Los países de América Latina han vivido durante los últimos 30 años procesos significativos de recuperación y reconstrucción de las instituciones democráticas, profundamente dañadas por los regímenes burocrático-autoritarios de los 70 y 80, o bien porque nunca se había construido de forma sólida tal que los sistemas políticos pudieran canalizar eficientemente las demandas ciudadanas a los órganos de gobierno.
La construcción o recuperación de instituciones democráticas ha sido un proceso largo y no exento de problemas. Han sido varios los presidentes que en la región no han podido terminar sus periodos presidenciales y las rigidices del sistema presidencial han quedado de manifiesto a la hora de resolver conflictos políticos, los cuales terminan en la mayoría de los casos con la dimisión de los presidentes. No obstante, un avance significativo es que la dimisión presidencial no ha implicado en ningún caso la interrupción del ciclo democrático. Es lo que Mustapic (2006) denomina la inestabilidad sin colapso.
Resulta plausible presumir que en la región se ha consolidado la democracia en la medida que las crisis sociales o políticas que se han registrado en los últimos años han hecho caer gobiernos, pero no han puesto en peligro la continuidad del régimen democrático. Dos casos parecen ser la excepción: Ecuador en 2010, aunque no ha quedado claro que los policías insurrectos hayan tenido aspiraciones de hacerse con el poder del Estado y el resto de las fuerzas armadas se mantuvo bajo el poder presidencial defendiendo el gobierno electo. Honduras es el otro caso de quiebre institucional, empero, se aduce que el Presidente Zelaya actúo inconstitucionalmente y las fuerzas armadas actuaron en función del artículo 272 de la Constitución de ese país. Pese a eso, el presidente fue derrocado por las fuerza de las armas y si bien la actitud de rechazo fue generalizada, el continente se vio dividido al tener que aceptar las nuevas elecciones que llevaron al poder al presidente Porfirio Lobos.
Pero así como se han mostrado los peligros de la inmadurez democrática en algunos países, no es menos cierto que otros han avanzado en instalar o reforzar instituciones fuertes propias de la democracia y en generar las condiciones adecuadas para llevar a cabo la democracia procedimental de la que habla Robert Dahl y que está circunscrita a dos momentos principales en la vida de las comunidades políticas: el acto de votar y el tiempo que hay entra una elección y otra (Griggs, 2006) . En casi la totalidad de los países de la región las elecciones hoy son libres y el resultado emanado es respetado. Incluso más, pues en países como Argentina y Uruguay se cumple la condición señalada por Mainwaring (1993) que en sistemas políticos que durante 25 años mantienen elecciones abiertas y competitivas, sufragio universal y garantías para las libertades civiles, la democracia puede ser considerada suficientemente estable.
En otros países, en tanto, la alternancia en el poder se ha convertido en una situación posible e incluso se ha producido. En México el PRI perdió el poder después de 71 años, en Chile la Concertación cedió el poder a la Coalición por el cambio, en Uruguay el Frente Amplio desplazo a blancos y colorados del gobierno en 2004, en Brasil el PSDB le entregó el poder al PT de Lula, en Costa Rica el Partido Unidad Social Cristiana le entregó el poder al Partido de Liberación Nacional, de Óscar Arias. La lista podría continuar, pero la primera conclusión visible de esto es que hoy las condiciones para la poliarquía y para el ejercicio democrático se han profundizado en América Latina.
Es pues, en este marco de creciente estima a la democracia como forma de gobierno donde la Carta Democrática Interamericana de la OEA se transforma en un soporte institucional en el sistema internacional que apoya, promueve e impulsa la consolidación de las condiciones democráticas en América Latina y genera mecanismos de defensa para los eventuales quiebres institucionales que amenacen la continuidad de la democracia. Sin embargo, la defensa a la democracia no se puede limitar a la protección de las condiciones poliárquicas que, como he argumentado previamente, se han ido instalando en la región de forma paulatina para empezar a consolidarse en varios países.
¿Qué desafíos presenta la carta democrática y, a nivel más global, la defensa de nuestra democracia? Si hay algo que inspiró a Alexis de Tocqueville a escribir su obra La Democracia en América y que lo sorprendió gratamente en su visita a los nacientes Estados Unidos fue la igualdad de condiciones en la que vivían los ciudadanos norteamericanos. La democracia de Los Estados Unidos, inspiradora en muchos sentidos de las revoluciones latinoamericanas que buscaban libertad y democracia, tenía ese valor que sorprendió a Tocqueville y que hoy sigue marcando la deuda de los gobiernos latinoamericanos con la democracia de nuestros países y sus pueblos.
En consecuencia, se presentan por delante una serie de desafíos sociales y ciudadanos que impiden que la democracia se profundice tal que sea capaz de incluir los diversos intereses y visiones de país que se incuban al interior de nuestras sociedades, me gustaría mencionar dos de estos desafíos. Huelga decir también que las sociedades latinoamericanas muestran significativas divisiones que dan origen a sectores sociales claramente diferenciados y no siempre a lo largo de nuestra historia adecuadamente representados por los mecanismos electorales existentes.
Se podrían mencionar ejemplos paradigmáticos en los que grupos minoritarios de la sociedad se hacían con el poder del Estado, ya sea a través de la fuerza o a través canales electorales fraudulentos. O bien, se generaban movimientos con aspiraciones excluyentes que polarizaban en gran medida el sistema político hasta hacer colapsar los canales institucionales. Casos como el boliviano, donde la élite oligárquica gobernó excluyendo a amplios sectores indígenas y agrícolas; en la Argentina donde el partido peronista contribuyó a polarizar el sistema de partidos argentino de manera gravitante, tanto que se dice que en Argentina existen dos facciones: los peronistas y los antiperonistas. Casi la totalidad de los quiebres democráticos en la Argentina tuvieron como actor, protagónico o secundario, al partido fundado por el General Perón.
En Uruguay, Blancos y Colorados se repartieron el gobierno durante todo el siglo XX en lo que se ha denominado una partidocracia de consensos (Chasquetti & Buquet, 2004) en la que las dos principales fuerzas políticas generaron mecanismos para coparticipar en el gobierno e incluso hacia fines del siglo pasado, cuando el Frente Amplio se convertía en una real alternativa para gobernar, después de ganar la intendencia de Montevideo, los dos partidos tradicionales reformaron la Constitución para juntos poder estar un periodo más en el poder, hasta 2004 cuando Tabaré Vazques gana la presidencia (Moreira, 2004) y permite que un amplio sector de izquierda, no tradicional, alcancé el poder ejecutivo uruguayo.
Mirar el pasado contribuye a ver qué elementos se deben potenciar y cuáles se deben evitar para dar un nuevo paso en los procesos de democratización que se iniciaron en América Latina hace un par de décadas. El primer tema fundamental es reconocer que las sociedades latinoamericanas, con la excepción de Uruguay –probablemente Costa Rica- son diversas y plurales, por cierto que no al punto de algunas democracias recientes de Europa del este y otras más longevas del norte continental europeo. Reconocer este elemento de nuestras sociedades, con intereses cruzados y variados entre diferentes sectores sociales no es un dato baladí, permite introducir cambios a los sistemas electorales y a la forma de hacer gobierno tal que se pueda avanzar para construir democracias más estables pero, a la vez, más inclusivas y consensuales en sociedades que no son completamente homogéneas, ya sea porque existen una gran división social sobresaliente o varias que se cruzan entre sí.
Lo anterior se hace muy presente en la medida que desde hace algunos años se manifiestan en el continente fuertes corrientes polarizadoras y excluyentes que, una vez que llegan al poder, buscan anular, silenciar o derechamente excluir, ya sea a través de mecanismos formales o prácticas informales, la participación de la oposición en los procesos electorales, erosionando con ello las condiciones que señala Dahl para el funcionamiento adecuado de una poliarquía. En este contexto es posible señalar el caso de Venezuela, donde el sistema electoral manifiesta un alto índice de desproporcionalidad, como se mostró en las últimas elecciones legislativas de 2010. Argentina es otro caso donde el Frente para la Victoria, que incluye al radical Julio Cobos en la fórmula presidencial, muestra un significativo deterioro de las relaciones que mantiene con otros partidos políticos. Ecuador, Nicaragua y Bolivia también podrían ser señalados como ejemplos de estas situaciones. El denominador común es que la cooperación y el diálogo entre las fuerzas políticas que representan a vastos sectores sociales se dañan y como resultado de esto una de las condiciones señaladas por Lijphart (1988) para que funcionen las democracias en sociedades plurales y por Chasquetti (2001) para que las democracias con sistemas multipartidistas sean los suficientemente estables, se pierde.
Otro elemento que se debe relevar para lograr una plena implementación de la Carta Democrática Interamericana tiene que ver con las grandes brechas sociales que existen en todos los países latinoamericanos y que contribuyen a que las personas no puedan desarrollar una ciudadanía efectiva en el marco de una democracia representativa.
En uno de sus acápites, la Carta Democrática Interamericana señala explícitamente que la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes entre sí y se refuerzan mutuamente. Eso genera la necesidad de mejorar las condiciones que estructuralmente están atentando contra el cierre de las brechas entre ricos y pobres en nuestra región. Sin embargo, no solo la desigualdad en la distribución de la riqueza es un aspecto importante a la hora de profundizar y sostener la democracia –que sí lo es- sino que también la desigual distribución de servicios básico sociales, como salud y educación, y mala distribución del poder para hacerse parte de los procesos de toma de decisiones y de diseño de políticas públicas.
En ese marco, dentro de las condiciones estructurales que impiden a las personas ejercer plenamente actividades políticas y de participación social y ciudadana se puede situar al empleo. En general, trabajos de baja calidad con escasa protección social y reducidos salarios impide que las personas puedan salir de la pobreza, mantenerse fuera de ella. En Chile, por ejemplo, la informalidad se mantiene constante hace 20 años en torno a un 22% de la fuerza laboral, el seguro de cesantía está próximo a cumplir solo 10 años y muchos empleos son temporales. En países centroamericanos la situación del empleo es aún peor. Se trata, en consecuencia de mejorar las condiciones de empleo e instalar el trabajo decente, promovido por la OIT, para asegurar condiciones sociales sosteniblemente positivas que permitan el ejercicio efectivo de los derechos políticos y el empoderamiento de la ciudadanía para propender a una mayor participación, aspectos significativos para el desarrollo humano.
Finalmente, y a modo de conclusión, quisiera recoger de forma ilustrativa el título del libro editado por Alejandro Foxley y Fernando Enrique Cardoso el año 2009: A medio camino: Nuevos desafíos de la democracia y el desarrollo en América Latina. El continente hoy ha avanzado de manera significativa en el asentamiento de instituciones democráticas, fortalecimiento de las finanzas públicas, crecimiento económico, control de la inflación y lucha contra la pobreza y la desigualdad, flagelos constantes para nuestra región en un pasado que aún no está muy lejano en los libros de historia, empero, no hemos avanzado lo suficiente, efectivamente, nos encontramos a medio camino para lograr democracias sólidas y consolidadas en sociedades equitativas y con Estados que sean capaces de proporcionar a sus ciudadanos las condiciones mínimas de desarrollo social, humano y económico y la protección social frente a un mundo globalizado que se vuelve más dinámico y peligroso para las personas más pobres y vulnerables.
Es un imperativo, por tanto, impulsar una segunda ola de instituciones democráticas, que permita a nuestros países pasar de la democracia electoral que se ha construido luego de la caída de las dictaduras militares a una democracia más efectiva y profunda, que tienda a la participación en el gobierno, el diálogo, la solidez y el respeto a las instituciones, el empoderamiento de las ciudadanos y la transparencia y accountability de los gobernantes en el ejercicio de la función pública.
Bibliografía
Chasquetti, D. (2001). Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina: evaluando la difícil combinación. En J. Lanzaro, M. Novaro, & R. Mayorga, Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina (págs. 319-359). Buenos Aires: CLACSO.
Chasquetti, D., & Buquet, D. (2004). La democracia en Uruguay: Una partidocracia de consensos. Política , 221-247.
Griggs, T. (2006). Democracia contemporánea. Modelos procedimental de Dahl y la crítica normativa de Habermas. Santiago de Chile: Documento de apoyo docente-Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
Lijphart, A. (1988). Democracia en sociedades plurales: Una investigación comparativa. Ciudad de México: Ediciones Prisma S.A.
Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination. Comparative Political Studies , 198-228.
Moreira, C. (2004). Final de juego: Del bipartidismo tradicional al triunfo de la izquierda en Uruguay. Montevideo: Ediciones Trilce.
Mustapic, A. M. (2006). Instability without collapse. Presidential resignation: Argentina in 2001. Desarrollo económico .
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