El debate sobre la extensión del postnatal a seis meses, que ha quedado un tanto oculto tras otros temas que han ocupado la agenda pública, ha reabierto la discusión en torno a los mayores costos que significaría para las empresas un aumentos del reposo post parto para las mujeres trabajadoras y, por tanto, el impacto que puede tener una medida de este tipo en las remuneraciones y en la posibilidad de encontrar trabajo para las mujeres que se incorporan al mercado laboral, tema que redundaría en la ya baja tasa de participación femenina en el empleo.
Lo primero que se debe tener en cuenta es que la discusión sobre los beneficios de protección a la maternidad, en general, se encuentra incompleta mientras no se incluyan las mujeres sin contrato o que trabajan por cuenta propia y que representan una sección importante de la fuerza laboral femenina. De acuerdo a la última encuesta de empleo del INE, las trabajadoras por cuenta propia equivalen al 19,02% de la fuerza laboral femenina ocupada, aproximadamente 550 mil mujeres, que no tienen ningún tipo de protección previsional y por tanto quedan fuera de cualquier beneficio de protección a la maternidad. Por otro lado, y según los datos de la ENCLA 2008, entre las mujeres asalariadas un 22,1% tienen contratos a plazo fijo o por obra o faena. Es decir, aproximadamente un 40% de las trabajadoras se encuentra bajo modalidades que, actualmente, no alcanzan a cubrir todos los beneficios de protección a la maternidad contemplados en la legislación chilena. Ahora bien, se debe tener en cuenta que una reforma a este beneficio con las condiciones actuales de la fuerza laboral femenina traería consigo una importante regresividad, pues en los quintiles más bajos se hallan, precisamente, las mujeres menos protegidas y con empleos más precarios que no tienen acceso a la protección de la maternidad.
La respuesta del gobierno frente a la situación de informalidad o de alta inestabilidad en que se encuentran muchas mujeres ha sido extender los beneficios de protección de la maternidad a mujeres con contratos atípicos, aunque aún sin una definición clara respecto del alcance de esta ampliación y sus formas de financiamiento. Aspecto que será más detallado cuando el ejecutivo envíe el proyecto de ley al congreso.
Los argumentos tradicionales para señalar que extender el post natal o, en general, los beneficios de protección a la pater-maternidad contemplados actualmente en el código del trabajo, radica en que aumentaría el costo de contratación –directo como indirecto- y por tanto se convertiría en una fuente de discriminación a la hora de contratar a las mujeres perjudicando así la tasa de participación laboral femenina. Así lo señalan los gremios empresariales del país, en contraposición a posturas del gobierno que optan por mantener la propuesta de la campaña presidencial de llegar a un descanso postnatal de seis meses.
En razón de lo anterior, es necesario clarificar las fuentes de financiamiento que tendrán los beneficios y aclarar algunos mitos en torno a los costos indirectos que representan los beneficios de protección a la maternidad contemplados en el código del trabajo. Los más próximos, los descansos de pre y postnatal son actualmente financiados a través de un subsidio del Estado que no recaen en el empleador y, en términos teóricos, podrían ser considerados el costo que la sociedad debe asumir por mantener la población, asumiendo además el hecho que esa responsabilidad recae solamente en las mujeres. Así, parece justo pensar que cualquier extensión al beneficio de post natal debería seguir siendo financiada a través de impuestos generales y no poner la carga sobre el empleador –lo cual sí podría afectar la contratación de las mujeres- y menos aún, pensar en poner la carga del beneficio en las remuneraciones de las trabajadoras, rebajando así sus ingresos en un contexto en el que ellas ya ganan menos que los hombres incluso en trabajos similares.
Así las cosas, habría otros costos relacionados con la productividad de la empresas que podrían estar asociados al pre y post natal, sin embargo, dado que es un permiso “previsible” para la empresa que reduce la incertidumbre al mínimo, la compañía puede tomar los resguardos necesarios para redistribuir el trabajo entre otras personas y reemplazar a la trabajadora el tiempo que debe encontrarse fuera. Ciertamente que puede haber costos de productividad en este sentido, pero pueden llegar a ser bastante bajos y no determinan la decisión de contratar mujeres. Es más, pues una práctica bastante común en Chile es hacer uso de licencias médicas por enfermedades del hijo menor de un año, de acuerdo al artículo 199 del código del trabajo, para extender artificialmente el post natal, lo cual representa una mayor incertidumbre en cuanto a la estabilidad de la planta de la empresa. Un post natal extendido vendría a reducir esta incertidumbre.
Finalmente, se debe tener en consideración que el hecho que las mujeres ganen menos que los hombres debido a que “se deben compensar los mayores costos que implica contratar a una mujer a través de una menor remuneración” puede tener su asidero en dos situaciones: El primero es que existe una distribución desigual del empleo entre hombres y mujeres en las distintas áreas de la economía y ellas se ubican en áreas que pagan menos sueldos, así no existiría una correlación, al menos directa, entre menor remuneración y mayores costos de contratación; la segunda situación podría tener una base netamente cultural, en donde se asume a modo de prejuicio que el costo de contratación de las mujeres es más alto sin que ese hecho tenga un reflejo empírico comprobable.
No hay comentarios:
Publicar un comentario