sábado, 25 de septiembre de 2010

Crecimiento del 5,5% del gasto público ¿Será suficiente?

El presupuesto del sector público es, probablemente, junto con el programa de gobierno, las dos herramientas más potentes que van dirigiendo la acción de los gobiernos en nuestro país, incluyendo también los temas que gracias a la contingencia se van metiendo en la agenda y sacan a otros socialmente menos prioritarios y sensibles. Así es como está próxima a iniciarse la discusión parlamentaria del presupuesto, que necesariamente debe ser políticamente consensuada en el marco de la discusión en el congreso.

En torno al presupuesto es posible que se den dos discusiones de importancia. La primera es la más tradicional: ¿cuánto crecerá el gasto público? Según el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el gasto crecerá de forma moderada, probablemente no más allá del crecimiento de la economía para el año 2011, eso es, en torno a un 5% o 6% (La Tercera, 25/09). Al mismo tiempo, de acuerdo a lo que se ha señalado desde el ejecutivo, todos los ministerios verán recortados en un 15% sus gastos operacionales, eso es, subtítulo 21, 22 y 29 de la ley de presupuesto (Personal, Bienes y servicios de consumo y adquisición de activos no financieros) Pese a que el gobierno ha dicho que no habrá reducciones de personal.

Los tres subtítulos señalados en el párrafo anterior representan un 23,19% en el presupuesto total, aunque casi la totalidad de ese 23% es gasto en personal, así las cosas, se deberían reducir los subtítulos 22 y 29, que representan el 7% del presupuesto total del 2010. Una reducción del 15% en los bienes y servicios de consumo y en la adquisición de activos no financiero libera un 1% del presupuesto.

La otra parte de la discusión viene dada por los programas que se probablemente serán cancelados. Este punto no solo es políticamente sensible, sino que también puede tener implicancias sociales importantes, bajo el supuesto que sean programas sociales los que se corten. El ministro Larraín ha dicho que se cortarán aquellos programas que no han sido bien evaluados. Dado que en Chile la evaluación exhaustiva de programas no es un elemento completamente instalado en el gobierno, solo se evalúan algunos programas, generalmente aquellos que tienen cierta sensibilidad política.

Sin embargo existen ciertos atisbos que pueden indicar cuáles programas pueden ser recortados. Los programas de empleo de emergencia, que se ha convertido en algo permanente desde hace diez años, muy probablemente se verán reducidos de manera importante debido al crecimiento económico que redunda en creación de empleos que para las cifras ayudan, aunque sean empleos precarios, sin perjuicio a que en algunas regiones debido a condiciones especiales de desempleo se mantengan los programas por la ley de responsabilidad fiscal. De esas reducciones muy probablemente se pueden generar reasignaciones para financiar los programas de capacitación que se pretenden potenciar el próximo año.

Ese es otro punto sensible. Hay una serie de programas de capacitación que no tienen el impacto requerido, pues los montos para financiar los cursos son escasos o bien van a parar a personas que en realidad no requieren de capacitación de forma prioritaria, pues se desempeñan en grandes empresas, siendo las pequeñas empresas las que más requieren de esa ayuda para la productividad. En el marco de las propuestas hechas por el consejo para la equidad convocado el año 2007 por el gobierno de la Presidenta Bachelet, el Sence está trabajando en la implementación de un programa piloto de bono de capacitación individual que complemente a la franquicia tributaria.

Es suma, es posible pensar que el gobierno tendrá un holgura presupuestaria que podría rondar el 7% a 8% del presupuesto, pero solo un 5% o 6% provendrán de aumento del gasto y el resto serán reasignaciones por programas cortados, terminados o reducciones de gasto en ítems prescindibles.

La pregunta que surge en torno a las señales que el gobierno ha dado respecto del presupuesto es ¿Será suficiente? Es cierto que el país ha salido de la recesión y se está generando un importante dinamismo de la economía, pero la reconstrucción es un proceso largo y la actuación del Estado no se puede limitar al primera año, tomando en consideración además que existen recursos adicionales transitorios que permiten aumentar el presupuesto sin interferir en los equilibrios fiscales, pues la necesidad del país motiva mayores gastos, aunque ciertamente menores a los del año 2010.

Asimismo, el gobierno tiene una serie de prioridades programáticas contenidas en su programa de gobierno que deben aplicarse con propiedad a partir de este ejercicio presupuestario formulado completamente por la administración Piñera. La restricción presupuestaria que se autoimpone el gobierno, por lo tanto, puede que sea mayor a la adecuada en el contexto actual que tiene el país y cabe la posibilidad que con la actual estructura de financiamiento simplemente no alcance para todos los temas que el gobierno desea abordar.

Finalmente es necesario apuntar a la responsabilidad fiscal consagrada en la ley 20.128 que contempla equilibrios estructurales de las finanzas públicas y que dadas las contingencias, el Fisco se ha visto obligado a caer en defictis estructurales. En realidad los déficits actuales del gobierno en Chile son bajos en el contexto de los países OCDE y las reservas internacionales permiten al país financiarlos sin necesidad de emitir deuda, con lo cual, al menos en el corto plazo, puede ser necesario mantener una política fiscal con un 1% o 2% de déficit en la meta de balance estructural del sector público.

En definitiva, es necesario equilibrar varios elementos en próximo ejercicio presupuestario: Disciplina fiscal, programa de gobierno, necesidades del país, impulso al crecimiento y a la productividad, generación de empleo y mejora de las políticas sociales. Una tarea compleja en la que la pregunta ¿Será suficiente un 6%? Cobra una fuerza particular.

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