodos de elecciones parlamentarias y presidenciales y la forma de regular la cohabitación cuando presidente y primer ministro son de partidos diferentes, de modo que se asegure la gobernabilidad en esos momentos o se busquen salidas políticas a los eventuales conflictos que se pueden presentar.
Finalmente, se debe tener en cuenta que se deben aplicar reformas de manera integral y el cambio al binominal es una condición sine qua non para que un nuevo sistema funcione adecuadamente, ya que actúa como camisa de fuerza al sistema de partidos, obligándolos a conformarse en un bicoalisionismo que se rige más por asuntos pragmáticos y de sobrevivencia electoral, que un sistema multipartidista moderado con posiciones programáticas e ideológicas más marcadas entre los actores políticos. El punto central es profundizar la democracia y no consolidar una democracia representativa que, a la larga, puede resultar muy deficiente.
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