Las movilizaciones de los últimos meses han puesto en tela de juicio no
sólo los pilares económicos del modelo de desarrollo chileno, sino que también
vienen a ser útiles para cuestionar los cimientos políticos de una democracia
que, a juicio de la ciudadanía y a la luz de las demandas esbozadas por los
movimientos sociales, se ha vuelto incompleta para dar por finalizado un
proceso de transición política que no termina de morir. A partir de esta
premisa se ha profundizado un cuestionamiento a nuestras instituciones
políticas que si bien no es nuevo, sí ha cobrado fuerza debido a la incapacidad
que esas instituciones han demostrado en la tarea que les corresponde a la hora
de solucionar los conflictos sociales.
Entre esas instituciones, el nudo gordiano pareciera ser la regulación
electoral, partiendo por el sistema binominal y llegando a los incentivos que
la reelección o la estructura de los partidos políticos generan para el adecuado
funcionamiento de la democracia. Bajo
esta lógica de querer cambiar completamente las instituciones políticas
–esgrimiendo en algunos casos argumentos falaces que escapan a los aportes que
ha hecho la literatura de Ciencia Política– un grupo de diputados ha presentado
una moción para limitar la posibilidad de reelección de diputados y senadores
aduciendo que con esta reforma se responde a las demandas ciudadanas que claman
por mayor representatividad y renovación de liderazgos (cámara.cl, 19/08)
Creo que la moción de los diputados parte de un diagnóstico equivocado y
desconoce los beneficios que entrega la posibilidad de reelección en los
congresos. La idea que subyace a la propuesta es que dado que los diputados y
senadores se pueden reelegir se eternizan en sus cargos y eso produce un
envejecimiento progresivo de los liderazgos quebrando paulatinamente las
relaciones entre el representante y sus representados dado que el diputado o
senador se siente dueño de su cargo.
Pero cabe preguntarse ¿existe efectivamente una relación causal entre
reelección indefinida debilitamiento democrático e institucional? Creo que para
este caso la respuesta más clara es que no y que por el contrario la
posibilidad de reelección se convierte en un elemento de fortalecimiento a la
actividad legislativa, no solo por el peso que tiene el congreso, donde los
diputados y senadores pueden dedicarse a hacer una carrera política que si es
positiva será recompensada con la reelección; además está el hecho que mientras
más tiempo pasen los diputados y senadores haciendo uso de su escaño, más
experiencia van ganando en el desempeño de sus funciones, agregando así
crecientes cuotas de profesionalización a la actividad legislativa.
Además podríamos hacer un cuestionamiento normativo. ¿Es adecuado que una
ley limite la posibilidad que tienen los electores para premiar o castigar a
sus representantes de acuerdo a la calidad de su desempeño? Ante eso yo
respondería que no, pues no solo se debilitaría al congreso sino que la
decisión del elector sería subestimada ¿Por qué éste no podría premiar a un
diputado o a un senador que lo haya hecho bien en su cargo? Por lo tanto, el
problema debe ser buscado en otras dimensiones.
Con la reelección limitada de forma tan drástica como lo propone el
proyecto de ley –una reelección consecutiva para diputados y ninguna para
senadores– los congresistas carecerían de incentivos suficientes para tener un
desempeño positivo con sus electores. Es más, pues ¿de qué valdría fortalecer
la relación con el distrito si al final de cuentas el diputado o senador no
podrá ser reelecto? Además, el proyecto no aclara si la reelección se limitaría
de forma global, es decir, quien complete el periodo permitido debe salir del
congreso, o bien sólo a nivel distrital, en donde el congresista podría seguir
ocupando un escaño pero por una circunscripción o distrito diferente. Ambas alternativas
son malas. Con la primera alternativa tendríamos periódicamente tasas de
reemplazo elevadas en el congreso, probablemente entraría de forma intempestiva
un gran contingente de nuevos diputados y senadores inexpertos en las tareas
que les corresponden y de esa forma veríamos crecer la burocracia legislativa.
El congreso dejaría de ser una opción para hacer carrera política,
debilitándose el rol de sus integrantes, transformando sólo en una plataforma
para optar a otros cargos.
Bajo la segunda alternativa se profundizaría el vicio actual de alejamiento
entre electores y representantes, pues valdría más hacer carrera dentro del
partido para ganar la designación de la candidatura en distritos diferentes y
los diputados y senadores se irían rotando entre distritos y circunscripciones
de las que no son originarios, profundizando un vicio muy criticado hoy en día
y que salió a la luz pública de forma reciente con la designación de Carlos
Larraín como senador en la región de los ríos.
Para un grupo de diputados puede aparecer incluso como un acto de
inmolación el pedir que se limiten sus propias posibilidades de reelección,
pero al largo plazo Chile podría caer en la misma dinámica de falta de
profesionalización y debilitamiento progresivo de las legislaturas de la cual
son víctimas varios países de América Latina que tienen altos índices de
reemplazo en sus congresos. Hoy la profesionalización legislativa en Chile es
un activo que no es totalmente valorado, principalmente porque existen otros
elementos que han generado una brecha entre los electores y los diputados y
senadores, la pregunta por lo tanto es ¿cómo mantenemos los aspectos positivos
que tiene nuestro congreso y a la vez lo acercamos a los ciudadanos?
Dos cambios creo útiles para iniciar el debate: el primero es el criticado
sistema binominal que hace que los partidos tengan un poder excesivo en la
designación de las candidaturas, en ese contexto lo que diga el elector a la
hora de sufragar no es más que una confirmación a lo que ha dicho el partido.
Un cambio en el sistema electoral debería incluir la posibilidad de listas
cerradas no bloqueadas, es decir, el partido o agrupación de partidos propone
una serie de candidatos en un número mayor a los escaños que se reparten, y el
elector puede ordenar los candidatos según la precedencia que él desee para la
posterior repartición de escaños.
El segundo elemento debe tender a incentivar a que en la designación misma
de los candidatos la decisión de los electores tenga algún peso, ya sea
mediante primarias o a través de otros mecanismos que tengan el mismo objetivo.
Con estos dos aspectos el elector tendría más incentivos a la participación y
el diputado o senador no podría desentenderse de sus distritos y de sus
electores pues es su decisión, en gran parte, la que define su candidatura y su
eventual obtención de un escaño. Limitar la reelección va justamente en el
camino contrario, si hay que sacar a un congresista por ineficaz ¿quién mejor
para hacerlo que sus propios electores?
Quisiera terminar señalando que la discusión respecto a las reformas
políticas se está dando de una forma parecida a otras discusiones atingentes a
asuntos públicos, de una forma tradicional en la que los ciudadanos acatan las
propuestas de políticos y de los partidos. No creo que eso sea malo cuando los
mecanismos de representación funcionen adecuadamente, pero en Chile hoy eso no
está ocurriendo. Es así como la forma ideal para intentar modificar la
institucionalidad política chilena pasa por intentar construir un pacto social
a nivel nacional que permita una deliberación pública respecto al tipo de
democracia que queremos construir. Eso, necesariamente, pasa por modificar los
preceptos de la Constitución y tender a que se puedan reconstruir los cimientos
de una democracia representativa sólida que tienda a su consolidación y podamos
dar por cerrado este episodio de transición.
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Esta columna se publicó originalmente en Sentidos Comunes.
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