miércoles, 25 de julio de 2012

Reelección de congresistas y profesionalización del trabajo legislativo


Las movilizaciones de los últimos meses han puesto en tela de juicio no sólo los pilares económicos del modelo de desarrollo chileno, sino que también vienen a ser útiles para cuestionar los cimientos políticos de una democracia que, a juicio de la ciudadanía y a la luz de las demandas esbozadas por los movimientos sociales, se ha vuelto incompleta para dar por finalizado un proceso de transición política que no termina de morir. A partir de esta premisa se ha profundizado un cuestionamiento a nuestras instituciones políticas que si bien no es nuevo, sí ha cobrado fuerza debido a la incapacidad que esas instituciones han demostrado en la tarea que les corresponde a la hora de solucionar los conflictos sociales.

Entre esas instituciones, el nudo gordiano pareciera ser la regulación electoral, partiendo por el sistema binominal y llegando a los incentivos que la reelección o la estructura de los partidos políticos generan para el adecuado funcionamiento de la democracia. Bajo esta lógica de querer cambiar completamente las instituciones políticas –esgrimiendo en algunos casos argumentos falaces que escapan a los aportes que ha hecho la literatura de Ciencia Política– un grupo de diputados ha presentado una moción para limitar la posibilidad de reelección de diputados y senadores aduciendo que con esta reforma se responde a las demandas ciudadanas que claman por mayor representatividad y renovación de liderazgos (cámara.cl, 19/08)

Creo que la moción de los diputados parte de un diagnóstico equivocado y desconoce los beneficios que entrega la posibilidad de reelección en los congresos. La idea que subyace a la propuesta es que dado que los diputados y senadores se pueden reelegir se eternizan en sus cargos y eso produce un envejecimiento progresivo de los liderazgos quebrando paulatinamente las relaciones entre el representante y sus representados dado que el diputado o senador se siente dueño de su cargo. Pero cabe preguntarse ¿existe efectivamente una relación causal entre reelección indefinida debilitamiento democrático e institucional? Creo que para este caso la respuesta más clara es que no y que por el contrario la posibilidad de reelección se convierte en un elemento de fortalecimiento a la actividad legislativa, no solo por el peso que tiene el congreso, donde los diputados y senadores pueden dedicarse a hacer una carrera política que si es positiva será recompensada con la reelección; además está el hecho que mientras más tiempo pasen los diputados y senadores haciendo uso de su escaño, más experiencia van ganando en el desempeño de sus funciones, agregando así crecientes cuotas de profesionalización a la actividad legislativa.

Además podríamos hacer un cuestionamiento normativo. ¿Es adecuado que una ley limite la posibilidad que tienen los electores para premiar o castigar a sus representantes de acuerdo a la calidad de su desempeño? Ante eso yo respondería que no, pues no solo se debilitaría al congreso sino que la decisión del elector sería subestimada ¿Por qué éste no podría premiar a un diputado o a un senador que lo haya hecho bien en su cargo? Por lo tanto, el problema debe ser buscado en otras dimensiones.

Con la reelección limitada de forma tan drástica como lo propone el proyecto de ley –una reelección consecutiva para diputados y ninguna para senadores– los congresistas carecerían de incentivos suficientes para tener un desempeño positivo con sus electores. Es más, pues ¿de qué valdría fortalecer la relación con el distrito si al final de cuentas el diputado o senador no podrá ser reelecto? Además, el proyecto no aclara si la reelección se limitaría de forma global, es decir, quien complete el periodo permitido debe salir del congreso, o bien sólo a nivel distrital, en donde el congresista podría seguir ocupando un escaño pero por una circunscripción o distrito diferente. Ambas alternativas son malas. Con la primera alternativa tendríamos periódicamente tasas de reemplazo elevadas en el congreso, probablemente entraría de forma intempestiva un gran contingente de nuevos diputados y senadores inexpertos en las tareas que les corresponden y de esa forma veríamos crecer la burocracia legislativa. El congreso dejaría de ser una opción para hacer carrera política, debilitándose el rol de sus integrantes, transformando sólo en una plataforma para optar a otros cargos.

Bajo la segunda alternativa se profundizaría el vicio actual de alejamiento entre electores y representantes, pues valdría más hacer carrera dentro del partido para ganar la designación de la candidatura en distritos diferentes y los diputados y senadores se irían rotando entre distritos y circunscripciones de las que no son originarios, profundizando un vicio muy criticado hoy en día y que salió a la luz pública de forma reciente con la designación de Carlos Larraín como senador en la región de los ríos.

Para un grupo de diputados puede aparecer incluso como un acto de inmolación el pedir que se limiten sus propias posibilidades de reelección, pero al largo plazo Chile podría caer en la misma dinámica de falta de profesionalización y debilitamiento progresivo de las legislaturas de la cual son víctimas varios países de América Latina que tienen altos índices de reemplazo en sus congresos. Hoy la profesionalización legislativa en Chile es un activo que no es totalmente valorado, principalmente porque existen otros elementos que han generado una brecha entre los electores y los diputados y senadores, la pregunta por lo tanto es ¿cómo mantenemos los aspectos positivos que tiene nuestro congreso y a la vez lo acercamos a los ciudadanos?

Dos cambios creo útiles para iniciar el debate: el primero es el criticado sistema binominal que hace que los partidos tengan un poder excesivo en la designación de las candidaturas, en ese contexto lo que diga el elector a la hora de sufragar no es más que una confirmación a lo que ha dicho el partido. Un cambio en el sistema electoral debería incluir la posibilidad de listas cerradas no bloqueadas, es decir, el partido o agrupación de partidos propone una serie de candidatos en un número mayor a los escaños que se reparten, y el elector puede ordenar los candidatos según la precedencia que él desee para la posterior repartición de escaños.

El segundo elemento debe tender a incentivar a que en la designación misma de los candidatos la decisión de los electores tenga algún peso, ya sea mediante primarias o a través de otros mecanismos que tengan el mismo objetivo. Con estos dos aspectos el elector tendría más incentivos a la participación y el diputado o senador no podría desentenderse de sus distritos y de sus electores pues es su decisión, en gran parte, la que define su candidatura y su eventual obtención de un escaño. Limitar la reelección va justamente en el camino contrario, si hay que sacar a un congresista por ineficaz ¿quién mejor para hacerlo que sus propios electores?

Quisiera terminar señalando que la discusión respecto a las reformas políticas se está dando de una forma parecida a otras discusiones atingentes a asuntos públicos, de una forma tradicional en la que los ciudadanos acatan las propuestas de políticos y de los partidos. No creo que eso sea malo cuando los mecanismos de representación funcionen adecuadamente, pero en Chile hoy eso no está ocurriendo. Es así como la forma ideal para intentar modificar la institucionalidad política chilena pasa por intentar construir un pacto social a nivel nacional que permita una deliberación pública respecto al tipo de democracia que queremos construir. Eso, necesariamente, pasa por modificar los preceptos de la Constitución y tender a que se puedan reconstruir los cimientos de una democracia representativa sólida que tienda a su consolidación y podamos dar por cerrado este episodio de transición.
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Esta columna se publicó originalmente en Sentidos Comunes.

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