Reelección de congresistas y profesionalización del trabajo legislativo

Las movilizaciones de los últimos meses han puesto en tela de juicio no sólo los pilares económicos del modelo de desarrollo chileno, sino que también vienen a ser útiles para cuestionar los cimientos políticos de una democracia que, a juicio de la ciudadanía y a la luz de las demandas esbozadas por los movimientos sociales, se ha vuelto incompleta para dar por finalizado un proceso de transición política que no termina de morir. A partir de esta premisa se ha profundizado un cuestionamiento a nuestras instituciones políticas que si bien no es nuevo, sí ha cobrado fuerza debido a la incapacidad que esas instituciones han demostrado en la tarea que les corresponde a la hora de solucionar los conflictos sociales.

Entre esas instituciones, el nudo gordiano pareciera ser la regulación electoral, partiendo por el sistema binominal y llegando a los incentivos que la reelección o la estructura de los partidos políticos generan para el adecuado funcionamiento de la democracia. Bajo esta lógica de querer cambiar completamente las instituciones políticas –esgrimiendo en algunos casos argumentos falaces que escapan a los aportes que ha hecho la literatura de Ciencia Política– un grupo de diputados ha presentado una moción para limitar la posibilidad de reelección de diputados y senadores aduciendo que con esta reforma se responde a las demandas ciudadanas que claman por mayor representatividad y renovación de liderazgos (cámara.cl, 19/08)

Creo que la moción de los diputados parte de un diagnóstico equivocado y desconoce los beneficios que entrega la posibilidad de reelección en los congresos. La idea que subyace a la propuesta es que dado que los diputados y senadores se pueden reelegir se eternizan en sus cargos y eso produce un envejecimiento progresivo de los liderazgos quebrando paulatinamente las relaciones entre el representante y sus representados dado que el diputado o senador se siente dueño de su cargo. Pero cabe preguntarse ¿existe efectivamente una relación causal entre reelección indefinida debilitamiento democrático e institucional? Creo que para este caso la respuesta más clara es que no y que por el contrario la posibilidad de reelección se convierte en un elemento de fortalecimiento a la actividad legislativa, no solo por el peso que tiene el congreso, donde los diputados y senadores pueden dedicarse a hacer una carrera política que si es positiva será recompensada con la reelección; además está el hecho que mientras más tiempo pasen los diputados y senadores haciendo uso de su escaño, más experiencia van ganando en el desempeño de sus funciones, agregando así crecientes cuotas de profesionalización a la actividad legislativa.

Además podríamos hacer un cuestionamiento normativo. ¿Es adecuado que una ley limite la posibilidad que tienen los electores para premiar o castigar a sus representantes de acuerdo a la calidad de su desempeño? Ante eso yo respondería que no, pues no solo se debilitaría al congreso sino que la decisión del elector sería subestimada ¿Por qué éste no podría premiar a un diputado o a un senador que lo haya hecho bien en su cargo? Por lo tanto, el problema debe ser buscado en otras dimensiones.

Con la reelección limitada de forma tan drástica como lo propone el proyecto de ley –una reelección consecutiva para diputados y ninguna para senadores– los congresistas carecerían de incentivos suficientes para tener un desempeño positivo con sus electores. Es más, pues ¿de qué valdría fortalecer la relación con el distrito si al final de cuentas el diputado o senador no podrá ser reelecto? Además, el proyecto no aclara si la reelección se limitaría de forma global, es decir, quien complete el periodo permitido debe salir del congreso, o bien sólo a nivel distrital, en donde el congresista podría seguir ocupando un escaño pero por una circunscripción o distrito diferente. Ambas alternativas son malas. Con la primera alternativa tendríamos periódicamente tasas de reemplazo elevadas en el congreso, probablemente entraría de forma intempestiva un gran contingente de nuevos diputados y senadores inexpertos en las tareas que les corresponden y de esa forma veríamos crecer la burocracia legislativa. El congreso dejaría de ser una opción para hacer carrera política, debilitándose el rol de sus integrantes, transformando sólo en una plataforma para optar a otros cargos.

Bajo la segunda alternativa se profundizaría el vicio actual de alejamiento entre electores y representantes, pues valdría más hacer carrera dentro del partido para ganar la designación de la candidatura en distritos diferentes y los diputados y senadores se irían rotando entre distritos y circunscripciones de las que no son originarios, profundizando un vicio muy criticado hoy en día y que salió a la luz pública de forma reciente con la designación de Carlos Larraín como senador en la región de los ríos.

Para un grupo de diputados puede aparecer incluso como un acto de inmolación el pedir que se limiten sus propias posibilidades de reelección, pero al largo plazo Chile podría caer en la misma dinámica de falta de profesionalización y debilitamiento progresivo de las legislaturas de la cual son víctimas varios países de América Latina que tienen altos índices de reemplazo en sus congresos. Hoy la profesionalización legislativa en Chile es un activo que no es totalmente valorado, principalmente porque existen otros elementos que han generado una brecha entre los electores y los diputados y senadores, la pregunta por lo tanto es ¿cómo mantenemos los aspectos positivos que tiene nuestro congreso y a la vez lo acercamos a los ciudadanos?

Dos cambios creo útiles para iniciar el debate: el primero es el criticado sistema binominal que hace que los partidos tengan un poder excesivo en la designación de las candidaturas, en ese contexto lo que diga el elector a la hora de sufragar no es más que una confirmación a lo que ha dicho el partido. Un cambio en el sistema electoral debería incluir la posibilidad de listas cerradas no bloqueadas, es decir, el partido o agrupación de partidos propone una serie de candidatos en un número mayor a los escaños que se reparten, y el elector puede ordenar los candidatos según la precedencia que él desee para la posterior repartición de escaños.

El segundo elemento debe tender a incentivar a que en la designación misma de los candidatos la decisión de los electores tenga algún peso, ya sea mediante primarias o a través de otros mecanismos que tengan el mismo objetivo. Con estos dos aspectos el elector tendría más incentivos a la participación y el diputado o senador no podría desentenderse de sus distritos y de sus electores pues es su decisión, en gran parte, la que define su candidatura y su eventual obtención de un escaño. Limitar la reelección va justamente en el camino contrario, si hay que sacar a un congresista por ineficaz ¿quién mejor para hacerlo que sus propios electores?

Quisiera terminar señalando que la discusión respecto a las reformas políticas se está dando de una forma parecida a otras discusiones atingentes a asuntos públicos, de una forma tradicional en la que los ciudadanos acatan las propuestas de políticos y de los partidos. No creo que eso sea malo cuando los mecanismos de representación funcionen adecuadamente, pero en Chile hoy eso no está ocurriendo. Es así como la forma ideal para intentar modificar la institucionalidad política chilena pasa por intentar construir un pacto social a nivel nacional que permita una deliberación pública respecto al tipo de democracia que queremos construir. Eso, necesariamente, pasa por modificar los preceptos de la Constitución y tender a que se puedan reconstruir los cimientos de una democracia representativa sólida que tienda a su consolidación y podamos dar por cerrado este episodio de transición.

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Esta columna se publicó originalmente en Sentidos Comunes.

El demonio del binominal

Pierre Simon Laplace fue un matemático francés que vivió entre 1749 y 1827. Su pensamiento estaba sustentado en el determinismo causal que señalaba que la visión actual del universo es producto del pasado y causa del futuro. Sus pensamientos encontraban sustento en las ideas newtonianas y postulaba que conociendo las leyes de Newton sería posible predecir el comportamiento de todos los cuerpos en el universo, desde los planetas hasta los seres humanos. Es el demonio de Laplace que busca conocer y predecir todo cuánto hay en el universo.

En Chile el sistema electoral se ha constituido en nuestro propio demonio. Es el efecto de la dictadura y la causa de la crisis de representatividad actual. En la mayoría de los temas de interés público suele hacerse algún tipo de relación causal con el binominal. Que sí el binominal no existiera la ley antidiscriminación sería mejor, el sueldo mínimo sería más alto, se habrían aprobado una serie de reformas durante los 90, la UDI no sería el partido más grande, entre muchas otras afirmaciones. Sin embargo, cualquiera de nosotros quisieras habitar en aquel universo paralelo donde Chile, sin binominal, es un paraíso terrenal. En realidad eso parece más de ciencia ficción.

El binominal tiene hartos males. El principal de ellos es probablemente la altísima barrera de entrada que pone para que actores nuevos se puedan hacer parte del sistema. La negociación con alguna de las coaliciones, como lo hizo el PC en la elección de 2009, es un camino. La escisión de incumbentes que levanten sus propias banderas es otro camino y de esa forma hemos visto a candidatos del PRI obtener escaños rompiendo el bicoalicionismo actual. Fuera de esas dos opciones, cualquier partido nuevo está casi perdido y eso ha incentivado a que, a diferencia con lo que ocurría en Chile antes de 1973, sean pocas las alternativas partidarias que buscan ofrecer a los electores propuestas distintas a las tradicionales. Simplemente porque es muy costoso hacerlo y eso ha generado una capa de organizaciones y proyectos políticos excluidos, particularmente en la izquierda. Pero a su vez ha dado lugar a un status quo consolidado en el que las reformas resultan cada vez más difíciles dado el nivel de acuerdo que existe entre los núcleos de las coaliciones políticas en Chile y las altas mayorías que varias de esas reformas requieren. 

Se ha dicho además que el sistema binominal es desproporcional y sobre (o sub-representa) a algunos partidos. En una entrada anterior intenté poner esto en perspectiva, mostrando que el binominal tendería a premiar a los partidos más votados con muchos más escaños de los que por votación le corresponderían, pero con los demás partidos no pareciera tener un efecto tan concluyente. Actualmente el partido más beneficiado es la UDI, pero en algún momento fue la DC y RN. Cuando vemos la misma situación en perspectiva comparada, vemos que Chile tampoco es de los países más desproporcionales de América Latina. Un trabajo de Bunker y Navia (2010) muestra tres diferentes índices de desproporcionalidad para 18 países de la región entre 1993 y 2006. En el índice de Rae, Chile obtiene un 1,78. La cifra más baja la obtiene Uruguay, que tiene un único distrito nacional, con un 0,53. La más alta la obtiene México, un 6,44, donde 200 de 500 diputados son electos a través de un distrito único nacional. El resto es mediante distritos uninominales.

En el segundo índice, el de Loosemore y Hanby, Chile obtiene un 12,28 y el más bajo sigue siendo Uruguay con un 1,17 y el más alto resulta Ecuador con un 26,8. El tercer índice usado por los autores, el de Gallagher, muestra a Chile con un 6,82. Uruguay obtiene 1 y Argentina, que resulta con el guarismo más alto, obtiene 32,87. La teoría señala que existe una relación muy importante entre magnitud del distrito y proporcionalidad, es decir, mientras más escaños se repartan en un determinado distrito mayor es la proporcionalidad que alcanza el sistema. Eso se comprueba para el caso de Uruguay en los tres índices, no obstante, países con una magnitud de distrito mayor a la chilena (2) no necesariamente tienden a tener índices de desproporcionalidad más bajos.

Por lo tanto, cualquier reforma del sistema binominal debería tener como objetivo principal reducir la barrera de entrada para los partidos políticos y eso, indirectamente, podría tener un impacto en la proporcionalidad del sistema. En otras palabras, lo que debemos buscar tiene que ver más con flexibilizar las condiciones para que un partido pueda ser electoralmente viable, ya que con la normativa actual los partidos con mayores facilidades para hacerse de un escaño son aquellos que poseen una significativa penetración territorial, redes clientelares lo suficientemente desarrollados o nichos de votos duros suficientemente concentrados, como sucede con la UDI en las comunas de la zona oriente de Santiago. En otras palabras, partidos tradicionales. La renovación en ese marco no puede venir desde fuera del sistema, por más proyectos que existan. 

Lo que parece menos probable es que las preferencias electorales cambien de manera violenta. Nunca lo han hecho, aunque cuando grandes reformas electorales se han llevado a cabo. Los cambios van siendo graduales y lo importante es la facilidad que haya para que partidos excluidos puedan alcanzar puestos de poder. Por ejemplo, a fines de los años 80 Venezuela realizó una serie de reformas que tendían a la descentralización del país, las cuales permitieron que surgieran partidos de carácter regional que más tarde actuaron como plataforma de nuevas propuestas políticas nacionales, como ocurrió con proyecto Carabobo que más tarde fue Proyecto Venezuela. En Chile esa reforma inclusiva debería la reforma al sistema electoral.

Sin embargo, existen otros elementos que en Chile no parecen estar asociados al sistema electoral y que también juegan un rol en la definición de los actores políticos relevantes del sistema. Luna (2008) destaca por ejemplo algunas prácticas clientelares que permiten que algunos partidos tengan importantes fuentes de votos en zonas vulnerables, la UDI es un ejemplo de esto y eso ha llevado a que sea el partido más grande del país en elecciones legislativas y el segundo partido más grande, después de RN, en las elecciones de concejales. Es decir, con un sistema electoral distinto, estas prácticas no tendrían por qué desaparecer, pues han estado presentes casi de manera constante desde que Chile empezó la institucionalización de su sistema de partidos en la década de 1870.

Además de lo anterior, existen una serie de elementos que tienen que ver con la democracia interna de los partidos políticos. La selección de los candidatos puede ser la más significativa entre ellas. Las condiciones actuales permiten que los partidos tengan un poder muy importante a la hora de definir a los candidatos y los electores, en muchos casos, sólo confirman lo que los partidos han dicho. Este punto pareciera tener su origen en que los distritos entregan sólo dos escaños y siempre es muy probable que resulte electo un candidato de cada coalición. Pero ocurre que ese problema se verifica también cuando la lista es cerrada y bloqueada, es decir, el elector debe optar por un bloque íntegro de candidatos propuestos por orden de precedencia en el partido. De esa forma, los partidos ponen a candidatos fuertes en los primeros lugares de la lista y a los más débiles al final. En Chile es posible ver el mismo efecto, pero mucho más sutil pues el elector vota por el candidato, no obstante, en la mayoría de los casos hay un candidato principal cuyo objetivo es obtener el escaño y uno secundario, que solamente está para sumar votos. Eso provoca que el escaño sea percibido como del partido y no de los electores. Para el candidato es importante estar en sintonía con los intereses del partido pues son sus líderes quienes pueden, a la hora de la elección, definir su su incumbencia.

Finalmente, la disponibilidad de recursos económicos para los partidos también contribuye con su viabilidad. En Chile los partidos con mayores recursos son capaces de generar campañas más rimbombantes, sino que además pueden estructurar equipos territoriales que les ayuden a mantener redes de electores, financiar prestaciones para sus votantes e incluso dar lugar a relaciones clientelares. Como señala Luna (2008: 106-107) lo importante al final del día en muchos distritos termina siendo la cantidad de cuentas de luz que un candidato puede pagar durante su campaña y no su desempeño en el congreso.

De esta forma y a modo de conclusión, una reforma inclusiva en Chile debería tener las siguientes dimensiones. Primero, un cambio al sistema electoral, es decir, al mecanismo que se usa para traducir votos en escaños, permitiendo que la barrera de entrada sea menor. Un segundo elemento deben ser los mecanismos de selección de candidatos y, en este punto serían buenas dos innovaciones, una sería una sistema de primarias organizados y financiados por el Estado, para cuando haya más de un miembro del partido aspirando a una candidatura; y, por otro lado, un sistema de voto de lista cerrada pero no bloqueada, es decir, el partido propone a un número determinado de candidatos, pero el orden de precedencia que tienen para ocupar los escaños los puede definir el elector. Eso genera mayores incentivos para que los candidatos se den a conocer con los electores sin debilitar demasiado el rol de los partidos políticos, y a su vez los votantes identifiquen a los candidatos, pues en distritos grandes la identificación de los candidatos y los representantes electos puede llegar a ser un problema para los ciudadanos.

Finalmenete, debe haber algún tipo de reforma tendiente a introducir algún sistema de financiamiento público a los partidos políticos, de modo tal que las capacidades que éstos tengan para realizar la actividad política no esté asociada con las posibilidades económicas de sus candidatos y militantes. Así también, es necesario mejorar el mecanismo de financiamiento de las campañas, transparentar el uso de los dineros y su procedencia, limitanto el rol que juegan consorcios privados en la financiación electoral.

En resumidas cuentas, es cierto que el sistema electoral en Chile tiene muchos males, pero en ningún caso se puede considerar como la causa prima de todos los problemas que hoy aquejan a la democracia chilena. No lo podemos tomar como el demonio explicativo de los fenómenos políticos en Chile. Los problemas de representatividad pueden tener alguna relación con el sistema electoral, pero, de forma más global, tienen que ver con una serie de formas excluyentes de hacer política.

Referencias

Bunker, K., & Navia, P. (2010). Explicando la despropocionalidad en América Latina. Magnitud de distrito, malapportionment y fragmentación partidaria. Revista española de ciencia política n.23, 81-110.

Luna, J. P. (2008). Partidos políticos y sociedad en Chile. Trayectoria histórica y mutaciones recientes. En A. Fontaine, C. Larroulet, J. Navarrete, & I. Walker, Reforma de los partidos políticos en Chile (págs. 75-124). Santiago de Chile: CEP; L&D, CIEPLAN. 


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¿Qué le falta a la oposición venezolana?

Ningún partido debería renunciar a ser gobierno. O al menos, a formar parte de una coalición que le permita acceder a ciertas posiciones de poder al interior de un gobierno. Ni siquiera los partidos más pequeños deberían desechar alguna oportunidad de formar una coalición y defender o impulsar ciertas políticas desde puestos ejecutivos. Cualquier partido que renuncie a eso dejaría de cumplir una función esencial de representación. No se trata que un partido se vaya a convertir en gobierno con el sólo hecho de aspirarlo, debe también buscar los mecanismos que le permitan convertirse en una alternativa de gobierno para los electores, congraciarse con ellos. Un partido podrá aspirar a ser gobierno pero si es incapaz de movilizar votantes sus esfuerzos serán vanos.

Algo así le pasa a la oposición en Venezuela.

Henrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda se convertirá en el tercer candidato de la oposición que desafía al presidente Hugo Chávez desde la vigencia de la Constitución de 1999. Ni Francisco Arias Cárdenas, en 2000, ni Manuel Rosales, en 2006, pudieron arrebatarle a Chávez su sueño bolivariano. La gran pregunta que surge ¿Irá a poder Capriles? ¿Qué elementos tiene la oposición a su favor? ¿Cuáles en contra?

Si hay algo que le ha faltado a la oposición en Venezuela desde el triunfo de Hugo Chávez en 1998 hasta hoy es capacidad para movilizar electores, a diferencia de Chávez, quien elección tras elección ha aumentado su caudal electoral en términos relativos y absolutos. Si en 1998 Hugo Chávez y Enrique Salas Römer sumaron 6.461.414 votos, en 2006 Hugo Chávez y Manuel Rosales alcanzaron 11.601.546 votos. Entre ambas elecciones hubo un total de 5.140.132 votos nuevo, un crecimiento de un 79,5%, de los cuales 3.635.395, un optaron por Hugo Chávez, mientras que sólo 1.504.737 se decantaron por los candidatos de la oposición. Es decir, el caudal electoral de Hugo Chávez creció en 8 años un 98,9%, mientras que el de la oposición creció un 53,9%.

Si agregamos a la serie la elección legislativa de 2010, tenemos que entre la coalición encabezada por el PSUV y la Mesa de Unidad Democrática, sumaron 10.743.688, un 7,4% menos de votantes que en la presidencial de 2006, sin embargo, la distribución fue mucho más pareja, pues la oposición obtuvo 5.320.364 votos, 1.130.858 votos más que en la presidencial de 2006, lo que significa un crecimiento de un 26,3%. En tanto, el oficialismo obtuvo 5.423.324 votos, lo que equivale a 1.885.756 votos menos que en 2006, lo que se traduce en un decrecimiento de un 25,8%. ¿Podríamos decir que todos quienes no votaron por Chávez votaron por la oposición? Claramente no, pues no disponemos de evidencia para ello. Lo que sí podemos decir es que el escenario político cambió y el punto de inflexión lo podemos situar en 2007, cuando el presidente Chávez sufrió la primera derrota electoral durante su mandato.

El año 2007 el intento de Chávez por aprobar una reforma constitucional que le permitiera reelegirse indefinidamente provocó una movilización que no se había visto hasta entonces. Si hasta el año 2005 quienes integraban la oposición tenían serios lazos con el stablishment puntofijista que se derrumbó durante los 90 y se codeaban con los gremios industriales y comerciales del país; a partir del año 2007 se empieza a producir una notable entrada de nuevos rostros y líderes a la oposición, fundamentalmente por la eclosión de movimientos estudiantiles que se organizaron y protestaron contra las aspiraciones reeleccionistas de Chávez —las que de todas formas se concretaron en un referéndum en 2009. Este hecho probablemente ha permitido renovar las bases electorales y programáticas de la oposición y ha deslegitimado las posturas más reaccionarios contra el gobierno que convivían aún hasta el 2005 con posiciones más moderadas que querían aceptar el arreglo institucional de Chávez e intentar derrotarlo mediantes las urnas y no con la violencia gremial o con asonadas militares. Aún está fresco en la memoria el golpe de febrero de 2002, que sacó al presidente del Palacio de Miraflores por dos días y que se convirtió en el hecho más simbólico de la polarización política en Venezuela. Y, de ese mismo año, la asonada de la Plaza Altamira, que también reclamó la renuncia del presidente y dio pie a una larga movilización que intentó presionar esa dimisión. En más de un discurso Hugo Chávez ha aludido a alguno de estos hechos, incluso de manera muy reciente.

Sin duda, lo anterior es algo a favor. Podríamos pensar que la gente está con Chávez porque no ve en la oposición una alternativa lo suficientemente nueva para gobernar. Se le sigue relacionando con el antiguo pacto de punto fijo. Y el presidente no escatima ningún esfuerzo por poner constantemente a la oposición como enemigo del pueblo y como aliados del imperialismo. Si mediante esta renovación la oposición empieza a ser percibida como una opción, las probabilidades de alcanzar la presidencia aumentan.  

Pero en contra hay varias cosas más. La oposición ha sido sometida constantemente a procesos eleccionarios, que desgastan y que han obligado a los movimientos y partidos que la componen a estar permanentemente movilizados para motivar electores a votar, con resultados exiguos en la mayoría de los casos. Eso no deja tiempo para el desarrollo programático y para el ejercicio opositor adecuado. La lucha electoral termina siendo parte del devenir político. En 14 años, desde 1998, los venezolanos han ido a votar 20 veces.

En contra tienen también al Estado. Y es que hoy la figura del presidente se ha mimetizado con un Estado que, a su vez, está atravesado por el partido. Saber dónde termina el Estado venezolano y empieza el PSUV hoy es algo difícil. Eso ha permitido que el gobierno goce de una serie de recursos políticos y económicos para repartir entre sus adherentes, muchos de ellos con plena discrecionalidad presidencial. En consecuencia, posee también una gran facilidad para generar redes clientelares con los sectores más bajos del electorado, que son aquellos donde justamente la oposición no ha podido entrar.

Según el diario El Universal, Henrique Capriles, inscribirá su candidatura presidencial el 10 de junio. Tiene un camino empinado por delante, pero ciertamente tiene algunas cosas a su favor, de las que no gozaron los antiguos aventureros que emprendieron la senda del desafío a la hegemonía bolivariana. Su triunfo no está garantizado. Pero eso es lo de menos. Porque las cosas parecen indicar que, por primera vez desde que llegó al poder, el triunfo chavista tampoco es seguro. 

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Primarias en Argentina: Medición de fuerzas sin definiciones claras

Este domingo 14 de agosto por primera vez en la historia, Argentina vivirá un proceso de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos o pactos políticos que desean hacerse parte de las elecciones nacionales del 23 de octubre y donde deben concurrir a sufragar todos los ciudadanos mayores de 18 años. ¿Qué podemos esperar de este escenario electoral inédito en la historia política argentina?

Las elecciones primarias tienen varios efectos en la competencia electoral. Aumenta el rol de los electores en la competencia partidaria permitiendo que sean ellos los que definen las candidaturas que competirán y no los partidos, aunque tampoco les quita a éstos la responsabilidad original, propia de los partidos en democracia, de presentarle candidaturas a los votantes. Por otro lado, refuerza las estructuras partidarias y busca institucionalizar el sistema de partidos al permitir que sólo puedan competir en las elecciones nacionales aquellos candidatos que se han sometido a las primarias, que son intermediadas por un partido o una agrupación política.

También tiende a disminuir la fragmentación del sistema de partidos y a reducir las opciones disponibles en la elección nacional, pues pone un umbral mínimo de votación en las primarias para presentarse luego en las elecciones generales de octubre, en este caso, un 1,5%. Lo esencial, sin embargo, en todo proceso de primarias es que no son las cúpulas partidarias las que eligen a los candidatos, con lo cual no basta que éstos tenga que congraciarse con los líderes del partido o alinearse tras de ellos para alcanzar la posibilidad de competir a un cupo, sino que además deben acercarse a los votantes.

Con todo, las ideas anteriores se limitan a meras especulaciones a la luz del efecto de las elecciones primarias en otros países y queda ver qué sucederá el domingo. Revisemos un poco el escenario previo.

Para las elecciones presidenciales se presentan diez fórmulas: Cristina Fernández con Armando Budou, por el Frente para la Victoria; Raúl Alfonsín y Javier González por los radicales, y Eduardo Duhalde  y Mario Das Neves, por la Unión Popular, son, a mi juicio, los tres principales competidores.  Aunque Hermes Binner, que compite por los socialistas, tiene un nicho electoral potente en la provincia de Santa Fe y Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, compitió en las elecciones de 2007 y llegó a la segunda vuelta con la actual presidenta Fernández, con lo cual podrían dar alguna sorpresa. Sin embargo todas las candidaturas presidenciales están definidas y las elecciones primarias sólo permitirán tener un panorama más claro respecto a la fuerza política de cada uno de los candidatos o dejar algunas en el camino frente a la posibilidad que saquen menos del 1,5% de los votos que pide la ley. También se podrían generar que candidaturas que obtengan una votación muy baja, aunque superior al mínimo legal, busquen aliarse con candidatos más votados para obtener más posibilidades de alcanzar el poder y así reducir aún más el número de candidaturas.

Indirectamente la reducción de candidaturas perjudica la opción de Cristina Fernández de ganar en primera vuelta. Un hecho cierto desde hace un tiempo es el grado de confrontación política y polarización entre los principales actores del escenario político argentino, que viene a dificultar un traspaso de votos desde candidaturas opositoras a la candidatura oficialista. Lo más probable es que la reducción de las candidaturas termine beneficiando a Carrió, Duhalde o Alfonsín, permitiéndole agregar votos y acercarse a la, hasta ahora, más probable ganadora de la elección presidencial. De esta forma se podría forzar una segunda vuelta donde la oposición kirchenerista podría alinearse tras el candidato que compita con Cristina para intentar derrotar sus opciones de reelección. El sistema electoral argentino contempla que si un candidato obtiene más del 40% de los votos y aventaja por más de 10% al segundo, obtiene la presidencia sin necesidad de una segunda vuelta y con más del 45% de los votos el candidato se convierte en presidente(Art. 97º y 98º Constitución Nacional). De Perogrullo resulta decir que mientras más candidaturas opositoras existan más posibilidades tiene Cristina de aventajar por más de 10% a sus contendientes. 

Otro factor relevante es el rol que jugará Mauricio Mancri y Gabriela Michetti del PRO, jefe de gobierno y diputada por la ciudad de Buenos Aires, respectivamente.  Esto, pues la propuesta republicana no lleva candidato presidencial y tampoco ha llamado a votar por ningúno en particular, pese a los acercamientos que ha habido de parte de algunos candidatos presidenciales, particularmente Duhalde y Alfonsín, a la centro derecha macrista. En la campaña que ha iniciado el PRO por sus diputados nacionales llaman a “cortar boleta” dejando en libertad de acción a sus adherentes en la elección de los candidatos a presidente. Si tomamos en cuenta los resultados en la elección por la provincia y en la ciudad de Buenos Aires en 2009, donde el PRO alcanzó el primer lugar, y el Frente para la Victoria quedó en tercer y segundo lugar respectivamente, es poco factible que los votos se muevan hacia Cristina. Los mismos resultados de 2009 nos muestran que Carrió tiene mayores posibilidades de tomar votos del PRO en la provincia; y el Proyecto Sur, con escasas posibilidades nacionales, sí tendría alguna oportunidad en la ciudad, frente a la ausencia de un candidato presidencial de Macri.

Lo que ocurra en Buenos Aires no es menor, habida cuenta que es el distrito electoral más importante del país. Sin embargo, el PRO sigue sin tejer redes al interior de la Argentina en cuanto a diputados y senadores nacionales, aspecto que sí utiliza otros partidos como el Frente para la Victoria, la UCR y los justicialistas disidentes. A pesar de esto, en Santa Fe el candidato Miguel del Sel obtuvo el segundo lugar, siendo la primera vez que el PRO incursiona en provincias. (Ver: Ballotage)   

Nos preguntamos si es posible que las primarias revelen alguna sorpresa. En cuanto a los candidatos a presidente es probable que la respuesta sea no, y lo único que permitan las elecciones del domingo sea entregar más certidumbre a los candidatos respecto a las verdaderas posibilidades electorales que tienen y cumplir uno de los objetivos de las primarias: reducir las candidaturas sólo a aquellas electoralmente más viables, so riesgo de disminuir las posibilidades de ganar en primera vuelta para Cristina Fernández.

Otro asunto es la situación de diputados y senadores nacionales. El sistema de partidos argentino tiene un nivel creciente de desnacionalización. Hay una gran cantidad de partidos que responden a los intereses locales de cada entidad federal y, en muchos casos, no se alinean ni buscan hacerlo con los partidos que tienen un mayor alcance nacional, esto, para defender la autonomía de las provincias frente al gobierno federal, al que le es más sencillo involucrarse en los asuntos subnacionales en la medida que tenga aliados políticos en las provincias, como gobernadores, diputados o senadores. Con esta situación, es difícil que la fragmentación del sistema de partidos argentino se reduzca gracias a las elecciones primarias, pues los partidos que mayor alcance nacional poseen: el peronismo y los radicales, difícilmente podrán cooptar, al menos en el corto plazo, partido provinciales.

En consecuencia, las primarias ayudarán a los candidatos presidenciales para evaluar la viabilidad de sus candidaturas y de los proyectos políticos que están presentando y hacerse un panorama de cómo quedará más o menos conformado el congreso nacional para un eventual periodo de gobierno. De esa forma, tendrán más certidumbre respecto a las alianzas que deberían buscar y a los partidos provinciales que deberían intentar conquistar para asegurarse gobernabilidad entre el 2011 y el 2015. No creo que las primarias nos den alguna sorpresa respecto a lo que sucederá en octubre, sino que sólo serán útiles para hacernos un mapa político más claro y certero de cara a las elecciones nacionales. 

Sistema binominal: Argumentos para cambiarlo

Uno de los elementos más criticados del sistema político chileno es el sistema electoral para diputados y senadores. Se le acusa de ser desproporcional, de excluir a las fuerzas políticas menores y de paralizar el sistema de partidos en dos coaliciones que acaparan casi la totalidad de los asientos en el congreso. Particularmente en esta columna revisaré algunos elementos con datos para la cámara de diputados, pues el Senado debería tener una lógica diferente de representación a nivel territorial y no al nivel del elector.

Lo primero que hay que señalar que la ciencia política reconoce dos tipos de sistemas electorales, aquellos de representación mayoritaria y los que son de representación proporcional. Los primeros se caracterizan porque su elección se realiza en distritos uninominales donde un solo candidato se queda con toda la representación y puede variar entre una mayoría absoluta y una mayoría relativa. Un ejemplo de esta situación es Inglaterra, donde en distritos uninominales el candidato que obtiene la mayoría relativa más alta alcanza el escaño, dejando sin representación al resto de los electores del distrito.

Esa es la principal diferencia entre los sistemas mayoritarios y proporcionales, pues en éstos últimos se busca que los votos de la minoría no se pierdan, teniendo una representación en la cámara. Con ello, los sistemas proporcionales se caracterizan por elegir diputados en distritos con dos o más escaños, buscando reflejar ojalá de una manera fiel la distribución de las preferencias electorales entre los partidos. Bajo esta definición el sistema chileno sería de representación proporcional, aunque debe reconocerse que el menos proporcional de todos por tener sólo dos escaños por distrito.

Sin embargo, Nohlen (1985) critica estas dos definiciones pues dependen del resultado electoral o de la magnitud del distrito. Inglaterra antes de 1948 no tenía un sistema electoral proporcional pese a que la circunscripción uninominal no estaba aún consolidada, como ocurre hoy, y en España y Portugal existen circunscripciones plurinominales en sistemas electorales mayoritarias que permiten la representación en minoría. En consecuencia, el autor propone la definición de los sistemas electorales de acuerdo a lo que aspiran. Los mayoritarios buscarían formar una mayoría clara fomentando la desproporción entre los votos y los escaños. Los proporcionales, en cambio, no buscarían la formación de mayorías sino la representación de las preferencias electorales en el congreso. Bajo esta definición el sistema chileno es un híbrido que busca la mayoría a través de los incentivos que genera para la formación de alianzas electorales estables, pero que a la vez busca representar a los partidos políticos evitando una fragmentación excesiva del sistema (Von Baer, 2009). Con todo, si usamos a los partidos políticos como unidad de análisis el sistema chileno es proporcional.

Otra definición para sistemas electorales la da Sartori  (2010) quien señala que los sistemas electorales deberían evaluarse de acuerdo a sus resultados. El ejemplo puede ser el caso alemán que en su definición sería un sistema mixto con representación proporcional un distrito nacional y mayoritaria para distritos más pequeños, sin embargo, el resultado del sistema es completamente proporcional y por lo tanto así debería ser definido.

Al mismo tiempo, esto tiene sentido toda vez que en los sistemas políticos existe una serie de elementos que interactúa de forma sistémica generando inventivos para el comportamiento de los actores políticos. El sistema electoral tiene influencia importante, pero ésta no resulta tan decisiva como se pensaba, aunque sí es posible que posea un efecto manipulador en el comportamiento electoral de los votantes, quienes pueden cambiar su preferencia para “no perder el voto” optando por aquellos partidos con más posibilidad de ganar, hay otros elementos también importantes, como el apego de los partidos a determinados grupos sociales o la profundidad de las fisuras de la sociedad. La distribución territorial de los votantes de los partidos también es relevante.

Bajo esta definición –y usando siempre como unidad de análisis a los partidos– el sistema electoral chileno también resulta proporcional –aunque se nota más su carácter de "el menos proporcional– pues existe una brecha relativamente pequeña entre el número de votos y el número de escaños que obtienen los partidos, salvo en el caso de los partidos más grandes, que son beneficiados por el sistema, sin embargo, hay partidos pequeños que también logran representación, como el PRSD y el PRI quien con menos del 5% de los votos obtienen escaños.

El siguiente gráfico muestra los índices de desproporción de los votos. Cuando las líneas están por sobre el cero significa que los partidos han sido sobrerrepresentados obteniendo porcentualmente más escaños que votos y cuando está bajo el cero es porque han sido subrepresentados, obteniendo un porcentajes menor de escaños que de votos.

Se han usado sólo los partidos que han obtenido representación legislativa en la cámara de diputados de manera constante entre 1989 y 2009. No se incluyen los independientes dentro de pactos. El PS no presentó candidatos en la primera elección legislativa en 1989 pues el socialismo aún estaba dividido. Las facciones usaron al PPD y al PAIS como partidos instrumentales y también hubo candidatos socialistas electos como independientes dentro de la lista de la concertación. Fuente: http://www.elecciones.gob.cl

Lo primero que es posible ver es que no existe una proporcionalidad exacta y que la UDI, RN y la DC son los partidos que históricamente han sido sobrerrepresentados en la cámara de diputados. Pero al miso tiempo la DC y RN ha sido perjudicados, en 2005 y en 2009 respectivamente. El PPD fue beneficiado sólo en 2001. Las elecciones más proporcionales fueron las de 2001, cuando el promedio de la desproporción entre partidos llegó sólo a un 0,87% con una desviación estándar de 1,56%. La menos proporcional sería la elección de 1997 cuando el promedio de desproporción alcanzó un 1,28% con un 3,22% de desviación estándar. En 2009 el promedio de desproporción fue más bajo (un 0,89%) pero la desviación estándar alcanzó un 3,21% debido a la sobrerrepresentación de la UDI.

Las desventajas de la proporcionalidad pura

El sistema binominal, proporcional de acuerdo a la categorización de sistemas electorales, tiene índices desproporcionalidad relativamente altos para los partidos sobrerrepresentados. En 1997 la DC tuvo 8% más de escaños que de votos. La UDI en las últimas dos elecciones ha obtenido 5% y 7% de sobrerrepresentación. En la elección de 1989 la DC y RN obtenía más de un 5,5% más de escaños que los que le corresponderían por votación en un sistema proporcional puro. El resto de los partidos ha registrado históricamente índices bajos de desproporcionalidad, encontrándose los promedios históricos más altos en RN y la DC, con 2,71% y 2,64%, seguidos de la UDI, con 2,17%. La desviación estándar más alta la tiene la DC con un 4,45% y es esperable pues el partido pasó de estar sobrerrepresentado en las primeras elecciones a ser subrepresentado en 2005.

Sin embargo, hay que decir que un sistema electoral, al ser una pieza que interactúa con otras en el sistema político, puede tener efectos indeseables para la gobernabilidad. De esa forma, cuando tenemos representación proporcional hay que generar un equilibrio con la estabilidad para el gobierno. A partir de esta búsqueda de gobiernos estables y efectivos –sobre todo en regímenes presidenciales– es posible derivar dos conclusiones.

La primera es que la proporcionalidad pura, como ha sido argumentado por Sartori (2010) y estudiado por Lijphart (2000) genera un efecto multiplicador en el sistema de partidos, incentivando a que partidos menores entren a la cámara de diputados, aumentando así el número de partidos representados. Esto resulta negativo desde dos puntos de vista, el primero es que dificulta al gobierno obtener una mayoría que le permita desarrollar un gobierno efectivo y estable. En los presidencialismos esto resulta grave toda vez que un multipartidismo extremo y polarizado vuelve al presidencialismo inmóvil e inestable y el poder del presidente se ve opacado por su incapacidad de aprobar proyectos de ley. La inestabilidad de los gobiernos con un gran número de partidos se refleja en Italia o Israel y en los casos de la IV Repúbica Francesa o la Alemania de Weimar. En América Latina encontramos los casos de Perú o Brasil.

El segundo punto de vista tiene que ver con el control que puede realizar una oposición fragmentada a un presidente de minoría. En Argentina ocurre que el gobierno del FpV es minoría en la cámara de diputados, pero en la misma hay 16 fuerzas políticas representadas en un sistema de partidos desnacionalizado y con un sistema electoral altamente proporcional (Cox & Morgenstern, 2001)

De ahí que una ventaja del binominal es mantener un multipartidismo moderado pero con limitaciones suficientes para evitar la fragmentación excesiva, entregar mayorías suficientes al presidente de la República y evitar que las alianzas se rompan antes de terminar el mandato, entregándole al sistema una creciente estabilidad muy apreciada en el contexto latinoamericano.

La segunda conclusión, en contra del binominal, es que el sistema ha actuado como un agente determinante en la política de alianzas de los partidos, congelando dos coaliciones que no buscan cambiar debido a que la sobrevivencia electoral de los partidos está determinada por mantenerse cohesionados. El PRSD obtiene menos votos que el PC, pero aquel ha obtenido representación en todas las elecciones desde 1989, mientras que éste obtuvo diputados sólo en la última elección fruto de un acuerdo con la concertación. Esto ha generado una especie de camisa de fuerza sobre el sistema que impide que los partidos actúen de forma autónoma y se reconfiguren las alianzas. En política tiene poco sentido mantenerse unidos por tanto tiempo, pues las coaliciones en general buscan entregarle estabilidad al gobierno o sumar votos para alcanzar el poder y varían según cambien los intereses de los partidos. En Chile esos dos fines están sobrepasados por el de la sobrevivencia electoral.

Al mismo tiempo, la estabilidad ha alcanzado tal nivel que los cambios se hacen cada vez más difíciles. El gobierno es mayoría en la cámara de diputados aliado con el PRI –que no tiene presencia en el ejecutivo– pero en el Senado tiene minoría, la concertación tuvo durante varios periodos mayoría en la cámara, pero minoría en el Senado con los senadores designados derogados en 2005, y el periodo más favorable –el de Bachelet, con mayoría en ambas cámaras– revelo las fisuras internas de las coaliciones, particularmente de la concertación. Hoy existen poderes de veto, cruzados y numerosos que dificultan los cambios (Tsebelis, 2006): la cámara de diputados –con el PRI como actor especial– el senado –y la concertación de protagonista–, el presidente de la República, los partidos individualizados de la coalición de gobierno, la ciudadanía y los movimientos sociales. De alguna forma se ha configurado un escenario con un complejo equilibrio en el que el gobierno no puede gobernar sin buscar generar amplios acuerdos que satisfagan a todos pero que, en el peor de los casos, no cambien nada.

Entonces, en el corto plazo el sistema binominal generó estabilidad y atemperó las consecuencias de la proporcionalidad electoral, tan desventajosa para gobiernos efectivos y para coaliciones duraderas y eficaces. Pero en el largo plazo ha congelado en el sistema dotándolo de una estabilidad excesiva que es perjudicial para impulsar cambios estructurales. Y ese es el principal problema del sistema. No es tanto la proporcionalidad ni la exclusión, sino que es el hecho de forzar coaliciones que no deberían durar 20 años, pues los intereses van cambiando. Hoy la estabilidad se ha superpuesto a la gobernabilidad, anulándola.

Pero los cambios en el sistema deben intentar constituir un nuevo equilibrio que le permita al presidente efectivamente gobernar en un sistema que no se fragmente en demasía y además permitir que el efecto del voto sea notorio, esto significa, reducir el efecto manipulador del sistema que obliga a muchas personas a votar por ciertos partidos intracoaliciones pues saben que de votar por un partido fuera de la coalición perderían el voto.

Es así como los cambios tendrían que aumentar el número de escaños en los distritos más grandes, los cuales podrían variar entre 6 y 8 escaños. En los distritos medios repartir entre 4 y 6 escaños y dejar dos escaños para los distritos más pequeños, corrigiendo así otro vicio del sistema que tiene que ver con el peso del voto, pues distritos con alta población pesan lo mismo que distritos demográficamente pequeños. Las listas deberían ser abiertas, es decir, que el elector pueda elegir el orden en el que serán asignados los escaños a los integrantes de cada lista, evitando que la decisión deba pasar necesariamente por los partidos políticos.

¿Cambiando el sistema fuerzas políticas nuevas surgirán? Probablemente sí, pero lentamente, y es posible que las mayorías sigan siendo tomadas por las fuerzas tradicionales, al menos en las primeras elecciones. La mayor ventaja del cambio de sistema electoral es que ya no condicionará la obtención de escaños a la pertenencia a una de las coaliciones o a acuerdos por omisión entre las fuerzas políticas –restándole poder de decisión al elector– reconfigurando el mapa partidista de Chile y abriendo así la posibilidad a cambios mayores en la estructura política del país, hoy altamente deslegitimada.

Señalar que el sistema no es proporcional resulta falaz. El sistema funciona sobre una proporcionalidad impura –común en el mundo mediante variados mecanismos– que beneficia a los partidos más grandes. Sin embargo, hasta ahora la proporcionalidad se ha mantenido por acuerdos entre los partidos, lo que los ha alejado de la ciudadanía. Si fueran los partidos los que compitieran directamente y no a través de coaliciones el escenario sería completamente diferente y probablemente hoy tendríamos un bipartidismo fuerte con partidos menores con muy poco poder de veto. Y, con todo, si usáramos ese argumento tomando en cuenta los índices de desproporción de los partidos más grandes, estaríamos ignorando los problemas principales del binominal, su peso en la toma de decisiones de los partidos, la manipulación que se produce al elector por el voto estratégico, el congelamiento del sistema de partidos y el poco peso que a la larga tiene el votante en la decisión final de quién ocupa el escaño.

Es probable que hoy estemos en un escenario propicio para proponer cambios al sistema. La presión ciudadana sobre el gobierno es mayúscula y se hace fundamental dar la posibilidad para abrir el sistema político. Su cerrojo actual es el sistema binominal, hay que quitarlo, y ver si los electores deciden seguir beneficiando a las fuerzas políticas actuales o bien darles la espalda. Esa decisión se tendría que tomar en la urna.

Referencias

Cox, G., & Morgenstern, S. (2001). Legislaturas reactivas y presidentes proactivos en América Latina. Desarrollo económico , 373-393.

Lijphart, A. (2000). Modelos de democracia: formas de gobierno y resultados en 36 países. Barcelona: Ariel.

Nohlen, D. (1985). El análisis comparativo de los sistemas electorales, con especial consideración en el caso chileno. Estudios Públicos , 69-86.

Sartori, G. (2010). Ingeniería constitucional comparada. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Tsebelis, G. (2006). Jugadores con poder de veto. Cómo funcionan las instituciones políticas. Ciudad de México: Fondo de cultura económica.

Von Baer, E. (2009). Sistema binominal: Consensos y disensos. En A. Fontaine, C. Larroulet, N. Jorge, & I. Walker, Reforma al sistema electoral chileno (pp. 177-206). Santiago de Chile: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

Sistemas electorales y decisiones de los partidos políticos

Los sistemas electorales tienen un efecto significativo en el ordenamiento político e institucional de los países. Sin embargo, si seguimos a Sartori en Ingeniería Constitucional Comparada, el efecto es más complejo al señalado por Duverger en sus leyes electorales, pues los sistemas electorales funcionan en una red institucional más compleja que tiene efectos sistémicos en la conformación del sistema político.

A grosso modo las leyes de Duverger señalan una interacción entre la forma del sistema de partidos y el sistema electoral. Si el sistema electoral es mayoritario es altamente probablemente que forme un sistema bipartidista, en cambio, con un sistema electoral proporcional es más probable que se forme un multipartidismo, pues más partidos podrán ingresar al parlamento.

La crítica de Sartori a este esquema se centra en que resulta en extremo determinista indicar que el sistema electoral causa tales efectos en la estructuración del sistema de partidos, pues habría otros elementos que contribuyen a su formación. Latamente Sartori busca explicar, en primer término, a qué se le puede llamar un sistema de partidos estructurado para a partir de ello inferir los factores que le dan origen. Creo que es dable destacar que los sistemas de partidos estructurados pueden surgir solo cuando los partidos de masas desplazan y reemplazan a los partidos de notables propios del siglo XIX.

De lo anterior se deriva que las leyes de Duverger solo pueden ser aplicadas en contextos de sistemas de partidos estructurados, allí por tanto hay que buscar si se cumplen o no los efectos reductores o multiplicadores que los sistemas mayoritarios y proporcionales sugeridos a partir de las leyes de Duverger.

Si definimos un sistema bipartidista solamente con los criterios de coalición y chantaje –la definición de partido relevante– nos encontramos con una serie de países con sistemas bipartidistas en los que, sin embargo, hay terceros partidos con un importante caudal electoral. Sin embargo, sin tener en cuenta esos criterios de relevancia en la cámara política, solamente Estados Unidos se podría considerar un país con un sistema bipartidista puro donde la presencia de terceros partidos electoralmente significativos es escasa o nula. Reino Unido tiene presencia fuerte de los liberales-demócratas, hoy en el gobierno de coalición con los conservadores, Canadá tiene un tercero e incluso un cuarto partido con alta votación, lo cual lleva a que se formen gobiernos de minoría. Australia posee un partido que en realidad es una mezcla de dos partidos. Lo importante de todo esto es que si bien los partidos obtienen votos, casi nunca logran elegir candidatos y, de hacerlo, el número de escaños obtenidos no alcanza a ser suficiente para tener un impacto efectivo en la política de alianzas de los otros partidos o en la modificación de la agenda gubernativa del partido gobernante.

Por lo tanto habría que refinar las definiciones de bipartidismo para depurar el análisis. Entonces los bipartidismo estarían definidos por la existencia de dos partidos importantes que son capaces de gobernar solos independiente de terceros partidos. Eso diferenciaría lo que ocurre en Australia con lo que sucede en Alemania, donde el partido mayoritario (la CDU) debe hacer coalición son la SPD o con los verdes, como sucede actualmente. Una idea adicional es que incluso se puede dar un sistema bipartidista con gobierno de minoría, como lo que sucede en Canadá.

Esta definición, más amplia que la tradicional idea de dos partidos que se alternan en el poder, sin tomar en cuenta en ella la existencia de otros partidos con votación altas pero con representaciones parlamentarias irrelevantes. Ahora bien, bajo este esquema, habría que incluir también países que con un sistema electoral proporcional poseen un bipartidismo. Con ello, las leyes de Duverger pierden alcance para explicar los efectos reductores o multiplicadores de los sistemas electorales.

Sartori deriva cuatro enunciados. El primero de ellos señala que un sistema electoral mayoritario no puede por sí mismo estructura un bipartidismo pero que sí puede ayudar a mantenerlo cuando ya existe. La segunda regla es que en el largo plazo un sistema mayoritario puede producir un bipartidismo siempre que se cumplan dos condiciones: que el sistema de partido esté estructurado y que la proporción de votantes no sometidos al bipartidismo no se encuentre dispersa. La tercera regla indica que es imposible que exista un bipartidismo bajo cualquier sistema electoral siempre que un tercer partido represente a las minorías en una proporción mayor a la pluralidad. Esto se puede dar cuando existan minorías lingüísticas, étnicas, religiosas o de otro tipo. La cuarta regla indica que la representación proporcional tendrá un efecto reductor en la medida que imponga barreras de entrado o premios, diluyendo a partidos pequeños o que tiene al electorado muy disperso en distritos pequeños.

A la luz de este razonamiento, se proponen cuatro posible combinaciones que sirven para comprender desde un punto de vista más complejo los efectos del sistema electoral. La primera combinación destaca los efectos reductores que tiene el sistema electoral sobre el sistema de partidos. Esto tiene que ver no únicamente con la representación mayoritaria, pues como se señaló previamente, es posible que un sistema proporcional tenga efectos reductores bajo ciertas circunstancias. O bien, extendiendo el argumento de Sartorio, un sistema con características mayoritarias podría promover el funcionamiento de una mecánica bipartidista aún en un contexto multipartidista, como lo ocurre en Chile, con una competencia centrípeta de coaliciones plurales.

La segunda combinación posible tiene que ver con que, aunque exista una representación proporcional, un sistema de partidos fuertemente estructura limitará la actuación de los electores. ¿Podrían en Chile surgir nuevos partidos si el sistema electoral fuera más proporcional –pues en estricto rigor el sistema binominal es propocional– o se mantendría el escenario actual? ¿O los partidos seguirían bajo un path dependency tomando las mismas decisiones que han llevado hasta el actual escenario?

La tercera combinación señala que cuando existe un sistema electoral fuerte y un sistema de partidos poco estructurado, el efecto limitante se verá únicamente a nivel distrital y no tendrá consecuencias a nivel nacional. Según Sartori, está combinación puede explicar el fracaso de sistemas mayoritarios en contextos de sistemas de partidos poco estructurados para reducir la fragmentación del sistema, pues la presencia de partidos distritales es fuerte.

Finalmente, con sistemas electorales y sistemas de partidos débiles, el efecto que habrá será nulo respecto al proceso político. Es decir, mientras más pura se la representación proporcional –con un distrito único nacional, por ejemplo– y menos barreras existan para la representación –sin umbrales mínimos de votación– el efecto que tendrá el sistema electoral o el sistema de partidos sobre los resultados será cada vez menor.

En resumidas cuentas, podríamos señalar respecto de los efectos de los sistemas electorales en la conformación del sistema político, son condicionados también por otros elementos propios de la evolución sociopolítica de cada uno de los países y, por lo tanto, es posible explicar de esa forma las transgresiones a las leyes de Duverger en cuanto al número de partidos político que formen el sistema. Existen variables como la polarización del sistema, la existencia de divisiones sociales cruzadas entre sí –las que según Lipjhart dan origen a sociedades plurales– como condicionantes étnicas, lingüísticas, religiosas o regionales. Asimismo, la fortaleza e institucionalización de los sistemas de partidos puede tener efectos limitantes sobre las decisiones de los electores, aún bajos formas proporcionales de elección, con lo cual el impacto del sistema electoral no necesariamente será unidireccional en cuanto a la conformación del sistema de partidos o a las preferencias de los votantes.

Finalmente, creo que es adecuado enfatizar que los sistemas electorales sí tienen efectos importantes sobre el proceso político y no deberían ser tratados como variables constantes de éste cuyo impacto es nulo frente a otros aspectos. Muchas decisiones de los partidos políticos, desde un punto de vista de elección racional, pueden estar condicionadas a la sobrevivencia electoral, por ejemplo, la política de alianzas de los partidos puede tender a ello. Sin embargo, no se puede dejar de lado el hecho que el sistema electoral es parte de un entramado institucional formal y no formal que también actúa como determinante de las decisiones de electores y partidos. Así por ejemplo, un sistema distinto al binominal ¿habría producido los mismos efectos en la política de alianzas de los partidos chilenos durante los primeros diez años de democracia? So riesgo de parecer simplista, da la impresión que sí, toda vez que el plebiscito de 1988 dividió al país y ese pseudoclivaje se mantuvo al menos hasta la elección presidencial de 1999. Con todo esto, quiero señalar que no existe un determinismo ni una unidireccionalidad en la conformación de los sistemas y los procesos políticos, que en parte importante obedecen a elementos nacionales poco susceptibles de ser generalizados.

Construcción de instituciones democráticas en Perú, más que el voto en el extranjero

Estamos de acuerdo en algo. El voto de los ciudadanos en el extranjero es un elemento deseable para la democracia, más aún en un contexto de alta movilidad entre países donde las fronteras son lugares de paso y ya no barreras franqueables solo por algunos pocos ciudadanos. Vivir en otro países en muchos casos es sinónimo de búsqueda de oportunidades, ya sea para una vida mejor lejos de las carencias de los países subdesarrollados del sur o bien para perfeccionarse en algunos ámbitos, bien buscando mejor educación o mayor experiencia laboral, para volver luego al país  En cualquier caso, se trata de una especie de ciudadanía global, en la que los territorios van perdiendo importancia en la medida que la movilidad y las redes se ven fortalecidas.

Las últimas elecciones en Perú alimentaron un debate que hace tiempo se viene dando en Chile. Y no es que solo ahora los peruanos residentes en el extranjero hayan podido elegir al presidente, al congreso y a los miembros peruanos en el parlamento andino. Lo pueden hacer desde hace tiempo y su participación es relevante pues los 700 mil electores que no residen en Perú pueden definir una elección fácilmente.

Y ahora en Chile llueven las loas a la democracia peruana por permitir a sus residentes votar en el extranjero, sobretodo de la oposición que aprovecha la instancia para criticar la propuesta del gobierno que pondría ciertas condiciones para que los chilenos que viven fuera del país puedan votar. No es mi idea apoyar o rechazar la reforma que Sebastián Piñera ha planteado.

Pero entre las alabanzas a la democracia peruana se olvidan de las débiles instituciones del sistema político que quedan de manifiesto en la casi inexistencia de partidos políticos capaces de reflejar el orden social peruano, el surgimiento de caudillos modernos que aglutinan tras de sí las preferencias de electores que no ven representación en los movimientos políticos: Alberto Fujimori es una muestra de ello y los resabios de su gobierno casi dictatorial hoy se alinean tras la imagen de su hija, que muchos pintan como la continuidad de un gobierno terminado violentamente.

El APRA es el único partido político tradicional del Perú, relativamente institucionalizado y con una escasa disciplina. Pero hoy se ve reducido a un escaso 6,5% de las preferencias y a no más de 6 escaños en el congreso peruano.

Si usamos como medida para la estabilidad democrática la que usa Mainwaring, diciendo que son democracias estables las que por más de 25 años son capaces de garantizar ciertas libertades civiles y derechos políticos, Perú no calza. La pseduo dictadura de Alberto Fujimori terminó hace poco más de 10 años y entre Alejandro Toledo y Alán García se ha intentado fortalecer una democracia endeble gracias a un modelo de crecimiento que ha dado sus frutos y que, en lo grueso, no es amenazado por ninguno de los candidatos que se presentaron a la elección de ayer. Lo que está en discusión son las consecuencias muy conocidas de la apertura liberal de la economía: desigualdad y chorreo. Y de eso hoy los peruanos se dieron cuenta. No basta el chorreo, dijeron, para combatir las altas tasas de desigualdad y las precarias condiciones de vida de millones de personas en el altiplano y en el norte selvático.

Yo también alabo la democracia peruana, pero no porque sus residentes voten en el extranjero, sino porque la elección de 2001, 2006 y 2011 han sido competitivas, transparentes y libres y nadie pone en duda el resultado que han arrojado, independiente de los innecesarios calificativos que motejan las decisiones que soberanamente toma el pueblo peruano. Pero antes de ver eso, hago un ejercicio previo: reconocer las falencias, las debilidades que para la gobernabilidad democrática trae la alta fragmentación del congreso y la indisciplina partidaria. Reflejos ciertos de la debilidad institucional.

Y sabido es que la existencia de partidos políticos estables y disciplinados sí es una condición necesaria para una democracia efectiva, mucho más que el voto de los ciudadanos en el extranjero, que en un contexto de debilidad institucional generalizada puede no ser más que un bonito tinte democrático, tal como pueden serlo las elecciones que los dictadores convocan con el falso afán de legitimar su acción política en la conducción del Estado.

Perú avanza a paso seguro en la construcción de sus propias instituciones democráticas. Ollanta Humala, al que muchos han demonizado, hoy es parte de esta arena democrática que nadie pone en duda, pero que requiere de perfeccionamientos profundos. Perú no es Venezuela. Su contexto económico de para pensar que, guardando las proporciones, se parece más al Brasil que recibió Lula con un sistema de partidos tan o más indisciplinado que el peruano, que a la Venezuela en crisis que vio surgir al Chávez boliviariano.

Esperar que el mismo proceso político de Venezuela se repita en Perú con Ollanta Humala solo refleja el desconocimiento de la historia política de Venezuela y la ignorancia respecto al proceso político boliviano, que tantos comparaban con el chavismo, pero que ha sabido desmarcarse para dar respuesta a la demandas de la sociedad multicultural boliviana.

El análisis en muchas personas se queda corto. Alaban la democracia por un elemento que, sin dejar de ser importante, es accesorio en la medida que lo principal flaquee. Es positivo el voto en el extranjero, pero de ahí a señalar que eso hace a la democracia peruana más avanzada es reduccionista y, peor aún, es vendarse un ojo para destacar lo que nos conviene –si nos gusta el voto en el extranjero- pero ignorar otros elementos tan importantes para el funcionamiento adecuado de la democracia.