Ayer participé en los diálogos regionales programáticos de la Concertación juvenil, más específicamente en la comisión económica en la que expuso Cristóbal Huneeus. Una de las ideas que plantie durante la discusión fue un 'nuevo trato' del Estado hacia las empresas estatales que pueden ser consideradas, bajo ciertos criterios, estratégicas para el desarrollo del país o para los objetivos del gobierno. Idea que me gustaría desarrolla un poco.
Actualmente, las empresas del Estado se deben autofinanciar siguiendo el mismo modelo neoliberalizante que se implantó en la dictadura. Que una empresa sea del Estado no es ninguna garantía de que esta empresa le será útil a aquel para intervenir de alguna forma en la economía o en impulsar el desarrollo, esto, porque la institucionalidad o no existe, es insuficiente o simplemente no existen voluntades políticas para que el Estado sea un agente más activo en el mercado y deje de ser un mero 'regulador'.
Hay casos emblemáticos, hace algunos días en otro escrito desarrolle el aporte que podría ser EFE y un sistema ferroviario al desarrollo de una economía verde en el contexto de la huella del carbono. Pero hay otros puntos donde el Estado podría actuar. Cuando se implementó el Transantiago, el actual candidato de la Concertación, Eduardo Frei, propuso la idea de estatizar las empresas operadoras del sistema. Lo cual resulta lógico. Las grandes capitales del mundo tienen empresas estatales operando los servicios de transporte público, las cuales generalmente se encuentran complementadas con el metro. Un caso es el de Montreal, en Canadá -si bien no es la capital de Canadá- el metro y los buses de superficie son administrados por una empresa pública. ¿Cuál sería la utilidad de esto?. Por un lado, se ahorra el costo que produce la fiscalización y el control por parte del ministerio de transportes a las empresas operadoras y, por otro lado, deja de lado la conjunción de intereses que se deben plasmar en contratos -donde se debe reflejar además el costo de una negociación- el Estado presta directamente el servicio, procurando más que por la rentabilidad económica, por la rentabilidad social del servicio.
Otro caso que resulta relevante es un AFP Estatal, que actúe como garante de la competencia en el mercado de la administración de pensiones, así como en la salud se encuentra FONASA, resulta lógico que exista un ente estatal a cargo de las pensiones como alternativa a los privados.
Frente a esta actuación del Estado en la economía, se arguye el típico argumento del "Estado como mal gestor" y que por eso cualquier empresa del Estado tendrá un funcionamiento totalmente ineficiente y alejado de los estándares de los privados, con productividades bajas y con una burocracia similar a la existente en la mayoría de los servicios públicos. Pues eso se soluciona con instrumentos de gestión y administración tales que se evite la ineficiencia por mala gestión y que si se producen pérdidas sea por la naturaleza del servicio prestado. Por ejemplo, un transporte público subsiado, una AFP con comisiones más bajas, un servicio ferroviario eficaz que aproveche las externalidades positivas del tren, una empresa de petróleos que innove y busque otros mecanismos de provisión de hidrocarburos. No puede ser que, por ejemplo, ENAP no inicie exploraciones de gas en el golfo de arauco para ver la factibilidad de la explotación porque sea muy caro, porque deba endeudarse mucho o porque el Estado no puede subsidiar la exploración. Un privado en la administración no es una garantía cierta de eficiencia y productividad, basta mencionar que a nivel agregado la productividad de Chile es baja.
Los subsidios a las empresas públicas no deberían ser negados por la ley, su aplicación debería ser del todo transparente y económicamente se justifican en el hecho de generar cantidades óptimas de un servicio que en manos de privados puede resultar deficitario y poco atractivo. El Estado como "empresario" y dueño debería poder financiar las empresas que son de su propiedad, tal como ocurre con el "empresario privado". Análogo caso ocurre en las universidades estatales.
Finalmente, dos cosas: 1) Con esto la propuesta de MEO y del empresario Piñera queda por el suelo, resulta incoherente abrir Codelco a capitales privados, siendo Codelco una empresa estratégica para el Estado por sus aportes mionarios a las arcas fiscales. Coincido en que es necesario mejorar su gestión, transparentarla, quitar la ley reservada del cobre y permitir la recapitalización de la empresa con parte de sus utilidades. El argumento de que los privados administrarán mejor la empresa es falaz, bien puede administrarla mal bajo el argumento que la figura mixta no es eficiente... y sería el primer paso para perder Codelo de manos del Estado y de todos los chilenos. 2) Es necesario rebajar la 'barrera de entrada' que existe para el Estado a la economía, la Constitución señala que para que el Estado emprenda alguna actividad empresarial se requiere una ley de quorum calificado, debería ser más sencillo para el Estado intervenir directamente en el mercado y, he ahí, la propuesta de Frei por cambiar la Constitución que actualmente hay en Chile.
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