Hoy se formalizó en Santiago el ingreso de Chile a la OCDE, sin duda un reconocimiento importante para la ejecución de políticas públicas en Chile y una de las grandes aspiraciones del ministro de Hacienda, Andrés Velasco. Del mismo modo he visto como se tilda a esta organización como el "el club de los países ricos" o "el club de los países más desarrollados del mundo" cuando en realidad es una organización que reúne a los países con las mejores prácticas en términos económicos y de política pública y, por causas lógicas, existe una correlación entre las buenas prácticas y el desarrollo de los países.
Chile, en ese sentido, es un país particular. Un ejemplo de ello es la estabilidad en el crecimiento económico de nuestro país. La madurez que ha alcanzado nuestra economía es comparable a la de países desarrollado, durante muchos años se ha hecho un esfuerzo considerable por sanear las finanzas públicas, reducir la deuda para llevarla a niveles sostenibles y cuidar la economía chilena de los shocks externos. Hoy Chile crece menos que en los 90, pero lo ha hecho de forma más estable (ver informe de las finanzas públicas de Hacienda 2007, 2008) y los ciclos económicos han sido suavizados gracias al uso del superávit estructural -creado durante el gobierno del Presidente Lagos e institucionalizado a través de la ley de responsabilidad fiscal- gracias a esas herramientas Chile fue capaz de resistir de una forma mucho más sólida la crisis internacional a pesar de ser una de las economías más abiertas del mundo.
El gran problema, sin embargo, es que casi todos los países se han desarrollado, es decir, han alcanzado niveles de vida altos para su población a través de la aplicación de una serie de herramientas de política pública y una vez que se han superado problemas sociales importantes, ya sea temas relacionados con educación, salud, previsión y seguridad social y cuestiones laborales. En Chile estamos a la inversa, ya que se ha alcanzado una madurez económica importante y existen todavía muchos problemas sociales que no se han enfrentado correctamente o que dado el grado de profundidad que tenían aún no es posible superarlos del todo.
Esto, creo yo, nos pone por delante una paradoja relevante que no es baladí. La aplicación de las políticas públicas en Chile, especialmente en temas financieros y económicos, resulta asimilable a las de un país desarrollado, no obstante, adolecemos de problemas de país subdesarrollado en muchos aspectos de nuestra realidad nacional.
Esta paradoja trae ciertas complicaciones a la aplicación de algunas de las políticas que pide la OCDE, ya que muchos de los problemas detectados por la organización derivan justamente esos problemas estructurales: desigualdad, mala calidad de la educación, concentración de la riqueza, mala distribución de la carga tributaria y obstáculos a la profundización democrática. Un ejemplo de esto viene dado por las relaciones laborales y las exigencias de flexibilidad laboral que se hacen como medida para incentivar el crecimiento, creo que ese tipo de medidas son útiles en la medida que otros temas sean superados, como el fin a las prácticas antisindicales, el aumento de la cualificación de los trabajadores, la mejora de los niveles de productividad y el mejoramiento de las relaciones entre los trabajadores y los empleadores.
Reducir el costo del despido o facilitar que los trabajadores se cambien de fuente laboral debe ir necesariamente precedido por un aumento de la fuerza de los sindicatos y de un uso más eficaz de la herramienta de negociación colectiva, además de mejorar los niveles de capacitación de los trabajadores y las políticas de comunicación al interior de la empresa. La riqueza de los trabajadores se halla arraigada justamente en su cualificación y en las herramientas de negociación que posean.
Si quiero avanzar un poco más allá, hay que mencionar un fortalecimiento general a las agrupaciones sindicales como la CUT, de modo que las políticas laborales puedan fijarse periodocamente a través de la partición activa de todos los actores: sindicatos, gremios empresariales y gobierno. La aplicación de prácticas de gobernanza y participación en el diseño de políticas públicas puede retrasar un poco los procesos, pero los hace mucho más valorables desde el punto de vista social y más cercano a las personas que se busca beneficiar.
En definitiva, solo la flexibilidad laboral requiere de una aplicación cuidadosa en nuestro país, ya que tenemos un realidad diferente y más compleja en nuestro mercado del trabajo que los países ya desarrollado de la OCDE, además de prácticas democráticas menos profunda y una participación ciudadana todavía baja comparada con los estándares de países OCDE. No queremos que la aplicación de este tipo de medidas beneficie solo a un sector de los trabajadores, sino que traiga beneficios a todos y para eso necesitamos trabajadores mejor cualificados, sindicatos más empoderados y empresarios más dispuestos a la negociación y el dialogo. Algo así como la política de puertas abiertas que se lleva a cabo en muchas empresas, que reduce la conflictividad y aumenta la satisfacción laboral.
Esperaré el 21 de enero, pues hoy se dijo que ese día se publicaría un informe sobre Chile, que seguramente vendrá a ser una especie de compendio de muchos de los informes que la organización ya ha publicado sobre nuestro país, hay que leerlos con cuidado, los estándares con que se miden los países OCDE consideran realidades sociales diferentes y la forma en que se deben implementar las medidas solicitadas deben ser muy bien seleccionadas. Flexibilidad laboral con baja cualificación no es un buen mecanismo, también hay que repartir mejor las cuotas de poder que existen, no basta el chorreo... dirán.
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