Por qué no me gusta el presidencialismo chileno y creo que hay que cambiarlo

Los conflictos políticos que hemos visto al interior de la coalición por el cambio y de la concertación y que revelan las dificultades que se están dando mantener coaliciones políticamente estables y electoralmente viables pueden ser explicados a la luz de las debilidades del sistema político chileno, entre el sistema electoral y la forma de gobierno. El presidencialismo, como forma de gobierno, presenta una serie de debilidades que durante muchos años no habíamos visto en Chile pero que hoy, bajo una nueva forma de gobernar, lentamente empiezan a eclosionar.

Chile tiene un sistema de partidos que, dependiendo de los autores, puede ser calificado como multipartidismo moderado o como extremo, con 8 partidos representados en la cámara de diputados con diferentes grados de relevancia cada uno después de las elecciones de 2009, sin embargo, hasta las elecciones de 2005 los partidos representados eran solo 6 y tenían una clara sintonía con el gobierno o la oposición. La relación entre la forma de gobierno y el sistema de partidos se encuentra bien documentada y, a la vez, entre el sistema de partidos y los sistemas electorales, cuya relación si bien no monocausal sí produce ciertos incentivos a la hora de generar las políticas de coalición de los partidos políticos.

Algunos autores, como Mainwaring, señalan que los sistemas multipartidistas, como el chileno, no muestran un buen desempeño bajo formas de gobierno presidencialistas y entre las razones esgrimidas se halla la difícil conformación de coaliciones estables, el incentivo al conflicto que se puede producir entre presidentes minoritarios en el congreso y la polarización del sistema. Vale señalar que esta última es una de las razones que Arturo Valenzuela indica como causas del quiebre democrático en 1973.

La paradoja es evidente. Chile, con un sistema multipartidista en los últimos 20 años, ha mantenido una notable estabilidad política y democrática, con significativos avances sociales y económicos y con un proceso modernizador que se ha venido haciendo presente desde los albores de la democracia reciente. ¿Dónde podemos encontrar las causas de esto? La primera hipótesis que puedo dar responde al efecto que tuvo el plebiscito de 1988, que provoca una especie de pseudoclivaje dividiendo de manera temporal a la sociedad –y a los partidos- entre pinochetistas y antipinochetistas, misma división que intenta ser perpetuada por el sistema electoral. Por tanto, durante al menos los primeros 10 años de gobiernos democráticos se mantuvo esta división y el sistema, apoyado también por el binominal, funcionaba en los hechos como un sistema de dos partidos que le daba gobernabilidad y estabilidad al país. 

Pero no es la única causa. Arend Lijhpart, por ejemplo, ha señalado que un multipartidismo puede ser estable en la medida que exista un alto sentido de la cooperación y diálogo entre los partidos políticos. Este elemento ha estado presente en la política chilena desde principios de los 90, con lo que se podría llamar doctrina Aylwin o si queremos ser más exactos doctrina Boeninger, plasmada de forma muy clara en el libro “Políticas públicas en democracia” del fallecido ministro Edgardo Boeninger.

La idea de lograr políticas públicas a través de la búsqueda de consensos políticos ha tenido varios efectos en nuestro sistema político. Por un lado, ha evitado la competencia centrípeta de los partidos y la consecuente polarización del sistema –aspecto en el cual también contribuye el binominal, ha generado una especie de cultura de cooperación. La existen de mayorías estrechas en el congreso, particularmente en el senado con la existencia de senadores vitalicios y designados hasta la elección de 2005, generaban incentivos para buscar la cooperación y le inyectaba al sistema una cuota de disciplina partidaria. Para sacar adelante reformas era necesario buscar el acuerdo dentro de la coalición y también fuera de esta.

El problema viene 20 años después, cuando la división entre pinochetistas y antipinochetistas, toda vez que se trató de un elemento temporal en la política chilena, se ha diluido casi por completo y la emergencia de nuevos intereses sociales empieza a desconcertar a un sistema cuyas instituciones no están diseñadas para un funcionamiento plural, sino más bien para uno dual, con una clara división o clivaje social. Tanto el sistema electoral como la forma de gobierno funcionan de manera más eficaz bajo sistemas bipartidistas que reflejen dos polos de la sociedad.  Hoy no hay dos polos de electores claramente definidos y eso empieza a mostrar las naturales diferencias que se dan entre los partidos políticos que representan intereses plurales, pero que están funcionando bajo un sistema que los fuerza a mantener una estructura determinada, fundamentalmente para asegurar la gobernabilidad y seguir presentes en el escenario electoral a nivel legislativo.

Se hacen presentes así los fantasmas del presidencialismo con un sistema multipartidista sin los adecuados incentivos para la cooperación que ya se vieron en el gobierno de la presidenta Bachelet. El periodo 2006-2010 podría haber sido el periodo legislativo más favorable para la concertación. Con 65 diputados y 20 senadores, mayoría en ambas cámaras. Pero con esta situación el incentivo a la cooperación fue menor y empezaron a salir a la luz las grietas al interior de los partidos y la indisciplina partidaria se hizo más evidente. El resultado fue el predicho por la teoría, la coalición formada antes de la elección –la misma para todas las elecciones previas- se volvió inestable y el gobierno mayoritario devino en minoritario, con lo que el diálogo y la cooperación debieron regresar, pero la situación de inestabilidad ya estaba generada.

¿Qué sucede hoy y qué podríamos señalar para el futuro? Mantener las coaliciones unidas de manera forzosa puede resultar altamente perjudicial para el sistema político. El sistema binominal actúa como incentivo para mantener la actual política de alianzas, no obstante, la concertación y la coalición por el cambio representan variados intereses. Los partidos se ven forzados a unirse para seguir presentes en el escenario electoral y para intentar asegurarle gobernabilidad al presidente –cosa que ocurre siempre en los sistemas parlamentarios-  sin embargo allí donde su sobrevivencia no se pone en juego, como en las elecciones a concejales, sí se presentan incentivos para ir en listas separadas.

Las soluciones posible puede ser cambiar el sistema electoral, permitiendo que se manifiesten intereses plurales pero eso puede devenir en los problemas ya vistos propios de los presidencialismo plurales: presidentes minoritarios, coaliciones muy frágiles y, en definitiva, escasa gobernabilidad, en vista de los pocos incentivos que tienen los congresales a cooperar con el presidente.

Algo más radical sería modificar la forma de gobierno. Un sistema semipresidencial (o semiparlamentario, como yo lo prefiero) puede dar la flexibilidad suficiente, ya que si el presidente es minoritario en la cámara política las instituciones se ajustan para funcionar como sistema parlamentario, el jefe de gobierno toma funciones que el presidente debe ceder a favor de la gobernabilidad del país (es lo que se conoce como cohabitación en el régimen francés). Por el contrario, cuando el presidente tiene mayoría en el congreso el primer ministro será del mismo partido que el presidente y, en ese contexto, éste último puede tomar mayores funciones de gobierno ejecutivo. Se trata, por tanto, de darle mayor elasticidad a las instituciones, para que puedan ajustar su funcionamiento de acuerdo a diversos contextos. Un cambio de esta naturaleza debería ir acompañado de un cambio al sistema electoral y dada la posibilidad reciproca de revocabilidad –el jefe de gobierno puede disolver la cámara, pero ésta también puede censurar al gobierno- reduce los incentivos a la inestabilidad de los ejecutivos, razón esgrimida para decir que en Chile el sistema parlamentario no funcionaría, por la experiencia 1891-1925, que en rigor nunca fue un sistema parlamentario. 

Todo lo anterior lleva a la conclusión que se requieren cambios profundos en nuestro sistema político para procurar un mayor abanico de intereses representados en el acto electoral, pero al mismo tiempo intentar mantener una estabilidad en el sistema y generar mecanismos para que los conflictos políticos tenga caminos de resolución y la gobernabilidad y eficacia gubernativa también estén presentes.