En el sector público chileno y, en general, en las administraciones de todo el mundo ha imperado por muchos años una lógica burocrática heredada de los planteamientos que se hicieran por Max Weber e, incluso, alimentado por preceptos de Taylor y Fayol en torno a la escuela de la administración científica. Dentro de esos marcos weberianos se encuentra la idea sectorial o jurisdiccional. Es decir, cada repartición pública debe tener claramente delimitado el ámbito dentro del cual se puede desempeñar, ya sea en términos funcionales o territoriales.
La sociedad ha cambiado. Vivimos inmersos en una sociedad que cambio cada día de forma más vertiginosa. Las comunicaciones, el transporte, la economía han generado sociedades post-industriales o en un proceso de rampante transición hacia grupos humanos más complejos, que presentan nuevas necesidades y problemas.
Este aumento de la complejidad en nuestra sociedad ha vuelto obsoletos los principios weberianos en muchos casos. La administración pública tradicional es incapaz de responder a temas que son de carácter multidimensional y que abundan en sociedades complejas. Existe, por ejemplo, variada literatura que indica que problemas como la delincuencia o la pobreza no pueden ser atacados desde solo un punto de vista, pues son causados por factores múltiples.
Para responder a las fallas del modelo weberiano se han ideado varios “nuevos” modelos que intentan aggiornar el sector púbico, tomando en cuenta los nuevos modelos económicos, las nuevas estructuras sociales, el desarrollo democrático de los países, entre otros aspectos. La nueva gestión pública, de marcado corte neoliberal, es un ejemplo de estos intentos por desterrar de las oficinas al veterano Max Weber e instaurar nuevas formas de gestión. Énfasis en los resultados, incentivos al desempeño, reducción en el tamaño del sector público, entre otras cosas destacan al modelo de nueva gestión pública, sin embargo, cuesta encontrar una forma para responder a los nuevos problemas de una sociedad compleja.
En algunos países, incluyendo Chile, se han empezado a desarrollar prácticas intersectoriales de gestión que buscan derribar los muros que separan a los sectores y permitir una gestión más coordinada entre servicios de sectores diferentes.
La ley 18.575 de bases generales de la administración del Estado define a los ministerios como órganos “rectores” de los sectores de la sociedad. En ese sentido, y siguiendo las lógicas weberianas, cada ministerio se debería encargar de un sector sin interferir en el sector de otros ministerios, dada la separación de “jurisdicciones” que existen. Sin embargo, y como ya ha señalado, existen problemas que deben ser enfrentados por más de un sector y para evitar la duplicidad de esfuerzos, ser eficientes y actuar de forma coordinada –aspectos que también señala la ley de bases- se debe gestionar de forma intersectorial.
Para la gestión intersectorial hay que tener en cuenta la natural resistencia que se presentará dentro de los servicios de cada sector. Durante años se han configurado en los servicios públicos culturas organizacionales que perpetúan el modelo ya poco funcional en estos tiempos y cambiar la cultura de las organizaciones es una tarea mucho más compleja que modificar estructuras. En este sentido, de acuerdo a Cunill (2005) la intersectorialidad presenta un componente político en la medida que los “sectores” deben renunciar a ciertos grados de autonomía para entregarla a un órgano de coordinación superior, como por ejemplo, un comité interministerial (práctica bastante difundida en Chile, no sé hasta qué punto efectiva).
Por otro lado, siguiendo a la profesora Nuria Cunill, la gestión intersectorial presenta un aspecto técnico importante, en la medida que es la misma ley la que divide en sectores a la sociedad y también el presupuesto se entrega con criterios sectoriales. Ambos puntos ponen obstáculos importantes al desarrollo de la gestión intersectorial en el sector público.
Frente a lo anterior, cabe preguntarse por la necesidad de buscar nuevos conceptos normativos en torno a los ministerios, cambiar la definición de “sector” y generar nuevas instituciones que fomenten la cooperación entre los servicios y no incentiven la competencia, habida cuenta que en un contexto de incentivos al desempeño los servicios deben “competir” por al menos una parte del presupuesto.
La sociedad exige la modificación de las instituciones formales que rigen el funcionamiento de los órganos del Estado. Y la gran complejidad de las sociedad modernas le pone grandes desafíos a la administración pública, los que, claramente, no podría ser respondidos por los modelos weberianos de burocracia que fueron diseñados para sociedades muy diferentes a la actual.
Ref: Cunill, N (2005) La intersectorialidad en el gobierno y gestión de la política social. CLAD, Santiago de Chile.
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