La Alianza del Pacífico en su relación con el resto de América Latina

Hace algunos meses, Andrés Oppenheimer publicó una columna en el diario La Nación de Buenos Aires, en la que señalaba la existencia de dos Latinoaméricas. Una comprometida con el libre mercado y la inserción global, conformada principalmente por Chile, Perú, Colombia, México y Panamá, con la mirada hacia el pacífico y el intento de inserción en bloques comerciales de largo alcance como punto común. Chile, Perú y México son miembros de APEC y Colombia ha iniciado desde ya hace algunos años ingentes esfuerzos por alcanzar acuerdos de libre comercio con varios países, entre ellos Chile y los Estados Unidos. Panamá ha sido llamada por la prensa “el Singapur de América Latina” por el potencial que tiene y pese a las sombras de una burbuja inmobiliaria (Laprensa.hn, 2011)

La otra, conformada por países que han puesto más resistencia a la inserción en bloques comerciales grandes y donde se ha beneficiado más la venta de materias primas. Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay formarían este bloque. Miran al atlántico y su mayor esfuerzo por integrarse comercialmente se ve reflejado en el Mercosur.

Para Edgar Vieria (Retrospectiva, 2011) esta conformación dual de América Latina tendría su reflejo formal en la recientemente constituida Alianza del Pacífico y el ALBA. La coincidencia no es completa con la opinión de Oppenheimer, pero sí es útil para reconocer las dos posturas que tienen los actores secundarios en América Latina. Es decir, Brasil queda fuera de la ecuación tanto por sus dimensiones como por las características de la inserción global a la que aspira. Allí el ALBA como bloque sí cobra sentido, en contraposición a los países que han empezado a mirar con mayor énfasis hacia el pacífico y a liberalizar crecientemente sus mercados.

En ese marco, nacen una serie de interrogantes, algunas más difíciles de responder que otras, que tienen a ver cómo se inserta este nuevo bloque en el amplio –quizás demasiado amplio– abanico de organizaciones latinoamericanas de integración. ¿Qué posición puede tener Brasil en esto? ¿Cómo se relacionará con el Mercosur? ¿Y con la Comunidad Andina? ¿Qué postura tienen los demás países latinoamericanos con costas al pacífico?

Comunidad Andina y Mercosur

En primer lugar, la gran diferencia con el otro gran bloque comercial de América Latina: El Mercosur, es que en conjunto el nuevo bloque exporta más del doble que el Mercosur, representando cerca de un 55% del comercio exterior de la región y, además, teniendo una inserción muy significativa a través de tratados bilaterales de libre comercio. Eso se contrapone con lo que recientemente han hecho Argentina y Brasil, aplicando ciertas medidas proteccionistas a su comercio exterior y enfrentando dificultades para insertarse en las redes de comercio global.

La Comunidad Andina, por otro lado, ha visto en las últimas décadas cómo sus integrantes y promotores más significativos: Chile y Venezuela, la han abandonado y, de acuerdo a Klaus Bodemer, ex director del GIGA Hamburgo, la integración de la Alianza del Pacífico por parte de Perú y Colombia viene a quebrar definitivamente una agónica CAN, que en la práctica ha dejado de existir (DW.de, 07/06) y que en su seno aloja a las dos visiones predominantes en el marco de los procesos políticos latinoamericanos: Ecuador y Bolivia, por el lado bolivariano, y Colombia y Perú, por una relación más amistosa con la globalización.

Es decir, si ponemos a la Alianza del Pacífico en perspectiva con los otros bloques de la región, nos encontramos con que viene a renovar las perspectivas de integración económica y comercial en América Latina, pero con nuevos aires, que ya no provienen de la promoción del comercio intrarregional, sino de mecanismos para insertarse de una forma más competitiva en un entorno global. La CAN y el Mercosur representan esfuerzos fracasados, fraccionados y agónicos, en tanto, la Alianza del Pacífico un nuevo camino que aspira a convertirse en un referente nuevo y que ya ha despertado el interés de otros países por integrarlo: Panamá y Costa Rica, quienes podrán ser miembros plenos del bloque –hoy son observadores– cuando terminen las negociaciones de los acuerdos comerciales que tienen pendientes con los países miembros.

Brasil en la costa pacífico

La Alianza del Pacífico viene a ser una confirmación fáctica de la importancia creciente del pacífico en las relaciones de poder a nivel global. Se suma a otras iniciativas que destacan esto, como la reciente estrategia de defensa de los Estados Unidos y la APEC, organización pionera en la integración económica de la cuenca pacífica. En ese marco, tener acceso al océano pacífico es una condición casi fundamental para llegar a ser un actor relevante en la política mundial. En esa línea, Brasil se convierte en el único BRIC sin acceso a la ribera del Pacífico y sus principales alternativas para llegar a él mediante convenios de infraestructura –fundamentalmente Chile y Perú– hoy pueden mejorar ostensiblemente su posición para negociar con Brasil este tipo de convenios.

No obstante lo anterior, se debe tomar en cuenta que dichos procesos están dados también en el marco de otros acuerdos internacionales, como el de UNASUR e incluso uno previo, la IIRSA (Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana) que nace el 2001 en Brasilia, y que promueve la construcción de carreteras transcontinentales, puertos, aeropuertos e infraestructura energética que facilite la integración. En consecuencia, no es eso lo que viene a ser más complejo para Brasil.

Lo que es más importante es que Brasil convive en América Latina con Estados con suficiente autonomía en el escenario internacional que, sin aspiraciones de hegemonía global, sí buscan insertarse en esos espacios, Chile probablemente el que más. Brasil, en ese marco, no viene a ser la gran potencia sudamericana que media en la relación del resto de los Estados con el resto del mundo. Tiene un liderazgo regional pero a nivel latinoamericano no es el único actor legitimado por el sistema internacional y eso lo ha obligado a articular alianzas en otras regiones, como el mismo BRIC y el IBSA.

La Alianza del Pacífico está constituida por potencias medianas regionales o secondary regional powers, definidas así pues las potencias regionales, en este caso, Brasil, requieren de su cooperación para alcanzar ciertos objetivos a nivel regional e incluso global (Nolte, 2006: 17). Así por ejemplo, Brasil requiere de Chile y Perú para alcanzar la cuenca del pacífico y de Colombia para generar mecanismos de cooperación en temas de seguridad regional e integración militar (Telesur, 02/05).

Con el caso de México la relación puede ser algo diferente. La distancia geográfica y los aparentemente irrompibles lazos entre México y los Estados Unidos, parecieran alejar al país azteca de América del Sur, pero la Alianza del Pacífico viene a mostrar que esto no sería tan así y que México sí tiene algún grado de interés en la región y en las posibilidades que le pueden brindar su relación con economías estables y con aspiraciones similares ¿Un desafío a Brasil? Difícilmente, pues México tiene una serie de problemas internos que le impiden sostenerse en el escenario global como una potencia de gran alcance. Pero sí es una señal para hacerse presente en Sudamérica y reiterar que en América Latina Brasil no monopoliza el poder.

Por tanto, la Alianza para el Pacífico, pese a las palabras de buena crianza de los presidentes, que han dicho que no es un bloque para desafiar a alguien, sí parece ser una instancia que busca contrapesar el rol de Brasil en la región, articulando a potencias medianas regionales en asuntos comerciales y financieros para mejorar su posición respecto de Brasilia y, más especialmente, respecto de las economías del sudeste asiático.

Ecuador y América Central

Dos elementos más dignos de mención son la posición que tienen otros países con costas en el pacífico sobre de esta alianza. Ellos serían Ecuador, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Panamá y Costa Rica ya han solicitado su ingreso a esta Alianza y los Estados Unidos han mencionado la posibilidad de una gran área de libre comercio entre todos los países ribereños del pacífico. Algo que, de concretarse, en el largo plazo terminará por superar a APEC.

En este punto es interesante notar dos elementos. El primero es la conciencia pacífico, es decir, que tanto acercamiento tienen los países con el bloque de la cuenca del océano pacífico, tanto en términos de comercio, como por la posición geopolítica que ocupan. El segundo tiene que ver con las visiones de desarrollo de los países y su aversión por estos mecanismos de apertura comercial e inserción global.

Para el caso de Ecuador ambas condiciones están presentes. La relación del país con la cuenca pacífica es escasa, su posición cordillerana lo pone de espaldas al océano y sus propios ciudadanos tienden a mirar mucho más hacia los Estados Unidos  y a Europa por razones económicas o comerciales, que al Asia. Tendencia que, sin embargo, ha venido cambiando en los últimos años. El segundo elemento está presente desde el gobierno del presidente Correa, que ha instalado un programa con tendencia socialista bolivariana. La firma del acta constitutiva de la Alianza del Pacífico generó varias críticas a Rafael Correa, señalando que Ecuador se encuentra a la deriva en la generación de alianzas que tiendan a dinamizar la economía, salvo en su relación con China (Hoy.com.ec, 08/06). La presencia de Ecuador en UNASUR no responde a aspiraciones comerciales, pues en su génesis, UNASUR es un organismo de integración política y no comercial. El diario de Quito El Comercio fue mucho más duro, al señalar que la Cancillería ecuatoriana está mucho más interesada en defender tiranías de oriente medio que en mirar al futuro del país o, al menos, al presente (El Comercio, 10/06). A pesar de esta situación, en futuro cercano pareciera ser probable que más por necesidad que por motivaciones ideológicas, Ecuador tenga que empezar a mirar más de frente el océanos pacífico por las oportunidades que entrega.

Centroamérica es un caso variopinto. El Salvador, Honduras y Guatemala viven una escalada de violencia que acapara gran parte de las energías de los gobiernos, su relación con los Estados Unidos en términos comerciales y financieros es muy alta y solo recientemente ha aumentado tanto el comercio intrarregional como con China. Por otro lado, Nicaragua, adhiere a las líneas programáticas del ALBA, con lo que su posición es bastante parecida a la que sostiene Ecuador, en cuanto al rechazo de estas instancias que, de alguna forma, terminan consolidando las estructuras comerciales del mundo.

Como conclusión, la Alianza del Pacífico es muy nueva para evaluarla en términos globales, sin embargo, desde la perspectiva de quiénes la conforman y de los intereses de cada uno de esos Estados, no pareciera ser tan incorrecto señalar que de prosperar se empezará a convertir en una alternativa al ALBA y en versión aggiornadade la hoy fenecida ALCA, en la que más que miradas endógenas, exista la voluntad por posicionarse conjuntamente en el escenario global y mejorar la posición para negociar e incluso contrapesar el poder de algunas potencias emergentes, particularmente Brasil en América Latina; y China, India, Corea del Sur o Viet Nam, en la ribera oriental del océano pacífico, nuevo centro de las relaciones de poder a nivel global.

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Entrada originalmente publicada en www.ballotage.cl 

El sueldo mínimo, la calidad del empleo y la inflación

La discusión sobre el sueldo mínimo se centra todos los años en los efectos que un alza muy pronunciada puede provocar en los equilibrios macroeconómicos –particularmente la inflación– y también en el nivel del empleo. Lo primero tiene que ver con la productividad, pues la teoría nos señala que los sueldos suben en la medida que aumenta la productividad de los empleos, de no ser así, se estarían alimentando escaladas de inflación producto de la mayor cantidad de dinero circulante en la economía sin un correlato de producción.

Lo segundo tiene que ver con que las empresas que mayormente contratan a sus trabajadores por el sueldo mínimo son micros, pequeñas y medianas empresas que no podrían enfrentar un alza del sueldo mínimo mucho más alta que el crecimiento de la productividad y por lo tanto la solución sería despedir trabajadores dejándolos en una situación de mayor vulnerabilidad. El razonamiento es algo así como “ganan poco, pero peor sería que ganaran nada”.

Este supuesto equilibrio nos lleva a varias ideas que no se toman en cuenta a la hora de la discusión del corto plazo, pues ésta se centra en cuánto puede crecer el sueldo mínimo en un conflicto de suma cero donde las posiciones del gobierno y de los trabajadores se contraponen.

La primera idea es la calidad de los empleos en Chile y las posibilidades que tienen para volverse más productivos. Un estudio de Kirsten Sehnbruch y Jaime Ruiz-Tagle realizado para la subsecretaria del trabajo el año 2009 demostró que cerca de un 60% de los empleos en Chile son precarios, definidos éstos como empleos poco productivos, mal remunerados y sin las condiciones adecuadas de protección social.

La pregunta luego es por qué estos empleos son pocos productivos y la respuesta más plausible es que la economía chilena se sustenta en gran parte gracias a sectores económicos y a industrias que producen empleos de mala calidad. Las industrias de servicios, retail, agricultura de baja productividad y, por cierto, micro, pequeñas y medianas empresas con una baja productividad. La economía chilena produce este tipo de empleos, en parte porque el desarrollo de sectores económicos más productivos y sofisticados es escaso y porque la inversión en mejoramiento del capital humano desde el punto de vista técnico no es suficiente para alcanzar trabajadores mejor preparados –y más productivos– para los empleos que hoy existen.

La segunda idea tiene relación con el insuficiente alcance del alza anunciada por el gobierno para restituir el poder adquisitivo de los trabajadores que reciben el sueldo mínimo. Bajo la lógica que un alza de esta variable debería ir en línea con la inflación acumulada –aunque también se ha dicho que debe ir en línea con la inflación proyectada– para devolverle a los trabajadores el poder adquisitivo que la moneda va perdiendo con el alza de los precios de los productos y también en línea con el crecimiento de la productividad (Ministerio de Hacienda 16/06), de modo que a mayor productividad aumente el poder adquisitivo de los trabajadores, se nos presenta el siguiente escenario.

El alza aprobada en la cámara baja fue de un 5,5%, lo cual deja el sueldo mínimo en 181 mil pesos. El alza real, sin embargo es de un 2,2% pues el 3,3% adicional únicamente responde a la inflación acumulada en los últimos 12 meses. De acuerdo a la combinación de variables –inflación y productividad– el alza debe haber sido solo de un 4,4%, de acuerdo a lo señalado por la comisión de expertos que el ministerio de hacienda convoca para estos fines, para mantener consistente el sueldo mínimo con los equilibrios macroeconómicos y las condiciones del mercado laboral.

Pero ¿Quiénes ganan el sueldo mínimo? La respuesta a esto la da la encuesta CASEN que señala que en Chile las personas que ganan entre 1 y 1,5 sueldos mínimos llegan a casi un millón de trabajadores. En una familia de cuatro personas, donde solo un integrante trabaje, como es la norma en los hogares de menores recursos, ganar entre 172 mil y 258 mil pesos se convierte en una condena a ser pobre o a mantenerse levemente por sobre la línea de la pobreza. Pero las cifras son siempre engañosas y la situación siempre puede ser peor a cómo se ve en los números presentados por el gobierno… por cualquier gobierno.

Las familias de los quintiles más bajos, además, destinan gran parte de sus ingresos a alimentos. Es natural. La comida es lo prioritario cuando el dinero es escaso. ¿Cómo es el comportamiento de la inflación en el tramo de alimentos? El alza acumulada en 12 meses es de un 7,4% y las expectativas que existen al respecto señalan que se mantendrá al alza. El pan y la lecha líquida han subido, solo en un mes, un 2,5% y un 2,9% respectivamente y la lecha en polvo un 4,2%. Los servicios básicos como agua, electricidad y gas han tenido un alza de un 7,3% en el último año, el gas licuado y la parafina, ambos combustibles usados como calefacción o para cocinar en los hogares más pobres, han subido en último mes un 2,6% y un 1,3% respectivamente. Y el transporte ha subido un 5,3%.

Con todas estas cifras, vista de forma desglosada y más transparente ¿es posible pensar que un crecimiento del 5,5% del sueldo mínimo es capaz de restituir el poder adquisitivo a los trabajadores más pobres? La respuesta es categórica: no. Ni pensar en aumentar el sueldo en términos reales. Cuando los alimentos, el transporte y los servicios básicos están subiendo dos o tres puntos porcentuales más que el IPC en términos agregados, el alza del sueldo mínimo viene solo a paliar una situación de precariedad creciente entre los trabajadores más pobres del país.

A modo de conclusión, hay dos desafíos muy presentes que se abren para mejorar los ingresos y la posibilidad de obtenerlos en los trabajadores de los quintiles más bajos. El primero pasa por mejorar la calidad de los empleos generando programas de innovación, desarrollo y agregación de valor a procesos productivos y que además consideren programas efectivos para capacitar a los trabajadores, tanto en aquellos sectores productivos nuevos que pueden surgir como en aquellos que hoy tenemos y que tiene falencias en su productividad.

Lo segundo tiene que ver con sincerar las cifras con las cuales se realiza el reajuste. No es adecuado que la opinión pública y los trabajadores vean que su sueldo crece cuando en realidad y de acuerdo a los hábitos de consumo de las familias que viven con el sueldo mínimo, el crecimiento es marginal, no restituye poder adquisitivo ni permite a las personas aumentar sus ingresos en términos reales. A partir de eso es necesario revisar las soluciones que se pueden plantear para mantener el justo equilibrio entre el mercado laboral, los equilibrios macroeconómicos y la ineludible responsabilidad que tiene el gobierno por mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

El alza de los alimentos: ganadores y perdedores

El mundo está viviendo un escenario de escalada en los precios de los alimentos muy similar al que ocurrió a partir de fines de 2007 y que desató crisis alimentarias en varios países pobres  y olas inflacionarias que afectaron a gran parte del mundo, incluido nuestro país. En octubre de 2008 la inflación en Chile llegó a un nivel de casi un 10% en 12 meses, de acuerdo a los datos entregados por el INE, desbordándose ampliamente del rango meta del Banco Central.

Hoy las presiones, si bien de la misma naturaleza, son un poco diferentes. Las expectativas de inflación son menores a las que existían en 2008 y se ha dicho que si bien existen posibilidades de que la inflación alcance niveles parecidos a los de 2008, éstas son menores e incluso el efecto de la actual alza de alimentos llegara con un rezago de al menos 3 meses al país (La Tercera, 20/02). En todo caso, Chile no será ni por lejos uno de los países más afectados por esta alza, si bien la inflación podría subir y el costo a pagar será una desaceleración de la actividad económica para llevarla a niveles del PIB potencial, en otros países más pobres el costo será mucho más elevado y tendrá tintes sociales significativos. Los alimentos, entre octubre de 2010 y enero de 2011 han subido un 15%, situándose un 29% por sobre el precio que tenían en el mismo periodo del año anterior.

Pero ¿cuál es la razón por la que suben los alimentos? Varias razones pueden sindicarse en la base de esta alza de precios. Por un lado están los daños que las inundaciones produjeron en Australia y que dañaron cientos de hectáreas de cultivos, además se registraron importantes incendios forestales y sequías en Rusia, uno de los principales productores de trigo del mundo, que provocaron la pérdida de las cosechas en numerosos campos. Pero también hay componentes de la demanda que contribuyen a subir los precios. Países como China o la India producen un efecto desestabilizador en los precios de los comodities, bien lo sabemos en el caso del cobre, y los alimentos no son la excepción.

Adicionalmente, una causa de que suban los alimentos recae en la producción de biocombustibles con maíz o aceite de soja. La producción de biocombustibles desplaza los cultivos para alimentos y ganadería, reemplazándolos por campos dedicados a la materia prima para el biodiesel, reduciendo así la oferta de alimentos. Si bien esta situación aún no es masiva, se han iniciado importantes inversiones en investigación para producir biodiesel. En Estados Unidos, el año 2009, el departamento de energía anunció que inyectaría 786,5 millones de dólares para acelerar la creación y comercialización de biocombustibles (Motor.es) y en 2007 la entonces administración Bush llevó a cabo un acuerdo con Brasil por el desarrollo de este tipo de energía (América.gov, 22/03/2007). Los biocombustibles tienen la capacidad de reducir la dependencia de los precios del petróleo y teóricamente disminuyen las emisiones de CO2 a la atmósfera, sin embargo, aumentan la presión sobre los precios de los alimentos y la producción de sus materias primas motiva la deforestación, con lo cual los beneficios netos de estos combustibles son dudosos.

Dos razones más se pueden añadir, por una parte, la especulación. Los mercados ya han empezado a sentir el alza y continúan generando una sensación “alcista” que no detiene la subida de los precios, por el contrario, la alienta. Por otro lado, está el alza del precio del petróleo que afecta de manera casi transversal a la actividad económica y que redunda en alzas en los costos de producción de los alimentos y en su transporte a los centros de distribución.

Así las cosas, tenemos un escenario en que en todo el mundo los alimentos empiezan a subir de precio y se generan no solo presiones inflacionarias sino que también eventuales problemas sociales. En China, por ejemplo, el alza de los alimentos en enero de 2011 fue de un 10,3% respecto al primer mes de 2010 (DF, 15/02) y el gobierno de Hu Jintao ya ha lanzado algunas medidas para contener el alza por temor a que generen inestabilidad social. Adicionalmente, el presidente del Banco Mundial ha señalado que los precios de los alimentos se encuentran en niveles peligrosos y su impacto podría complicar las frágiles condiciones sociales y políticas de oriente medio y Asia Central (América Economía, 16/02). Sin ir más lejos, las actuales revueltas sociales en el norte de África y en el Magreb tienen su origen, en parte, en las precarias condiciones económicas de los países afectados.

También tenemos el costo social de las alzas. En el mundo académico se ha generado un relativo consenso en que el alza de la pobreza en Chile en la última encuesta CASEN tiene sus raíces, en parte, en el IPC de los alimentos. La misma CEPAL publicó a fines de 2010 su informe social para América Latina en el que revela que la pobreza en Chile, aislando el efecto de los alimentos, habría bajado. Ese efecto negativo de los precios de los alimentos en los índices de pobreza se da en todo el mundo y afecta a los más pobres, pues son ellos quienes destinan la mayor cantidad de sus ingresos a alimentación. De acuerdo a lo señalado por el banco mundial (América Economía, 16/02)  44 millones de personas en todo el mundo serán arrastradas a la pobreza debido a los actuales niveles de precios de los alimentos y eso, bien en países pobres con poco espacios para tomar medidas que reduzcan los precios o bien en otros donde el espacio para usar la política fiscal es muy reducido o nulo, con lo cual la actuación posible de los gobiernos para contener precios es escasa.

Pero el alza de los precios tiene otra cara, aquella de los países que se ven beneficiados por la subida. La Argentina, Brasil y Rusia han presentado sus reparos, en la última cumbre del G20, contra la propuesta que han hecho países desarrollados para controlar los precios de las materias primas, entre ellas los alimentos (La Nación, 19/02).  Y es que para los países emergentes productores de alimentos el alza en los precios no significa tanto inflación –pese a que en la Argentina cifras no oficiales señalan que ha llegado al 25%- y sí más ingresos para los fiscos y mayor crecimiento económico. No obstante, en un escenario así, el peligro de la enfermedad holandesa se cierne sobre las economías emergentes y los incentivos para convertirse en economías más competitivas y con mayor valor agregado se reduce.

El tema alimentario se suma a otros dilemas y desequilibrios globales que vive la economía, no obstante, no se está exento de peligros. Nicolás Eyzaguirre (La tercera, 21/02) señaló que hay que tener presente que la bonanza nunca dura para siempre y que en América Latina hemos aprendido aquello. Será bueno tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando el fantasma del recalentamiento y la inflación se cierne sobre nuestras economías.

Crecimiento económico sano, sólido y sustentable... oh, wait!

La economía chilena ha crecido en diciembre un 5,7%, el mercado, sin embargo, esperaba una cifra en torno al 7% (La Tercera, 08/02). Pese a esto, el presidente Piñera señaló que “Chile ha recuperado su capacidad de crecer” (gob.cl, 07/02), esa afirmación es cuestionable, en la medida que 2010 ha sido un año de pujante actividad económica que se ha registrado de la mano de hechos que no son habituales todos los años en nuestro país.

En primer lugar, durante 2009 se registró una significativa caída de la actividad, esto es un asunto que no debería estar fuera de los análisis que se hagan.  Si bien en diciembre de 2009 el IMACEC fue de un 3,9% pues la economía ya empezaba a registrar una incipiente recuperación después de la desaceleración de los tres primeros trimestres del año, todavía era baja y quedaba espacio para ir salvando la brecha del PIB que se mantenía.

En segundo lugar, en 2010 vivimos el terremoto que obligó a la recuperación de numerosos activos por parte de los consumidores y a realizar significativas inversiones de parte de los empresarios. Así, no es casualidad que en marzo de 2010 la actividad económica haya caído un 2,2%, pero que en los meses posteriores se hay registrado una notable recuperación que incluso rompió el techo del 7% en varios de los meses del año, desatando también la algarabía del gobierno.

Un tercer hecho que si bien creo tuvo un impacto menor pero que de todas maneras generó cambios en la conducta de los consumidores fue el mundial de fútbol, que impulsó la actividad del comercio, pero que también provocó un efecto inverso en cuanto a productividad, debido a que en las empresas se detuvo el trabajo para ver los partidos de la selección.

En consecuencia, cabe que nos preguntemos ¿Qué ha hecho el gobierno para que la economía chilena “recupere la capacidad de crecer”? Hasta ahora solamente se ha publicado una agenda de de desarrollo que incluye una serie de tareas que deberían ser emprendidas por varios ministerios para aumentar la competitividad de la economía chilena, la calidad de los empleos y generar tasas de crecimiento sustentables para llegar a ser un país desarrollado en los simples términos planteados por el gobierno, es decir, que el ingreso per cápita alcance los niveles de países de la periferia europea.

Pero existen razones para pensar que dicha agenda tendría un efecto limitado al menos en el corto plazo. ¿Qué nos señala este documento? Incorpora variadas formas de aumentar los niveles de inversión en diferentes campos de la actividad económica desde energía y concesiones, hasta turismo e incentivos tributarios. También considera ítems para aumentar la productividad, tan venida a menos en Chile, promover la inversión extranjera y mejorar el mercado de capitales con la anunciada pero no detallada reforma “mercado de capitales bicentenario” o MKB.

Cierto es que la agenda puede ir en el camino correcto pero también no es menos cierto que dichas reformas pueden no tener efectos en los 3 años que restan del gobierno de Sebastián Piñera. Más cuando considerados dos variables más: 1) El contexto de los mercados desarrollados se está volviendo lentamente más favorable atrayendo de vuelta a inversionistas que durante 2010 se cambiaron a países emergentes por su favorable posición en un contexto global inestable y desequiibrado (La Tercera, 10/02). 2) El 2011 es el único año en que no habrá elecciones. 2010 ha visto a una oposición desarmada y este año será la prueba de fuego para una coalición que pretende no seguir cayendo electoralmente. Sabido es que los contextos electorales son también puntos importantes en la formulación de políticas públicas.

El punto central es que el gobierno debe impulsar una batería de reformas durante el menos un año de su gobierno esperando que tengan efecto sobre la economía chilena en los próximos 6 para alcanzar el desarrollo antes de 2018, tal como lo señaló el presidente en su discurso del 21 de mayo. Pero incluso así, tomando un horizonte mayor de tiempo para impulsar y ejecutar las reformas necesarias, hay elementos que tomarán más tiempo y/o que no necesariamente obedecen a lo que se está planteando en la agenda de desarrollo.

Primero, Chile se encuentra en una compleja situación energética que en un par de años más podría ser crítica, no solo porque el escenario ambiental se transforma en un dilema debido a las inversiones programadas para centrales a carbón en un entorno global que busca todos los días inversiones en energías limpias y renovables. Sino que también pues el escenario energético es una variable significativa para la inversión en otras áreas de la economía. Vale señalar que durante el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando estalla el conflicto gasífero con la Argentina, la economía se ve resentida, es posible asociar en parte el bajo crecimiento promedio del gobierno anterior a los problemas energéticos y además en 2008 se generaron presiones inflacionarias que también provinieron de ese sector: generar energía con carbón o petróleo es más caro que hacerlo con gas.

Segundo, Chile mantiene su tendencia a los recursos naturales sin el suficiente valor agregado que potencie ventajas competitivas y no comparativas. La agenda de innovación del CNIC 2010-2020 publicada en el sitio del organismo no contempla nichos nuevos de actividad económica. Por lo tanto ¿dónde queda la supuesta innovación?

Tercero, algunos rubros de la actividad económica no pueden prescindir de la acción del Estado, aún cuando se planteen incentivos tributarios, puede que no resulten suficientes para promover la inversión privada porque su explotación o construcción tiene costos hundidos significativos que dificultan la obtención de utilidades por parte de privados. Uno de ellos puede ser la inversión en ERNC como solares o eólicas que representan un alto costo. Asimismo, el transporte ferroviario con un alto costo de construcción y explotación pero con positivas externalidades para la sociedad, sobre todo en el transporte de cargas.

Por lo tanto, y a modo de conclusión, no se trata solamente de potenciar e incentivar lo que Chile ya produce para mantener niveles sustentables de crecimiento, la matriz  productiva del país es insuficiente para asegurar que la actividad económica se dinamice bastante como para alcanzar en el plazo autoimpuesto por el gobierno niveles de desarrollo de países europeos. La meta ha de ser, por lo tanto, abrir nuevos caminos de desarrollo capaces de ampliar la matriz productiva de Chile y paralelamente realizar las inversiones necesarias para asegurar que esas actividades puedan crecer y mantenerse de forma sustentable, sin que sean amenazadas por problemas energéticos o ambientales, tomando en cuenta el énfasis que se está dando a temas como la huella de carbono. Ese es el camino para aumentar de manera significativa la calidad de vida de los chilenos y lograr que el crecimiento económico sí se convierta en la puerta hacia el desarrollo y sea realmente sano, sólido y sustentable.

Cautela y desafíos frente al crecimiento económico de América Latina

El mundo ha visto una de las crisis económicas más graves del último siglo, cuyo parangón es la gran depresión de los años 30 que sumió a Estados Unidos en un profundo abismo del que solo pudo salir definitivamente con la reconversión industrial que la segunda guerra mundial produjo. Esta vez le desaceleración fue menos profunda pero aún no se tiene claro las perspectivas del crecimiento mundial para los próximos años, pero si hoy algo se tiene claro es que no se volverá (ni se debería volver) a un ciclo de expansión similar al que se dio antes de 2007, alimentado por el consumo y la especulación que fueron inflando una burbuja que estalló estrepitosamente hacia el tercer trimestre de 2008.

Pero la recuperación está siendo más lenta de lo que se podría haber esperado, sobre todo en los países desarrollados que están agregándole una cuota de cautela a la euforia con la que particularmente el gobierno de Chile ha venido presentando las cifras es recuperación económica. Es un hecho cierto que toda América Latina, salvo Venezuela, están creciendo a tasas considerablemente altas y que los esfuerzos que los países han emprendido para contener la inflación han venido a alimentar una círculo virtuoso (o vicioso) de crecimiento sustentado en el ingreso de capitales que buscan tasas de interés más rentables. Los países desarrollados, en su intento por mantener a flote sus economías y alejar el fantasma de la deflación han llevado a cabo millonarios planes de emisión de dinero y mantienen tasas de interés en mínimos históricos. Eso solo le agrega carbón a la locomotora de los desequilibrios globales. Hoy no hay duda en que son los emergentes los que están manteniendo en terrenos positivos las cifras de crecimiento del PIB global.

Brasil ya ha puesto controles al ingreso de capitales. El 10,75% de la tasa de interés brasileña, que tiene proyecciones de seguir subiendo por la inflación por sobre la meta del gobierno durante 2010 (Diario Financiero, 29/11) es un imán potente a las emisiones de dólares que está haciendo la reserva federal para impulsar la economía estadounidense; caso análogo ocurre en la Argentina, cuyo manejo económico, altas reservas, gestos políticos que muestran una manejo responsable de la deuda pública y el precio de la soja que sigue manteniéndose alto en los mercados internacionales (Clarín, 14/10) convierten a nuestro país vecino en un destino atractivo para el dinero de inversores ávidos de tasas de interés reales positivas.

En Chile las cosas no están siendo muy diferentes. Nuestro país, miembro de la OCDE y constantemente alabado por el manejo macroeconómico de los últimos años, ha visto caer el tipo de cambio debido al ingreso de capitales y alto precio del cobre. El gobierno, a la vez, se ha negado sistemáticamente a usar algún mecanismo para controlar el ingreso de capitales, inclinándose por otro tipo de herramientas que incluyen, por ejemplo, aumentar el límite de las AFP para invertir en el extranjero, de modo que puedan sacar capitales del país y apreciar el tipo de cambio. Hasta ahora el efecto ha sido limitado y el dólar se mantiene bajo pese a la recuperación que ha visto en las últimas semanas.

En este escenario vale la pena preguntarse si en América Latina estamos viviendo un ciclo virtuoso fruto de las buenas reformas hechas durante los años en que nuestra región era cuna de crisis globales o más bien estamos siendo víctimas de una locomotora sin control cuyo carbón son los numerosos dólares que vienen desde las emisiones de la FED. En este punto entra la responsabilidad de nuestros gobiernos.

América Latina sufrió, aunque en menor medida, los embates de la crisis económica de 2009 y eso sumado a coyunturas específicas –como las malas relaciones entre el agro y el gobierno argentino, las condiciones climáticas que generaron malas cosechas de soja, la dependencia de la economía mexicana a Estados Unidos, entre otras– produjo que el ciclo de crecimiento económico en todo los países al menos se desacelerara. Hubo profundas caídas en México y Venezuela, caídas más tenues en Chile y una baja de la tasa de crecimiento en Perú, Argentina y Brasil. Hoy en todos los países se está dando una recuperación de stock y, salvo Perú (El Comercio, 30/05), el crecimiento que se está originando no viene dado por reformas estructurales, sino por la recuperación de tendencias de crecimiento previas a la crisis que, más temprano que tarde, volverán a los ciclos normales en torno a los niveles tendenciales de PIB. El ingreso de capitales y las IED también hace su aporte.

Los gobiernos de la región tienen desafíos significativos si quieren mantener estos niveles de crecimiento del PIB por un ciclo más prolongado e internalizar los beneficios que el crecimiento bien administrado puede producir en la población. En Brasil la presidenta electa deberá hacerse cargo de problemas de infraestructura que le restan competitividad a su país; en Argentina es fundamental construir certidumbres políticas, sobretodo pues 2011 es año electoral y el manejo presupuestal del gobierno federal y de las provincias seguramente tendrá ciertas definiciones por los comicios, además hay que mejorar las relaciones entre el gobierno y los sectores productivos, particularmente el agro, y contener un ambiente creciente confrontacional en el mundo sindical.

Chile enfrenta desafíos similares a los brasileños. La productividad en nuestro país es baja y el desarrollo industrial es lento e insuficiente, eso hace que Chile siga dependiendo de servicios y commodities, sin aprovechar ventaja competitivas ni desarrollar una política industrial que fomente otros sectores económicos que también producirían empleos de mejorar calidad que ayudarían a elevar el nivel de vida de los chilenos. El actual ciclo económico no es sostenible durante todo el gobierno de Sebastián Piñera y ya las últimas estimaciones de crecimiento para 2010 están mostrando              las primeras señales de alarma: la minería se desaceleró notablemente y las estimaciones de crecimiento ya llegan a cifrar menores al 5,5% (La Tercera, 30/11)

El crecimiento económico resulta necesario para hacer crecer la riqueza de un país, empero, sin la acción del gobierno no es posible que el crecimiento se traduzca, de forma automática, en mayor bienestar para las personas, sobretodo si el crecimiento está siendo inducido por contextos globales pasajeros. Gran responsabilidad le cabe a las autoridades políticas de nuestro países internalizar los beneficios del crecimiento económico y hacerlo sostenible en el tiempo.

Fomento productivo desde el Estado

En los últimos días se ha hablado en la prensa de la situación que vive la ciudad de Arica, en cuanto a la caída de la actividad económica, su disminución demográfica frente a Tacna y en general la menor competitividad que presenta la ciudad (El mercurio 09/09-Editorial de El Mercurio 10/10)) revelan un escenario preocupante para sus habitantes y para el desarrollo futuro de la región, estratégicamente ubicada en la frontera norte.

Puede que suene  a frase cliché repetida desde la izquierda, no obstante, hay que reconocer que parte del problema –si no el problema en sí mismo- tiene sus orígenes en el actual modelo de desarrollo de Chile, en el que las fuerzas del mercado tiene preponderancia por sobre la calidad de vida de las personas o el desarrollo de los territorios. Y ciertamente, queda de manifiesto que las “fuerzas del mercado” no han beneficiado a una ciudad como Arica.

Para Carlos De Mattos (1990, La descentralización ¿Nueva panacea para el desarrollo local?) las brechas que existen entre las regiones y el centro se mantendrán en la medida que vivamos en un modelo de desarrollo capitalista que genera un crecimiento económico desigual y, peor aún, cuando ese desarrollo desigual es funcional al sistema. En palabras de De Mattos, existen problemas estructurales que la descentralización no puede resolver.

A pesar que las condiciones son ciertas, un cambio de modelo que solucione –o intente solucionar- esa fallas estructurales en el desarrollo del país resulta prácticamente inviable. Quedarse sentado culpando el modelo de desarrollo tampoco es la alternativa más plausible y, por lo tanto, es necesario pensar a través de qué mecanismos sería posible solucionar el problema no solo de Arica, sino que otras ciudades económicamente alicaídas o con proyecciones de desarrollo muy bajas.

Hay dos elementos que se deben destacar, el primero es que Santiago continúa siendo el polo mayor de desarrollo del país a razón del círculo virtuoso –o vicioso- que genera una mayor provisión de infraestructura urbana, educativa, sanitaria, de transportes, comunicaciones entre otras, lo que a su vez redunda en que la capital sigue siendo, como hace 50 años, un polo de atracción para personas que habiendo nacido en regiones, desean hacerse de nuevas oportunidades en Santiago.

Ciertamente que la magnitud y alcance de esta atracción es mucho menor que hace 50 años, hoy existen más oportunidades en varias regiones del país y otras ciudades han alcanzado brillos propios o los han profundizado. Empero, la brecha sigue siendo amplísima. ¿Qué hacer entonces?

El segundo elemento es que se deben considerar aquellos nichos de desarrollo que en las regiones tienen capacidad para ser potenciados y qué infraestructura anexa se requiere para llevarlos a cabo. En ese contexto, los incentivos tributarios que se mencionan siempre como la mejor alternativa para promover la instalación de empresas en regiones y promover empleo de mejor calidad no serían siempre útiles, debido a la búsqueda de otras ventajas que reduzcan costos.

Así, usualmente surgen preguntas sobre por qué las mayores empresas del país tienen sus instalaciones productivas en regiones pero sus centros administrativos y casas matrices en Santiago. Un estudio del INE de 2000 que evalúa aquellos elementos que los empresarios valoran para elegir el lugar dónde ubicarse nos da respuesta: La accesibilidad de clientes y proveedores, la cercanía a centros financieros y a servicios del Estado, entre otros que en Santiago abundan en varias comunas, sin perjuicio a que dentro de la misma región metropolitana se producen desigualdades importantes.

El fomento productivo y la innovación se convierten en piezas claves de este engranaje de desarrollo y existen experiencias alrededor del mundo que muestran cómo la activa presencia del Estado, tanto directa como indirectamente, en la promoción de actividades productivas nuevas permite generar núcleos de desarrollo y empleo a nivel regional, contribuyendo así a la descentralización económica del país y al mejoramiento de la calidad de vida de personas que no viven en Santiago y que aún mantienen una brecha importante con la capital del país.

El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) en su agenda de innovación 2010-2020 que considera a los clusters como parte fundamental del desarrollo productivo, incluye entre los sectores en los que se innovará a los tradicionales nichos productivos de Chile: minería, bosques, acuicultura, turismo y destaca en mayor medida temas agrícolas influenciados principalmente por el proyecto “Chile: Potencia agroalimentaria” ¿Es eso realmente innovación para la competitividad?

Valdría la pena mirar la experiencia de Corea del Sur y de Irlanda (Un tigre asiático y el llamado “tigre celta”) en el fomento productivo que han desarrollado. Más allá de incentivos tributarios simples, se han creado agencias del Estado responsables de llevar a cabo las intervenciones tendientes a crear –y no solo a potenciar- nuevos nichos de desarrollo, aprovechando ventajas competitivas de los territorios y no solo ventajas comparativas. Algo parecido a lo que se hizo en Chile con la CORFO en los tiempos del ISI, pero sin la idea de sustituir importaciones, sino más bien desarrollar una base productiva mayor que sea capaz de agregarle valor a las exportaciones y también desarrollando exportaciones no tradicionales, como servicios financieros o informáticos, pero no solamente desde Santiago sino aprovechando plataformas regionales.

El caso de Arica puede ser paradigmático, dada su posición geográfica estratégica y la comparación que se hace con la vecina Tacna, mas el problema podría darse en algunos años en Talca, en Los Ángeles, en Constitución o en Osorno. El modelo productivo actual genera estas desigualdades que las fuerzas del mercado son incapaces de solucionar debido a las lógicas de acumulación y desarrollo capitalistas. La solución para Arica no son los incentivos tributarios, sino la intervención directa del Estado para el desarrollo de nuevas formas de desarrollo que bien podrían incluir la cooperación transfronteriza con Tacna y con Bolivia. De esa forma se puede potenciar un polo de desarrollo desde el Estado, como lo han hecho los países exitosos en la materia, y a la vez se puede mejorar la calidad de vida de miles de personas que hoy ven con desgano el progreso de ciudades vecinas y el estancamiento de la propia.

La ley de presupuesto del sector público 2011 y el nuevo gobierno

La discusión de la ley de presupuestos es uno de los ritos probablemente más antiguos de nuestra institucionalidad republicana y uno de los pocos nichos donde el legislativo tiene cierta predominancia relativa sobre el ejecutivo, pues si bien los congresistas no pueden eliminar ítems del presupuesto público, si pueden reducir los dineros destinados a ellos, dejándolos en montos simbólicos con los que ninguna repartición pública podría funcionar. Un ejemplo emblemático con los mil pesos que se aprobaron para el funcionamiento de Transantiago en la ley de presupuestos del sector público de 2008.

Independientemente que existan mecanismos para administrativamente reasignar dineros al interior de la ley después que ha sido aprobada, su discusión pone de manifiesto la necesidad de llegar a acuerdos entre el gobierno y la oposición para sacar adelante el más importante proyecto de ley. Pero además la ley de presupuesto marca las prioridades del nuevo gobierno de forma tangible, más allá de los ejes programáticos declarados el 21 de mayo, el presupuesto muestra a qué sectores el gobierno le destinará más recursos.

A este respecto, es bueno hacer algunas aclaraciones. Los presupuestos se entienden como instrumentos incrementales que tienen importantes componentes inerciales, es decir, el grueso del presupuesto son fondos comprometidos ya sea por aspectos legales, por promesas políticas o por continuidad y operatividad del sector público. Así las cosas, el nuevo gobierno tiene dos alternativas para hacer calzar su propio programa.

1)      Hacer crecer el presupuesto.

El tamaño del sector público en Chile, medido como la proporción del gasto público respecto del PIB, bordea el 21% de acuerdos a los datos de la OCDE, siendo el país de esta organización el sector público más pequeño. Se podría señalar, entonces, que las finanzas públicas en Chile han sido en extremo conservadoras, aunque también que se han manejado de manera muy responsable sin incurrir en gastos permanentes financiados con ingresos transitorios, como el mayor precio del cobre.

Así, el presupuesto público deber ir creciendo en línea con el crecimiento del PIB, si bien no en el mismo porcentaje, sí a tasas relativamente cercanas. Eso tiene la desventaja de que en términos relativos el sector público sigue teniendo el mismo tamaño, pero también permite tener un control mayor del gasto público sin incurrir en déficits fiscales permanentes, como está ocurriendo hoy en Europa. En otros términos, se financian aquellas cosas que puede sostenerse en el tiempo gracias a ingresos fiscales permanentes. Así por ejemplo, se han registrado ejercicios en que los ingresos del fisco han alcanzado el 27% del PIB (2007: 27,5% y 2008: 26,5% fuente: OCDE), pero de todas formas el gasto se ha mantenido acotado.

La otra desventaja de esta alternativa es que le da un margen de maniobra menor a los gobiernos. El presupuestos público puede ir creciendo en torno al 5% +- 3%, de acuerdo al nivel tendencial de PIB y del precio el cobre. Con ese crecimiento son pocos los programas nuevos que se puede ir financiando año a año, tomando en cuenta que, como ya mencioné, hay un porcentaje importante del presupuesto público que tiene carácter inercial.

Para que el tamaño del sector público aumente es necesario asegurar mayores ingresos permanentes, los cuales no se aseguran con el solo precio del cobre ni tampoco con la estructura tributaria actual, por lo tanto, se necesitaría una profunda reforma tributaria que no solo modificara las tasas y la estructura el actual sistema, sino que también viniera a redistribuir la carga tributaria, generando mayor progresividad en el sistema.

2)      Recortar gastos

El gasto público en Chile ya es bajo en el contexto de los países OCDE y cualquier recorte de programas probablemente no vendría a reducir el tamaño del fisco, sino a liberar fondos para usarlos en otros programas, dando así una mayor cantidad de presupuesto no inercial. Pero para eso se debe tener en cuenta las rigidices que se pueden dar a la hora de hacer estas modificaciones.

Las rigidices vienen de aspectos legales: hay un gran cantidad de programas que están legalmente consagrados y eso obliga al Estado a entregarles financiamiento; operacionales: el Estado, para funcionar, requiere de personal y de insumos, lo que se llaman gastos operacionales y en el presupuesto están consagrados por el subtítulo 21, 22 y 29; políticas y sociales: existen programas que si bien no están consagrados por ley, su eliminación o reducción vendría a causar importantes impactos políticos y sociales que pueden ser evitados.

Ahora bien, ambos elementos se pueden mezclar, el gobierno puede decidir hacer crecer el gasto de forma acotada, por ejemplo, 4% y recortar algunos programas para así disponer de más fondos, asumiendo el costo de lo que significaría.

Lo que sí es cierto es que en Chile se ha instalado una disciplina fiscal importante que obliga a los gobiernos, de manera legal a través de la ley de responsabilidad fiscal, o mediante a las instituciones informales que se han ido configurando con el tiempo, a regular el nivel de crecimiento del gasto, sin comprometer financiamiento permanente con ingresos transitorios. Por tanto, los criterios para ver cuánto crece el presupuesto no deben ser únicamente el mayor precios del cobre y la mayor recaudación tributaria que se espera para el 2011, sino la mantención el tiempo de esos mayores ingresos fiscales.

Finalmente, hay que tener en cuenta que la economía está entrando en un ciclo expansivo, es decir, dado el carácter contracíclico que tiene la política fiscal en Chile, el gasto público se debería mantener acotado, tal como sucedió en los años anteriores a 2009, cuando el gasto público anual crecía en torno al 6%. El año donde más ha crecido el gasto ha sido 2009 (18%) y 2010 (9%) producto de las coyunturas extraordinarias que ha vivido el país y que han requerido de un mayor protagonismo del gobierno con incluso déficits estructurales que no encuentran su justificación en la irresponsabilidad financiera del Estado, sino en mayores necesidades. Es de esperar, por tanto, que el proyecto de ley de presupuesto guarde el justo equilibrio entre el financiamiento de aquellos programas sociales sensibles para la población, nuevos programas que el gobierno quiera introducir desde su propia agenda y responsabilidad fiscal, tan propia de la última década en nuestro país.

El accidente de San José y la calidad del empleo en Chile

Chile es un país minero, gran parte de la actividad económica está ligada a la minería o coligada con ésta, pero con el accidente en la mina de San José vuelve a quedar de manifiesto, como sucede a veces con la construcción o la industria, que las condiciones de seguridad de los trabajadores en muchas faenas son precarias y que la fiscalización del Estado es poco eficaz.

Surge la duda de quién es el responsable del accidente, pero también es necesario preguntarse quién es el responsable de los trabajadores. En Chile la subcontratación es un hecho y en la minería se ha extendido, de acuerdo a la última encuesta laboral de la dirección del trabajo cerca de un 44% de las empresas mineras usa el régimen de subcontratación y ciertamente la minera San Esteban está entre ellas ¿Quién es el empleador de los 33 mineros atrapados? 24 mineros tienen un lazo directo con la minera San Esteban, los 9 restante son subcontratistas, aun cuando estaban desarrollando labores en la actividad principal de la empresa, aspecto que ha sido cuestionado pero que la ley de subcontratación no aclara.

La capacidad de fiscalización del Estado también es un tema sensible. El presidente Piñera ha removido de sus funciones a tres funcionarios del SERNAGEOMIN, incluido el director nacional del Servicio, pero hay un tema estructural que va más allá de la responsabilidad administrativa o política del servicio y que tiene que ver con los recursos que se tiene para hacer cumplir una legislación que pone estándares altos pero que no es eficaz por los deficientes mecanismos para hacer cumplir la ley que existen. Sin ir más lejos, la legislación dispone que las minas subterráneas deben tener dos vías de acceso, San José solo tiene una y aun así fue reabierta en 2008 con el permiso del SERNAGEOMIN.

El SERNAGEOMIN tiene 16 fiscalizadores para más de 3 mil faenas mineras en Chile y el foco no se pone necesariamente en las minas pequeñas y medianas, más precarizadas en cuanto a la seguridad que las gran minería, con mayores estándares que tienen que ver incluso con temas de competitividad  pues las pérdidas que producen altos índices de accidentabilidad puede ser altas.

Sin embargo, más allá de la responsabilidad que le cae al Estado, hay que tener en cuenta que el trabajo no es una mercancía y debiese existir por parte de los empleadores  la conciencia suficiente respecto de las condiciones de seguridad de las faenas y la forma de contratación de los trabajadores, que viene a determinar varias condiciones de protección contenidas en el código del trabajo. Víctor Tobar, ex superintendente de seguridad de la mina ha señalado que para la administración de San Esteban los trabajadores “son prescindibles, pernos y engranajes que van a permitir sacar adelante un objetivo, pero no se considera la seguridad como un derecho humano (…) y se acortaban pernos y vulneraban fortificaciones de las galerías con tal de reducir los costos (…) había una pobreza franciscana en cuanto a recursos, camionetas, equipos de ventilación y apoyo[1]”

La minería está dentro de los sectores con menores tasas de accidentabilidad, 2,6% en el año 2008, por debajo de la tasa nacional de 5,9%, sin embargo, el mismo dato de la superintendencia de seguridad social indica que las empresas pequeñas y medianas el año 2008 tuvieron tasas de accidentabilidad de 3 y 2 puntos mayores (8,3% y 7,1% respectivamente) por sobre el promedio nacional[2], por lo tanto, so riesgo de extender el argumento de una forma muy simplista, las pequeña y mediana minería podría tener tasas de accidentabilidad mayores.

Finalmente, entra la contraposición que existe entre las condiciones de seguridad y la empleabilidad de los trabajadores. Con las declaraciones del gobierno respecto de subir los estándares de seguridad para la pequeña y mediana minería podrían subir los costos de los pequeños yacimientos y sus dueños no estarían dispuestos a aquello, con lo que cerrarían las minas y dejarían una importante cesantía, sobretodo en Atacama y Antofagasta, pero ¿cuál es el límite entre el lucro y las ganancias y el trabajo decente y seguro? ¿dónde queda la ética de los empresarios dispuestos a poner en riesgo la vida de sus trabajadores con tal de ganar un poco más? ¿Hasta qué punto los empleos y, peor aún, los trabajadores en Chile son desechables?

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[1] http://j.mp/9fhW9a

[2] http://www.paritarios.cl/especial_tasa_accidentabilidad.htm

Estrategias de crecimiento y desarrollo para el largo plazo

El gobierno del presidente Piñera ha presentado con algarabía los resultados del IMACEC de mayo y junio, de 7,1% y 6,8% respectivamente. Ambas cifras han sorprendido incluso a los más optimistas economistas que preveían una expansión en torno al 6% para estos meses y quienes también, después del terremoto, temían que la recuperación económica del país se resintiera por un periodo más largo.

El empleo también ha mostrado rápidos signos de recuperación, pasando de un 9% en el trimestre móvil enero-marzo a un 8,5% en el trimestre móvil abril-junio, de acuerdo a datos de la nueva encuesta nacional de empleo del INE. Ciertamente todas estas son buenas noticias, la sombra de la recesión y los efectos del terremoto en la actividad económica van quedando atrás y la confianza de empresarios y consumidores se muestra más robustecida frente a estos datos, con lo que también se demuestra que el debate en torno al alza de impuestos que planteó el gobierno y cuya discusión se debiera dar con miras a un reforma tributaria mas profunda tampoco tuvo el impacto que los más ortodoxos economistas predecían.

El crecimiento económico genera empleo. Sin embargo, empleo no es sinónimo de menos pobreza o mayor equidad, es más, pues empleos de mala calidad y baja remuneración generan estancamiento en pobreza y desigualdad o incluso profundizaciones. Más de alguien podrá argumentar que es mejor tener 1 millón de empleados ganando un sueldo bajo que a esa misma cantidad de personas desempleadas, sin embargo, el efecto redistributivo y de aumento del bienestar de personas empleadas en trabajos de mala calidad puede ser mínima, generando así trampas de pobreza con personas que (sobre)viven pero que tienen pocas o nulas capacidades de romper los círculos de pobreza e inequidad.

Por otro lado, este año se está produciendo un rebote de la economía después de las profundas caídas del año 2009 justamente en los meses de invierno, con caídas de 4,3% en mayo y junio. De ahí también que para el año 2011 haya economistas que digan que es posible un crecimiento de 10% en marzo, pues marzo es uno de los meses más dinámicos del año en términos de demanda interna y durante 2009 y 2010 ese mes registró cifras negativas, por la recesión primero y por el terremoto después.

En general, las economías de países subdesarrollados que tenían una posición más sólida para enfrentar la crisis se han recuperado de forma mucho más sostenida que los países desarrollados, ejemplos de ellos son Brasil, China, en el caso de los primeros, y Estados Unidos, en el caso de los segundos. Así, el año 2010 está siendo de recuperación para todos esos países pues su situación económica interna estaba mucho más fuerte que en otras crisis económicas y es hora de volver al marco de mayor inversión y consumo ahora que la confianza está regresando. Particularmente en Chile, las más fuertes caídas se debieron a contracciones del consumo privado y la inversión. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ha indicado que el año 2010 el crecimiento de nuestra economía bordeará el límite superior del rango propuesto por el Banco Central, es decir, en torno al 5%-5,5%.

Para 2011 las cifras son aún mejores y se dice que es posible que Chile crezca incluso por sobre el 6%. Sin embargo, como señala el economista Alberto Ramos de Goldman Sachs (La Tercera, 06/08, P19) el crecimiento del próximo año  dependerá en gran parte de la reconstrucción tanto de la infraestructura pública como privada, dado que la construcción genera empleos y es un sector capaz de contagiar dinamismo a otros sectores, es de esperar que la demanda interna impulse el crecimiento.

Pero es necesario tener en cuenta, por un lado, la intervención del Banco Central en el control de  la inflación y el agotamiento del impulso que dará a la economía el rebote y la reconstrucción; lo que ciertamente hará volver la línea de crecimiento a cauces más normales.

Todo lo anterior: calidad del empleo para el mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos y regreso del crecimiento a niveles de tendencia sostenibles por nuestra economía llevan a la discusión en torno a una estrategia de largo plazo de crecimiento y desarrollo, en donde las obras y hasta anuncios del gobierno han sido escasas. La base productiva del país, copada por servicios y explotación de recursos naturales, se ha agoatado desde hace al menos 10 años y las cifras de crecimiento que recuerdan los años dorados de la década del 90 son meras golondrinas furtivas que no hacen verano.

Es necesario intervenir en la base del desarrollo en Chile y no seguir exigiéndole  a una matriz que ya no puede entregar más. Y allí se precisa de un compromiso del sector público importante de fomento productivo para la agregación de valor y el desarrollo industrial y de servicios a nivel global y sudamericano, aprovechando una serie de ventajas institucionales y económicas que tiene el país. Seguir basando el crecimiento del país y la creación de empleo en la extracción de recursos naturales y los servicios a nivel local es una estrategia que está agotada y que, pasado el rebote de la recesión de 2009 y el boom de la reconstrucción… seguirá entregando meros guarismos insuficientes para llegar a ser un país realmente desarrollado.