El 52% de los votos que obtuvo Sebastián Piñera en la elección del 17 de enero se han convertido en la justificación perene del gobierno para la promoción de iniciativas o las no-iniciativas que el Presidente ha realizado. Así, Ena Von Baer ha señalado, respecto a Chilevisión, que el presidente generará un espacio de independencia entre CHV y su persona y bajo esa promesa fue elegido por la mayoría de los chilenos. (Infinita, 13/04)
Por un lado la vocera tiene razón, Piñera hizo una serie de promesas durante la campaña y fueron esas promesas las que sedujeron a muchas personas a inclinarse por la opción de la derecha. No obstante, los electores tienden a evaluar de los programas de gobierno aquellos elementos que les son más cercanos, como por ejemplo, la delincuencia, el empleo, el emprendimiento u otros temas mucho más atingentes a la sociedad. Entre el gran abanico de temas que los electores deben evaluar a la hora de una elección presidencial, temas como los conflictos de interés o los cuestionamientos financieros que en algún momento Eduardo Frei le hizo a Sebastián Piñera se terminan perdiendo en un cúmulo de elementos más importantes desde la visión del votante promedio.
En ese contexto, la venta de CHV no representó un tema importante para las personas. Decir que la gente que votó por Piñera conocía su patrimonio y sus negocios (La nación.cl. 29/03), tampoco legitima los groseros conflictos de interés que tiene el presidente y un gran número de integrantes de su gobierno.
Surge así la interrogante ¿hasta dónde se puede usar el triunfo de Piñera como justificación? ¿Es posible decir que, frente al descontento de algunos sectores ante medida del gobierno, el 52% del país eligió a Sebastián Piñera? ¿El triunfo justifica desde un principio todas las medidas? La respuesta a estas preguntas es claramente NO. El triunfo en una elección presidencial solo le permite a un partido político (o coalición de partidos) alcanzar posiciones de poder en el Estado y así impulsar ciertas iniciativas incluidas en un programa de gobierno que, en teoría, han interpretado las demandas ciudadanas. En ningún caso se inhibe el debate público de las políticas que desea el gobierno y, menos aún, la discusión parlamentaria.
En tal sentido, las medidas que Joaquín Lavín pretende impulsar en educación, las reformas a la indemnización por años de servicio y la flexibilidad laboral son elementos que merecen un debate público y ciudadano y también generarán una serie de molestias en diversos sectores de la sociedad, probablemente habrá protestas en contra de esas iniciativas y muchas quedarán entrampadas en el congreso porque simplemente no habrá consenso político para su aprobación, sobretodo en la cámara alta.
En democracia la deliberación pública, la manifestación y la movilización ciudadana son elementos que le sirven a la sociedad civil. En Argentina las manifestaciones públicas han sido muy útiles para canalizar el descontento popular, al menos desde 2001. Usar la justificación de la mayoría aduciendo el 52% de los votos es una falacia, pues la democracia no implica un cheque en blanco al gobernante por parte de la ciudadanía, solo la posibilidad de impulsarlas desde el Estado. La elección de Piñera fue legitima, eso no lo discuto, pero su comportamiento también debe serlo y apelar a la mayoría que lo eligió cada vez que debe justificar una medida solo demuestra el poco manejo político del presidente por el cual votaron más de 3,5 millones de personas.
Foto: Gobiernodechile.cl
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