Las últimas semanas hemos asistido a una serie de conflictos que se han dado en la provincia de Buenos Aires, gobernada por Daniel Scioli (PJ) y en la ciudad de Buenos Aires, cuyo jefe de gobierno es Mauricio Macri (PRO). Ambos han señalado sus intenciones de lanzar candidaturas presidenciales, pese a que el gobernador de la provincia ha moderado sus aspiraciones luego de la muerte de Néstor Kirchner.
Sin embargo, aún cuando Scioli no sea candidato presidencial, sí mantendrá sus aspiraciones en la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, Macri debe evaluar su capacidad de penetración hacia el interior del país antes de lanzarse como abanderado presidencial, pues hasta ahora el PRO no tiene ningún gobernador y solo tiene diputados en la ciudad y provincia de Buenos Aires. En el sistema político argentino la importancia de los caudillos locales es significativa para conseguir que los partidos penetren a las provincias. Tal es el caso, por ejemplo, de Santa Cruz, que ha sido un bastión importante para los justicialistas y Córdoba que históricamente ha pertenecido a los radicales, pese a los cambios políticos puntales que se han producido.
En ese marco de aspiraciones políticas de los líderes del principal distrito electoral de la Argentina se han producido una serie de conflictos, los más reciente son los que han tenido lugar en Villa Soldati y Lugano. Sin embargo desde hace varios años que se ha planteado un debate respecto a la seguridad en la provincia y la capacidad del gobierno de Macri de entregar seguridad en la ciudad. Los últimos hechos con las ocupaciones en el parque indiamericano y de varios predios en la ciudad, la cercanía de las elecciones presidenciales de 2011 y las aspiraciones de Scioli y, en general, del justicialismo en la provincia de Buenos Aires, han abierto la ventana de oportunidad para que el tema de la seguridad se instale a nivel federal y sea la casa rosada la que haya empezado a tomar medidas.
Las motivaciones que han llevado a que la casa rosada intervenga son, por un lado, electorales, demostrando preocupación por un tema que se ha instalado hace mucho en la agenda de Buenos Aires, y también políticas al interior del gobierno de Cristina, que viene mostrando ciertos cambios de actitud hacia algunos funcionarios que tenían más llegada a Néstor Kirchner y hoy la tienen menos con la viuda presidenta. Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, ha sido uno de ellos.
En términos electorales, el partido justicialista ha sufrido derrotas significativas en la zona de Buenos Aires. Lo primero viene a ser la elección del mismo Macri y la actual diputada, Gabriel Michetti, en 2007, donde su fórmula derrotó con más de un 60% de los votos a la fórmula oficialista por la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Luego vinieron las elecciones legislativas de 2009 donde en la ciudad la primera mayoría fue para la Propuesta republicana, con un 31% de los votos. El frente para la victoria obtuvo en la misma elección solo un 11% de las preferencias.
En la provincia se da un fenómeno parecido. El fallecido Néstor Kirchner resultó segundo detrás de Francisco de Narvaez, de la Unión PRO, con el 32% de los votos, en lo que sería la derrota más dura que debió enfrentar el oficialismo y el propio Néstor en las elecciones legislativas de 2009, pese a que contaba con la candidatura testimonial de Daniel Scioli, pues Scioli acompañaba en la campaña a Kirchner pero no podía postular como diputado nacional por ocupar el cargo de gobernador de la provincia. En suma, el terreno electoral que el Frente para la Victoria ha perdido en Buenos Aires es significativo, tomando en cuenta que en esta zona del país vive un tercio de la población y es el distrito electoral más importante de la Argentina y eso lleva a que la casa Rosada busque hacerse presente en los problemas de la provincia y la ciudad, intentando recuperar parte del terreno electoral que ha perdido a manos del PRO y del peronismo federal.
Un segunda impulso tiene que ver con las motivaciones política que Cristina tiene para quitarle poder al jefe de gabinete. Después de la muerte del ex presidente el gobierno de Cristina Fernández quedó debilitado y surgían algunas voces señalando que se repetiría el escenario que en 1974 cubrió a Isabelita, la viuda y compañera de fórmula de la última presidencia de Juan Domingo Perón, que debió asumir la presidencia a la muerte de fundador del justicialismo. En ese momento María Estela no estuvo a la altura, José López Rega, secretario y hombre fuerte del gobierno se convirtió en el conductor político de la sucesión peronista a la cabeza de la Argentina.
Probablemente las actitudes de Cristina hacia Aníbal Fernández y hacia otros personeros del gobierno busquen generar la sensación de fortaleza y gobernabilidad por parte de la presidenta, con miras a proyectarse como una alternativa cierta para la reelección en 2011 e intentando debilitar a las figuras fuertes de su gobierno que pueden restarle visibilidad a la presidenta.
Los ciclos electorales son una parte fundamental del proceso de formulación de políticas públicas, el caso de la seguridad en Argentina ilustra cómo un problema latente ha recibido atención de parte del gobierno federal, creación de un ministerio mediante, y con un amplio plan del gobierno para reformar la policía federal y la seguridad en el conurbano bonaerense y también en la ciudad. Ciertamente, todo está empezando a ser condicionado por las elecciones del próximo año que afectarán tanto a la presidencia de la Nación como a varias gobernaciones provinciales. El justicialismo requiere reencontrarse con los ciudadanos de Buenos Aires, tanto para darle suficiente piso electoral a Daniel Scioli ante una eventual reelección, como para conseguir mejores réditos para la propia presidenta y, por cierto, debilitar la figura de Mauricio Macri, Grabiela Michetti y otros actores políticas emergentes cuyo nicho fundamental es, justamente, la capital argentina.
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