Primarias en Argentina: Medición de fuerzas sin definiciones claras

Este domingo 14 de agosto por primera vez en la historia, Argentina vivirá un proceso de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos o pactos políticos que desean hacerse parte de las elecciones nacionales del 23 de octubre y donde deben concurrir a sufragar todos los ciudadanos mayores de 18 años. ¿Qué podemos esperar de este escenario electoral inédito en la historia política argentina?

Las elecciones primarias tienen varios efectos en la competencia electoral. Aumenta el rol de los electores en la competencia partidaria permitiendo que sean ellos los que definen las candidaturas que competirán y no los partidos, aunque tampoco les quita a éstos la responsabilidad original, propia de los partidos en democracia, de presentarle candidaturas a los votantes. Por otro lado, refuerza las estructuras partidarias y busca institucionalizar el sistema de partidos al permitir que sólo puedan competir en las elecciones nacionales aquellos candidatos que se han sometido a las primarias, que son intermediadas por un partido o una agrupación política.

También tiende a disminuir la fragmentación del sistema de partidos y a reducir las opciones disponibles en la elección nacional, pues pone un umbral mínimo de votación en las primarias para presentarse luego en las elecciones generales de octubre, en este caso, un 1,5%. Lo esencial, sin embargo, en todo proceso de primarias es que no son las cúpulas partidarias las que eligen a los candidatos, con lo cual no basta que éstos tenga que congraciarse con los líderes del partido o alinearse tras de ellos para alcanzar la posibilidad de competir a un cupo, sino que además deben acercarse a los votantes.

Con todo, las ideas anteriores se limitan a meras especulaciones a la luz del efecto de las elecciones primarias en otros países y queda ver qué sucederá el domingo. Revisemos un poco el escenario previo.

Para las elecciones presidenciales se presentan diez fórmulas: Cristina Fernández con Armando Budou, por el Frente para la Victoria; Raúl Alfonsín y Javier González por los radicales, y Eduardo Duhalde  y Mario Das Neves, por la Unión Popular, son, a mi juicio, los tres principales competidores.  Aunque Hermes Binner, que compite por los socialistas, tiene un nicho electoral potente en la provincia de Santa Fe y Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, compitió en las elecciones de 2007 y llegó a la segunda vuelta con la actual presidenta Fernández, con lo cual podrían dar alguna sorpresa. Sin embargo todas las candidaturas presidenciales están definidas y las elecciones primarias sólo permitirán tener un panorama más claro respecto a la fuerza política de cada uno de los candidatos o dejar algunas en el camino frente a la posibilidad que saquen menos del 1,5% de los votos que pide la ley. También se podrían generar que candidaturas que obtengan una votación muy baja, aunque superior al mínimo legal, busquen aliarse con candidatos más votados para obtener más posibilidades de alcanzar el poder y así reducir aún más el número de candidaturas.

Indirectamente la reducción de candidaturas perjudica la opción de Cristina Fernández de ganar en primera vuelta. Un hecho cierto desde hace un tiempo es el grado de confrontación política y polarización entre los principales actores del escenario político argentino, que viene a dificultar un traspaso de votos desde candidaturas opositoras a la candidatura oficialista. Lo más probable es que la reducción de las candidaturas termine beneficiando a Carrió, Duhalde o Alfonsín, permitiéndole agregar votos y acercarse a la, hasta ahora, más probable ganadora de la elección presidencial. De esta forma se podría forzar una segunda vuelta donde la oposición kirchenerista podría alinearse tras el candidato que compita con Cristina para intentar derrotar sus opciones de reelección. El sistema electoral argentino contempla que si un candidato obtiene más del 40% de los votos y aventaja por más de 10% al segundo, obtiene la presidencia sin necesidad de una segunda vuelta y con más del 45% de los votos el candidato se convierte en presidente(Art. 97º y 98º Constitución Nacional). De Perogrullo resulta decir que mientras más candidaturas opositoras existan más posibilidades tiene Cristina de aventajar por más de 10% a sus contendientes. 

Otro factor relevante es el rol que jugará Mauricio Mancri y Gabriela Michetti del PRO, jefe de gobierno y diputada por la ciudad de Buenos Aires, respectivamente.  Esto, pues la propuesta republicana no lleva candidato presidencial y tampoco ha llamado a votar por ningúno en particular, pese a los acercamientos que ha habido de parte de algunos candidatos presidenciales, particularmente Duhalde y Alfonsín, a la centro derecha macrista. En la campaña que ha iniciado el PRO por sus diputados nacionales llaman a “cortar boleta” dejando en libertad de acción a sus adherentes en la elección de los candidatos a presidente. Si tomamos en cuenta los resultados en la elección por la provincia y en la ciudad de Buenos Aires en 2009, donde el PRO alcanzó el primer lugar, y el Frente para la Victoria quedó en tercer y segundo lugar respectivamente, es poco factible que los votos se muevan hacia Cristina. Los mismos resultados de 2009 nos muestran que Carrió tiene mayores posibilidades de tomar votos del PRO en la provincia; y el Proyecto Sur, con escasas posibilidades nacionales, sí tendría alguna oportunidad en la ciudad, frente a la ausencia de un candidato presidencial de Macri.

Lo que ocurra en Buenos Aires no es menor, habida cuenta que es el distrito electoral más importante del país. Sin embargo, el PRO sigue sin tejer redes al interior de la Argentina en cuanto a diputados y senadores nacionales, aspecto que sí utiliza otros partidos como el Frente para la Victoria, la UCR y los justicialistas disidentes. A pesar de esto, en Santa Fe el candidato Miguel del Sel obtuvo el segundo lugar, siendo la primera vez que el PRO incursiona en provincias. (Ver: Ballotage)   

Nos preguntamos si es posible que las primarias revelen alguna sorpresa. En cuanto a los candidatos a presidente es probable que la respuesta sea no, y lo único que permitan las elecciones del domingo sea entregar más certidumbre a los candidatos respecto a las verdaderas posibilidades electorales que tienen y cumplir uno de los objetivos de las primarias: reducir las candidaturas sólo a aquellas electoralmente más viables, so riesgo de disminuir las posibilidades de ganar en primera vuelta para Cristina Fernández.

Otro asunto es la situación de diputados y senadores nacionales. El sistema de partidos argentino tiene un nivel creciente de desnacionalización. Hay una gran cantidad de partidos que responden a los intereses locales de cada entidad federal y, en muchos casos, no se alinean ni buscan hacerlo con los partidos que tienen un mayor alcance nacional, esto, para defender la autonomía de las provincias frente al gobierno federal, al que le es más sencillo involucrarse en los asuntos subnacionales en la medida que tenga aliados políticos en las provincias, como gobernadores, diputados o senadores. Con esta situación, es difícil que la fragmentación del sistema de partidos argentino se reduzca gracias a las elecciones primarias, pues los partidos que mayor alcance nacional poseen: el peronismo y los radicales, difícilmente podrán cooptar, al menos en el corto plazo, partido provinciales.

En consecuencia, las primarias ayudarán a los candidatos presidenciales para evaluar la viabilidad de sus candidaturas y de los proyectos políticos que están presentando y hacerse un panorama de cómo quedará más o menos conformado el congreso nacional para un eventual periodo de gobierno. De esa forma, tendrán más certidumbre respecto a las alianzas que deberían buscar y a los partidos provinciales que deberían intentar conquistar para asegurarse gobernabilidad entre el 2011 y el 2015. No creo que las primarias nos den alguna sorpresa respecto a lo que sucederá en octubre, sino que sólo serán útiles para hacernos un mapa político más claro y certero de cara a las elecciones nacionales. 

La indignación es con la democracia

Durante 21 años de democracia en Chile han gobernado casi las mismas personas bajo las mismas instituciones construidas durante la dictadura, políticamente validadas en democracia y perpetuadas en un documento constitucional que aunque sin la firma del dictador –a partir de 2005 la Constitución lleva la firma de Ricardo Lagos– sigue teniendo los mismo vicios de aquella que vio nacer la democracia en el marco de acuerdos y consensos de la clase política, sin mucho diálogo ciudadano ni participación social. Mantener la democracia era el objetivo más importante y para eso se podían transar otras cosas que arbitrariamente fueron consideradas menos relevantes.

Es probable que la ciudadanía haya considerado lo mismo frente a la importante experiencia que significó la transición pactada en Chile, valorando lo que se había logrado y no tanto lo que hubo que sacrificar. O bien que las luces del crecimiento económico de los años 90 –ese que nos hizo autodenominarnos “los jaguares” de América– que alimentó una idea no muy bien concebida respecto al milagro económico chileno, con cifras macroeconómicas que nos hacían brillar pero dejaban a su paso una sociedad atomizada, con muy bajos niveles de cohesión social en ciudades altamente segregadas, incubando dentro de sí profundos resentimientos, agudizando las contradicciones del neoliberalismo y excluyendo social, política y económicamente a grandes grupos.

Y es que Chile ya dejó de deslumbrarse con el crecimiento económico sobre el 6%, con las bajas cifras de inflación o la disminución del desempleo. Después de 21 años los chilenos nos hemos dado cuenta que hay que dar un salto sustancial en la calidad de la política y de la democracia. Las cifras económicas que hacen de Chile un ejemplo –muy cuestionable– y que nos han llevado a la OCDE pierden total validez cuando la exclusión se hace presente. Y lo peor es que no solo hablamos de exclusión económica, pues con un par de tarjetas de crédito cualquier persona puede sentirse parte de funcionamiento del mercado y adquirir bienes que en nuestra sociedad neoliberal entregan status y distinción, pero no siempre calidad de vida. Hablamos de exclusión política y social. En definitiva, hablamos de profundas fallas de la democracia que hoy deja afuera a importantes sectores sociales que ven en el crecimiento económico una falacia.

Desde las protestas estudiantiles, las marchas por Hidroaysén, Castilla y Punta de choros; las protestas en Punta Arenas y en Calama; las huelgas de los trabajadores del cobre, los problemas relacionados con la reconstrucción y las demandas, menos mediáticas pero también presentes, sobre una nueva Constitución, no revelan otra cosa que un malestar generalizado con un sistema injusto y excluyente. Y ojo, no me refiero necesariamente a un sistema económico que genera desigualdades –que sí las genera– sino de un sistema político que genera desencanto y, lo que es más grave, exclusión.

Y todo esto se da en un contexto donde las alternativas políticas parecen no existir, en un sistema de partidos cuya representatividad y legitimidad es cada vez menor y con una ciudadanía que se niega a canalizar e institucionalizar los conflictos, porque simplemente el sistema no da el ancho para generar soluciones esperadas y los partidos y los políticos no dan la confianza. Las grandes comisiones que buscaron crear un “gobierno ciudadano” –el vago concepto que Bachelet intentó instalar– se han traducido en acuerdos entre las cúpulas partidarias, y los ciudadanos excluidos del proceso de toma de decisión han interpretado eso como una traición. De ahí que no sea extraño que las demandas de todos los movimientos partan por exigir garantías mínimas para negociar. La palabra empeñada ya no sirve, pues cuando se creyó en ella los políticos le dieron un portazo a los movimientos sociales con los que negociaron.

Los problemas estructurales de la política chilena, esos que no se solucionan con el cosismo y el discurso apolítico de la derecha, se están volviendo cada vez más evidentes. Y la centro-izquierda tampoco tiene un discurso para hacerle frente. Fueron muchos años de acuerdos de segundo piso. Para solucionar nuestra crisis política lo que necesitamos es justamente volver a la política, reencontrarnos con ideales republicanos que evoquen el bienestar general, la deliberación ciudadana y la democracia. Así será posible generar los puentes que vuelvan a unir el clamor ciudadano y la actividad política.

Pero hay un problema grave y es que en el poder permanecen políticos que han rotado por cargos una y otra vez, cuando no se ha mantenido en el mismo desde el retorno a la democracia y, peor aún, pues algunos ya ocupaban algún escaño en el congreso antes del derrumbe de la democracia. Es un stablishment político e institucional apto para alcanzar la democracia, para hacerla estable y para hablar del crecimiento con equidad que se quedó más en crecimiento. No es el que necesitamos para ampliar los pilares democráticos, para hacer un sistema político más representativo y adecuado a la sociedad que hoy somos.

¿Será acaso que una fuerza de destrucción creadora tendrá que aparecer en nuestro país para barrer con las viejas instituciones y con los viejos rostros y producir la emergencia de un nuevo entramado institucional? ¿Será que, como en varias partes del mundo, la indignación y el malestar se están dando contra la democracia de mentira y amenazan a los que ocupan posiciones de poder? La clase política está en una coyuntura crítica que bien puede tener un desenlace inesperado. Se trata de entregar las garantías, de generar los cambios, de renunciar a sus cotos de caza particulares y buscar los caminos para darle a Chile un nuevo futuro. Si ese camino no se sigue pronto el malestar crecerá y se puede convertir en una indignación tan grande que barrerá con todo y el costo que habrá que pagar será demasiado alto. 

Chile necesita una nueva Constitución, por Bastián González

Crisis de la democracia y revolución de las élites, por Gabriel Henríquez

El descontento con una democracia no democrática, por Natalia Vargas

¿Por qué a la derecha le cuesta tanto gobernar en democracia?

Veinte años tardó la derecha en volver a la moneda, cincuenta en hacerlo a través de los canales democráticos. Más de alguien dirá que los hoy oficialistas partidos de centro derecha tuvieron veinte años para prepararse en la tarea de gobernar, para aprender de los errores de la concertación, para capitalizar la decadencia de la centro-izquierda chilena y hacerse del poder mediante las urnas. En parte es cierto. Los centros de estudios de la derecha han desarrollado profundas investigaciones de los problemas que tiene Chile y en los grupos Tantauco de Sebastián Piñera fueron sistematizadas en el programa de gobierno que finalmente fue favorecido en las elecciones.

Para lo que no se prepararon –pues probablemente no existe una adecuada preparación– fue en la tarea misma de gobernar y asumir el poder de la presidencia de la República. Gobernar no implica solamente dar soluciones eficientes a los problemas reales de la gente (Sentidos Comunes, 26(04), se trata también de tejer una compleja red de acuerdos, negociaciones e intereses que armonice de manera adecuada las diferentes visiones políticas, ideológicas, gremiales y corporativas de los problemas y de las soluciones que se plantean. Más todavía en un gobierno de minoría en coalición, donde hay que tomar en cuenta los intereses de los partidos que forman la coalición, los intereses de la oposición pues posee mayoría en el Senado y los intereses de los grupos sociales, tan movilizados en las últimas semanas.

Pero los indicios de los últimos meses y particularmente de los últimos días, nos muestran una coalición de gobierno donde lo menos que impera es la concordia y la armonía. Se evidencian demasiado las brechas que hay entre las facciones de RN y la UDI y se generan tensiones entre el presidente, que cree puede estar más allá de los partidos que le dan el apoyo, y su coalición. No es que esto sea algo negativo, en gobiernos de coalición es esperable e incluso deseable que ocurran divergencias en las posiciones. Sin embargo, debe existir la adecuada gestión política y un buen manejo de la agenda para mantener las diferencias bajo control e impedir que se conviertan en una amenaza para la gobernabilidad y para la misma coalición de gobierno.

Sorprendente es que estas dificultades sean también visibles en otros gobiernos de derecha. Desde la promulgación de la Constitución de 1925, Chile ha tenido tres gobiernos alineados con la centro-derecha del país: Arturo Alessandri entre 1932 y 1938, Jorge Alessandri entre 1958 y 1964 y Sebastián Piñera.

El segundo gobierno de Alessandri –quien había gobernado bajo la Constitución de 1833 entre 1920 y 1925– fue apoyado por radicales, liberales  y grupos de izquierda. Sin embargo, durante su periodo el temor a golpes de Estado se mantenía latente. Para mantener a raya esos miedos y estabilizar el país, Alessandri hizo uso de las nuevas facultades que la Constitución de 1925 le entregaba al presidente. Este uso de los poderes extraordinarios hizo que a principios del gobierno los grupos de izquierda se alejaran del gobierno y mediados de la década el partido radical también abandonó la coalición para empezar a conformar el Frente Popular que gobernaría a partir de 1938.

20 años después del fin del gobierno de Arturo Alessandri su hijo, Jorge Alessandri, alcanzaría la primera magistratura con el 31,56% de los votos. Su gobierno profundizaría un discurso apolítico de la actividad gubernamental. Se trataría de un gobierno gerencial donde los ministros del primer gabinete no representarían a los partidos conservador y liberal. Con todo, hubo apoyo parlamentario al gobierno y, a diferencia de lo que ocurre hoy, el dinamismo de la economía y la baja de la inflación durante los primeros 18 meses de gobierno devinieron en importante apoyo a los partidos que apoyaban el gobierno.

En las elecciones municipales de 1960 conservadores y liberales alcanzan juntos más de un 30% de los votos y los radicales  con un 20,93% serían la principal fuerza política del país. Un año más tarde, en elecciones parlamentarias, se mantiene la misma tendencia. Sin embargo, a esa fecha las medidas económicas habían empezado a mostrar estancamiento. La inflación que había sido controlada empezaba nuevamente a desatarse. La agitación social y política regresó. A mediados de 1961 el país estaba prácticamente paralizado y la coalición entre conservadores y liberales no tenía mayoría en el congreso.

En este punto el presidente busca ampliar su apoyo parlamentario invitando a los radicales y la democracia cristiana a entrar al gobierno. La DC rechaza la invitación mientras que los radicales, luego de varias semanas de negociación, asumen cuatro ministerios. Se había consagrado así el derrumbe del proyecto económico que le había permitido a Alessandri llegar a La Moneda y el gobierno de los gerentes tuvo que dar paso, como es natural, a los políticos para hacer frente a los crecientes problemas sociales que se presentaban en el país.

En general, el proyecto de Alessandri, que buscaba transformar el país fundamentalmente mediante un programa económico careció de apoyo político y no encontró suficiente arraigo en la ciudadanía. Sin embargo, para ser ecuánimes, todos los presidentes de la época enfrentaron problemas políticos y dificultades en la relación ejecutivo-legislativo. Presidentes de minoría con obligación de llevar a cabo complejas negociaciones para alcanzar apoyo legislativo para sus programas siempre cercenados, sin embargo, estos problemas eran más evidentes y las negociaciones eran más costosas cuando el presidente subvaloraba el rol de los partidos políticos. Lo vivió Ibáñez en su segundo periodo y lo vivió también Alessandri.

Hoy Sebastián Piñera vive problemas políticos graves al interior de la propia coalición de gobierno y el país se sumerge en un clima creciente de agitación social y protesta. Lo paradójico es que la economía anda bien –a diferencia de lo que ocurría en el gobierno de Jorge Alessandri– pero eso no se está traduciendo en mayor apoyo al gobierno, las encuestas no revelan que la ciudadanía se encuentre conforme con la administración de Piñera. Y es que, de nuevo, se le sacan componentes políticos claves a la forma de gobernar para introducir elementos de gestión administrativa y económica que si bien es cierto son importantes, dejan de lado la conducción y gestión política del gobierno, que permita generar los acuerdos necesarios al interior de la coalición oficialista y llevar adelante la negociación con la oposición para sacar adelante el programa de gobierno. Lamentablemente para el presidente, con una posición minoritaria en el congreso y con una coalición donde las brechas entre conservadores y liberales son cada vez más evidente no se puede gobernar sin negociar.

Y todo esto viene de un discurso propio del conservadurismo chileno (Ballotage, 08/02/2010) que alega que los males que han afectado al país son propios de los partidos políticos y de los políticos. Así Arturo Alessandri denostó al sistema pseudoparlamentario en los años 20 y se encontró con la oposición legislativa que desembocó en el ruido de sables el 3 de septiembre de 1924 que pedía la rápida tramitación de la agenda social del presidente.

Jorge Alessandri vivió lo mismo. Al triunfo de la derecha en 1958, El Mercurio editorializaba diciendo que por primera vez desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1925, el gobierno desplazaría los criterios partidistas para funcionar sobre criterios técnicos y que se instalaría finalmente el régimen presidencial, pues Alessandri gobernaría de manera independiente de los partidos políticos.

La dictadura de Pinochet culpa también a los partidos políticos del colapso democrático. La actividad política es denostada por el régimen de facto y el discurso apolítico de la actividad pública se hace carne en la ideas corporativistas de la sociedad civil plasmadas en la Constitución de 1980 inspirada en el pensamiento de Jaime Guzmán.

Por tanto ¿Por qué a la derecha la cuesta tanto gobernar en democracia? Le cuesta porque intenta aislar al gobierno de la discusión política. Sacarlo de la esfera que le es propia: la actividad política. De ahí que los proyectos económicos y de reformas no vayan acompañados de suficiente gestión política por parte de los ministros, pues se asume –como lo hizo el Mercurio en 1958– que el poder que las instituciones le entregan al presidente son suficiente para administrar el gobierno y la relación con los partidos políticos tanto oficialistas como opositores solo le resta independencia y poder a la institución presidencial.

Lo cierto es, sin embargo, que mientras más se reniegue de la actividad de los partidos políticos más necesaria se hará la relación con ellos y más costosa será la búsqueda de la gobernabilidad y del cumplimiento del program. Y los mismos más atención demandarán por parte del presidente omnipotente. Luego, un gobierno de derecha sustentado por un discurso apolítico y carente de un relato –un gran proyecto político que sustente su actividad– encontrará resistencia no solo en los sectores ciudadanos sino en los partidos que sostienen la presidencia, ambos elementos claves para el ejercicio gubernamental y para la sostenibilidad de la democracia.

Por qué no me gusta el presidencialismo chileno y creo que hay que cambiarlo

Los conflictos políticos que hemos visto al interior de la coalición por el cambio y de la concertación y que revelan las dificultades que se están dando mantener coaliciones políticamente estables y electoralmente viables pueden ser explicados a la luz de las debilidades del sistema político chileno, entre el sistema electoral y la forma de gobierno. El presidencialismo, como forma de gobierno, presenta una serie de debilidades que durante muchos años no habíamos visto en Chile pero que hoy, bajo una nueva forma de gobernar, lentamente empiezan a eclosionar.

Chile tiene un sistema de partidos que, dependiendo de los autores, puede ser calificado como multipartidismo moderado o como extremo, con 8 partidos representados en la cámara de diputados con diferentes grados de relevancia cada uno después de las elecciones de 2009, sin embargo, hasta las elecciones de 2005 los partidos representados eran solo 6 y tenían una clara sintonía con el gobierno o la oposición. La relación entre la forma de gobierno y el sistema de partidos se encuentra bien documentada y, a la vez, entre el sistema de partidos y los sistemas electorales, cuya relación si bien no monocausal sí produce ciertos incentivos a la hora de generar las políticas de coalición de los partidos políticos.

Algunos autores, como Mainwaring, señalan que los sistemas multipartidistas, como el chileno, no muestran un buen desempeño bajo formas de gobierno presidencialistas y entre las razones esgrimidas se halla la difícil conformación de coaliciones estables, el incentivo al conflicto que se puede producir entre presidentes minoritarios en el congreso y la polarización del sistema. Vale señalar que esta última es una de las razones que Arturo Valenzuela indica como causas del quiebre democrático en 1973.

La paradoja es evidente. Chile, con un sistema multipartidista en los últimos 20 años, ha mantenido una notable estabilidad política y democrática, con significativos avances sociales y económicos y con un proceso modernizador que se ha venido haciendo presente desde los albores de la democracia reciente. ¿Dónde podemos encontrar las causas de esto? La primera hipótesis que puedo dar responde al efecto que tuvo el plebiscito de 1988, que provoca una especie de pseudoclivaje dividiendo de manera temporal a la sociedad –y a los partidos- entre pinochetistas y antipinochetistas, misma división que intenta ser perpetuada por el sistema electoral. Por tanto, durante al menos los primeros 10 años de gobiernos democráticos se mantuvo esta división y el sistema, apoyado también por el binominal, funcionaba en los hechos como un sistema de dos partidos que le daba gobernabilidad y estabilidad al país. 

Pero no es la única causa. Arend Lijhpart, por ejemplo, ha señalado que un multipartidismo puede ser estable en la medida que exista un alto sentido de la cooperación y diálogo entre los partidos políticos. Este elemento ha estado presente en la política chilena desde principios de los 90, con lo que se podría llamar doctrina Aylwin o si queremos ser más exactos doctrina Boeninger, plasmada de forma muy clara en el libro “Políticas públicas en democracia” del fallecido ministro Edgardo Boeninger.

La idea de lograr políticas públicas a través de la búsqueda de consensos políticos ha tenido varios efectos en nuestro sistema político. Por un lado, ha evitado la competencia centrípeta de los partidos y la consecuente polarización del sistema –aspecto en el cual también contribuye el binominal, ha generado una especie de cultura de cooperación. La existen de mayorías estrechas en el congreso, particularmente en el senado con la existencia de senadores vitalicios y designados hasta la elección de 2005, generaban incentivos para buscar la cooperación y le inyectaba al sistema una cuota de disciplina partidaria. Para sacar adelante reformas era necesario buscar el acuerdo dentro de la coalición y también fuera de esta.

El problema viene 20 años después, cuando la división entre pinochetistas y antipinochetistas, toda vez que se trató de un elemento temporal en la política chilena, se ha diluido casi por completo y la emergencia de nuevos intereses sociales empieza a desconcertar a un sistema cuyas instituciones no están diseñadas para un funcionamiento plural, sino más bien para uno dual, con una clara división o clivaje social. Tanto el sistema electoral como la forma de gobierno funcionan de manera más eficaz bajo sistemas bipartidistas que reflejen dos polos de la sociedad.  Hoy no hay dos polos de electores claramente definidos y eso empieza a mostrar las naturales diferencias que se dan entre los partidos políticos que representan intereses plurales, pero que están funcionando bajo un sistema que los fuerza a mantener una estructura determinada, fundamentalmente para asegurar la gobernabilidad y seguir presentes en el escenario electoral a nivel legislativo.

Se hacen presentes así los fantasmas del presidencialismo con un sistema multipartidista sin los adecuados incentivos para la cooperación que ya se vieron en el gobierno de la presidenta Bachelet. El periodo 2006-2010 podría haber sido el periodo legislativo más favorable para la concertación. Con 65 diputados y 20 senadores, mayoría en ambas cámaras. Pero con esta situación el incentivo a la cooperación fue menor y empezaron a salir a la luz las grietas al interior de los partidos y la indisciplina partidaria se hizo más evidente. El resultado fue el predicho por la teoría, la coalición formada antes de la elección –la misma para todas las elecciones previas- se volvió inestable y el gobierno mayoritario devino en minoritario, con lo que el diálogo y la cooperación debieron regresar, pero la situación de inestabilidad ya estaba generada.

¿Qué sucede hoy y qué podríamos señalar para el futuro? Mantener las coaliciones unidas de manera forzosa puede resultar altamente perjudicial para el sistema político. El sistema binominal actúa como incentivo para mantener la actual política de alianzas, no obstante, la concertación y la coalición por el cambio representan variados intereses. Los partidos se ven forzados a unirse para seguir presentes en el escenario electoral y para intentar asegurarle gobernabilidad al presidente –cosa que ocurre siempre en los sistemas parlamentarios-  sin embargo allí donde su sobrevivencia no se pone en juego, como en las elecciones a concejales, sí se presentan incentivos para ir en listas separadas.

Las soluciones posible puede ser cambiar el sistema electoral, permitiendo que se manifiesten intereses plurales pero eso puede devenir en los problemas ya vistos propios de los presidencialismo plurales: presidentes minoritarios, coaliciones muy frágiles y, en definitiva, escasa gobernabilidad, en vista de los pocos incentivos que tienen los congresales a cooperar con el presidente.

Algo más radical sería modificar la forma de gobierno. Un sistema semipresidencial (o semiparlamentario, como yo lo prefiero) puede dar la flexibilidad suficiente, ya que si el presidente es minoritario en la cámara política las instituciones se ajustan para funcionar como sistema parlamentario, el jefe de gobierno toma funciones que el presidente debe ceder a favor de la gobernabilidad del país (es lo que se conoce como cohabitación en el régimen francés). Por el contrario, cuando el presidente tiene mayoría en el congreso el primer ministro será del mismo partido que el presidente y, en ese contexto, éste último puede tomar mayores funciones de gobierno ejecutivo. Se trata, por tanto, de darle mayor elasticidad a las instituciones, para que puedan ajustar su funcionamiento de acuerdo a diversos contextos. Un cambio de esta naturaleza debería ir acompañado de un cambio al sistema electoral y dada la posibilidad reciproca de revocabilidad –el jefe de gobierno puede disolver la cámara, pero ésta también puede censurar al gobierno- reduce los incentivos a la inestabilidad de los ejecutivos, razón esgrimida para decir que en Chile el sistema parlamentario no funcionaría, por la experiencia 1891-1925, que en rigor nunca fue un sistema parlamentario. 

Todo lo anterior lleva a la conclusión que se requieren cambios profundos en nuestro sistema político para procurar un mayor abanico de intereses representados en el acto electoral, pero al mismo tiempo intentar mantener una estabilidad en el sistema y generar mecanismos para que los conflictos políticos tenga caminos de resolución y la gobernabilidad y eficacia gubernativa también estén presentes.

La base electoral del gobierno de Sebastián Piñera a un año de llegar al poder

A un año del gobierno de Sebastián Piñera, es necesario preguntarse si ha sido capaz de mantener la base de apoyo que le dio el triunfo el 17 de enero de 2010 y si acaso, frente a nuevas elecciones, podría alzarse como el triunfador un candidato de la coalición oficialista como continuador de la obra del actual presidente.

Históricamente, después del retorno a la democracia, la centro-derecha en el país tuvo en techo electoral en torno al 37% en  las elecciones a diputados. Solo en dos ocasiones los votos que obtuvo la alianza por Chile superaron el 40%, la primera en las parlamentarias de 2001, probablemente gracias al impulso de la elección presidencial anterior liderado por Joaquín Lavín, donde la derecha alcanzó el 44,27% de las preferencias y se convirtió en el mejor rendimiento electoral de la alianza por Chile en 20 años de democracia en elecciones legislativas. La segunda en las parlamentarias de 2009 donde la alianza alcanzó un 43,35% de los electores.

En el mismo periodo la concertación no ha bajado de 44%·, siendo éste el resultado de las últimas parlamentarias y adicionalmente la coalición de centro izquierda estuvo siempre acompañada por el triunfo en las elecciones presidenciales y por notables resultados en las elecciones municipales. Toda esta dinámica electoral lleva a que se diga que en Chile la centroizquierda tiene una “mayoría social” o a que los valores progresistas de la concertación comulgan mejor con los valores de nuestra sociedad y que eso se refleja en los resultados electorales.

Esa idea se ve incluso avalada por conductas del propio gobierno. El concepto de “nueva derecha” que ha usado Rodrigo Hinzpeter y que no ha calado suficientemente hondo en el oficialismo apunta a una derecha que se renueva y empieza a sumar a sus banderas tradicionales otras que son propias del progresismo, como la defensa del medio ambiente y la protección social con una mirada diferente a la de la centro izquierda. Como lo señalaran Sergio Bitar y Jorge Insunza en El Mostrador (08 marzo) una derecha progresista. La reforma tributaria, obligada por el terremoto, la extensión del posnatal y la utilización de transferencias monetarias para solucionar la pobreza son aspectos que no han entrado en sintonía con el discurso de la derecha más ortodoxa y conservadora de nuestro país. Sin embargo, el ministro del interior en una entrevista que dio al diario La Tercera el 7 de noviembre señaló que la mayoría del gobierno es una mayoría electoral y no social, no obstante, la creación de esta nueva derecha ayudaría a ser una mayoría social.

¿Puede alguna coalición en nuestro país asentarse con la mayoría social? Si nos remitimos a las encuestas un gran sector de nuestra población se sienta apático a la concertación y a la coalición por el cambio, sin perjuicio a que un porcentaje mayor de ciudadanos se siente oficialista u opositor. En la última adimark un 27% de los encuestados aprueba el rol de la concertación pero un 42% se siente opositor, en tanto un 33% aprueba el comportamiento de la coalición por el cambio pero un 31% se siente identificado con el gobierno. Por tanto, ni la concertación ni la alianza son mayoría social desde este punto de vista.

Es posible también analizar el tema a partir de las elecciones presidenciales y las propuestas de nueva derecha. ¿Qué lleva a un 4% de los electores, algo así como 250 mil votantes, se muevan desde la concertación a la coalición por el cambio? Para indagar en una posible respuesta tenemos que remitirnos al funcionamiento del sistema de partidos en Chile.

En términos estrictos en Chile funciona un sistema multipartidista, en la cámara de diputados tenemos 8 partidos representados y si bien están agrupados en coaliciones, no siempre actúan de esa forma. El PRI, hoy aliado con la derecha en la testera de la cámara, tiene una capacidad chantaje y coalición significativa debido a que puede hacer variar las mayorías parlamentarias, cosa que no ocurre, por ejemplo, con el PC que tiene virtualmente nulas opciones de aliarse a la derecha y debe mantenerse alineado con la concertación o actuar de forma independiente, y allí se remitiría su relevancia en la cámara.

Sin embargo, cuando se acercan las elecciones el sistema de partidos empieza a actuar, presionado por el sistema electoral, como un sistema bipartidista. Los cupos para postular a escaños congresales se definen de modo tal que el compañero de lista no se convierta en un lastre para el candidato con más opciones de hacerse del escaño (generalmente el incumbente) y se hace un mayor esfuerzo en aquellos lugares con posibilidad de doblar a la otra lista y obtener los dos escaños, sin embargo, en la mayoría de los casos eso no ocurre.

Una característica del bipartidismo es que la competencia se vuelve centrípeta, es decir, tiende hacia el centro, los discursos más extremistas pierden fuerza frente a ideas moderadas. Esto, pues quienes están en la izquierda no tienen una alternativa electoralmente viable y le entregan sus votos a la coalición moderada de centro izquierda, situación análoga, al menos teóricamente, en la derecha. El punto es que al centro hay un grupo de electores que bien se puede identificar con la izquierda o con la derecha, actúan de manera pendular a la hora de votar. A diferencia de los electores de los extremos no temen comulgar con ambas grandes coaliciones al mismo tiempo y como son ellos quienes definen la elección también incentivan los lineamientos programáticos de los partidos políticos y las coaliciones.

Bajo esa lógica resulta natural que las ideas que recoge “la nueva derecha” y también aquellas ideas propias del progresismo actual tengan, entre varios de sus referentes, al partido conservador y laborista ingleses, respectivamente. Las ideas de conservadores no pueden acercarse mucho al neoliberalismo tatcherista de los 80 y los planteamientos del laborismo no pueden hacerle muchos guiños a las políticas socialdemócratas de la Europa continental o escandinava.

En Chile hemos visto claramente en las últimas elecciones como progresivamente el discurso de la concertación y de la alianza por Chile se ha ido acercando. La derecha buscó sacudirse de la imagen de la dictadura y para ello quien mejor que un candidato que ha repetido hasta el cansancio su voto por el NO en 1988 y ha levantado banderas propias de la concertación, como las políticas y la protección social. Esto demuestra, por un lado, que el discurso progresista que se instaló con fuerza desde el gobierno de Lagos y con mayor énfasis durante el gobierno de Michelle Bachelet sí tiene alojamiento en la sociedad, pero por otro lado, el triunfo de Piñera muestra que el discurso propio de la derecha también tiene llegada en la gente.

Es ahí donde cobra importancia ese votante centrista que valora temas de manera particular y no comulga ideológicamente con nadie. Este elector puede ser muy beneficiado con la protección social de la concertación peroto también sentirse inseguro en su población y querer que la derecha aplique la mano dura que tan pregona. Para evaluar el desempeño del gobierno en este primer año no solo hay que mirar el programa de gobierno y el nivel de cumplimiento de las promesas, sino que estudiar particularmente aquellos temas que la concertación fue incapaz de abordar e hicieron más sentido en el discurso programático de la coalición por el cambio.

En la misma línea argumentativa, el gobierno tiene una tarea más compleja pues no solo debe complacer a los electores históricos de la derecha, a los que según la última encuesta Adimark sí está, al menos en parte, satisfaciendo: particularmente en economía el gobierno es bien evaluado al igual que en empleo. Debe satisfacer también a los electores que, evaluando bien lo que hizo la concertación, buscaron un camino alternativo por temas puntuales y son esos elementos los que cobran fuerza. Es ahí donde temas como la delincuencia, el manejo del transporte público, la calidad de atención en salud, los temas medioambientales y la protección social se pueden convertir en flancos para el presidente. Los electores que le dieron su voto pensando en esos temas y no por el discurso tradicional de la derecha pueden volver a cambiarse pues no sienten un lazo político con la coalición gobernante, aunque tampoco con la oposición.

Por tanto, y a modo de conclusión, luego de un año de gobierno del presidente Piñera la base electoral no la tiene, ni por lejos, asegurada, ni siquiera se trata solo de mostrar buenos resultados, sino que se trata de no decepcionar en temas puntuales valorados por los votantes de centro. El 52% de enero es una cifra relativa, tras de sí esconde electores satisfechos con la concertación en varios temas y descontentos en otros, no son votos propios de la derecha, pero tampoco lo son de la concertación. Entonces ¿se ha mantenido la base de apoyo? A mi juicio no, el gobierno ha decepcionado en varios temas y las crisis al interior de la moneda o mal manejadas por el gabinete no han sido pocas y eso ha generado desencanto, decepción y desconfianza ,y básicamente porque los electores no siente una identificación política con el presidente sino solamente esperaban la solución de problemas específicos o la consolidación de otros, lo cual no se ha producido en el año que llevamos.

¿Se irá producir en lo queda de mandato? ¿Tendrá un giro este gobierno? ¿O los votantes desencantados hoy no ven alternativa posible entre un gobierno ineficaz y una oposición desordenada? El escenario es bastante complejo para el sistema político.

Un nuevo 9 de noviembre

El movimiento egipcio que partió hace casi 3 semanas y que es una extensión de las protestas que se inician en Túnez a principios de enero y que consiguen la caída de Ben Alí, autócrata árabe que había gobernado el país durante 23 años, ha alcanzado su primer gran objetivo: sacar del poder a Hosni Mubarak, en el poder desde hace 29 años y 4 meses, y quien había sumido al sistema político egipcio en un importante deterioro: las libertados democráticas fueron paulatinamente coartándose hasta que la oposición fue relegada a un plano simbólico y las elecciones descaradamente intervenidas para asegurar la continuidad del gobierno de Mubarak y las mayorías parlamentarias.

El principal movimiento de oposición, la Hermandad Musulmana, no podía presentarse a las elecciones y en ese contexto Mubarak caía en la misma práctica que la mayoría de los dictadores y autócratas del mundo contemporáneo en el que la democracia va ganando mayor valoración por parte de la comunidad internacional y la opinión pública: darle un viso democrático a sus regímenes, lo que se traduce en elecciones, periódicas o no, que adolecen de numerosos vicios en su realización pero que cumplen, al menos en parte, la pretensión de los líderes, es decir, entregarle un velo de legitimidad a sus regímenes altamente deslegitimados para el contexto internacional.

Un poco de historia

El 9 de noviembre de 1989 se abre el proceso más simbólico y representativo de un largo suceder de hechos que culminaría con la caída completa de la Unión Soviética, el fin del mundo bipolar y la instauración de un nuevo orden. Fukuyama diría incluso que como se terminaba la lucha ideológica y el capitalismo se alzaba como “exitoso” (compréndanse las comillas) vencedor en una contienda de más 40 años, la historia se terminaba. Es de Perogrullo mencionar que Fukuyama erró su predicción (él mismo lo reconocería más tarde) y hoy el mundo está pasando de un unipolarismo hegemónico a un unipolarismo –con el dominio de los Estados Unidos- compartido por varios polos regionales: Brasil, China, Alemania, India… cada uno con más o menos aspiraciones hegemónicas globales y con más o menos posibilidad de arrebatarle la posición a los Estados Unidos.

La democratización, no sin dificultades, de los países de Europa del este se enmarcaría en la tercera ola democratizadora que Samuel Huntington identificaría, en conjunto con los países de la periferia sur de Europa y del fin de las dictaduras militares en América Latina.

La democracia que cubre al mundo

Así las cosas, las olas democráticas fueron lentamente expandiéndose por el planeta y profundizándose en aquellos países que la conocieron primero, ampliándose las posibilidades de votación y participación en los gobiernos. Hoy existe una valoración significativa de la democracia por sobre otras formas de gobierno e incluso los gobiernos con democracias muy deterioradas –como Venezuela- apelan al concepto de “democráticos” para validarse frente a la comunidad internacional.

También ocurrió con los países con monarquías que paulatinamente fueron avanzando hacia sistemas menos monárquicos, con Inglaterra como sempiterno paradigma de la disminución de los poderes reales a favor de la soberanía de lo pueblo y de “los comunes”.

¿Una cuarta ola?

Sin embargo, numerosos países en el mundo viven sin democracia, sus vidas son ordenadas por monarcas todopoderosos –Jordania o Arabia Saudita- por partidos omnipresentes –como China o Cuba- o por autócratas o dictadores que se aferran al poder, como lo que hemos visto en Egipto o en Túnez. En otros casos caudillos pseudo populistas buscan que el Estado dominado por el partido oficialista alcance amplios aspectos de la vida de las personas, buscando cambiar sociedades y atropellas mayorías.

¿Será acaso que estamos asistiendo al inicio de un nuevo proceso democratizador en el mundo? ¿Será que lo que se inicio en Túnez empezará a expandirse por el Magreb y oriente medio? Hay varios aspectos comunes que hacen pensar que es posible que los mismos elementos que alimentaron las protestas en Túnez y Egipto se repitan en otros países del norte de África y de oriente próximo, la búsqueda de la democracia como principal motor de movilización.

En una publicación de The Economist aparecida en El Mercurio el 11 de febrero se señala que los países con mayor riesgo de revueltas serían Yemen (donde ya ha habido protestas) Siria, Libia, Egipto (con los resultados ya conocidos), Omán, Mauritania, entre otros. Se salvan países como Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. El desempleo, la corrupción generalizada, el dramático límite a las libertades individuales, los conflictos entre diferentes ramas del islamismo son leños que alimentan la hoguera de las revueltas. La eficacia de Túnez y Egipto son señal que las revueltas populares sí pueden hacer caer a los gobiernos autocráticos a favor de la democracia.

En todo caso, pareciera que es un hecho relativamente previsible que se seguirá expandiendo el sentimiento de búsqueda de libertades políticas y sociales y que el modelo a seguir por los movimientos sociales es el de Turquía. No obstante, lo que sí es una incógnita es el camino que adoptarán estas nuevas “revoluciones democráticas” una vez que logren su primer cometido. ¿Podrán iniciarse transiciones democráticas que empiecen a construir los cimientos de futuros gobiernos más plurales, diversos y participativos o bien se formarán gobierno caudillescos o dictatoriales al alero de las fuerzas armadas?

Prefiero pensar que sucederá lo primero y que se está iniciando un proceso democratizador parecido al que vivieron los países de Europa del este en 1989 y que se refleja en forma gráfica con la caída del muro de Berlín. Creo posible pensar que estamos asistiendo a un nuevo 9 de noviembre.

Reemplazo de congresistas: Entre la legitimidad y la estabilidad

En las últimas semanas se ha puesto en el debate la forma en la que se reemplazan los cargos vacantes de los diputados o senadores en el congreso. Desde el año 2005 el artículo 51º de la Constitución política de nuestro país señala que las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. Así las cosas, ya sea por muerte o por alguna inhabilidad sobreviniente para el ejercicio del cargo (como ser designado en un ministerio, cosa incompatible con el trabajo legislativo, en nuestro ordenamiento jurídico) el partido político designará al reemplazante.

La práctica la han usado casi todos los partidos con representación en el congreso. La usó el PS a la muerte de Juan Bustos, RN a la muerte de Pedro Álvarez y con la designación de Andrés Allamand, el PPD con la designación de Carolina Tohá en la vocería de gobierno, la UDI con el reciente llamado del presidente a Evelyn Matthei para ocupar el ministerio trabajo. Sin embargo no se ha instalado un patrón o alguna regla no escrita que regule este reemplazo, no es el compañero de lista ni tampoco alguien que tenga alguna experiencia legislativa, simplemente es aquella persona que el partido decida y que eventualmente pueda tener mayores posibilidades de mantener el cupo en la elección siguiente.

Incluso, se ha señalado que puede haber motivaciones políticas en el uso de este mecanismo para construirle un camino electoral más sencillo a aspirantes a la cámara. Sucedió con Felipe Harboe quien fue designado por el PPD cuando la presidenta Bachelet nombró a Carolina Tohá en la secretaría general de gobierno. Harboe en la elección siguiente se legitimó como diputado, sin embargo pudo usar la plataforma que le entrega un escaño en el congreso para proyectar su candidatura.

Los reemplazos que se produjeron en las últimas semanas también han generado ruido. La designación de Carlos Larraín, con un perfil altamente conservador y lejano a la circunscripción senatorial número 16 se contrapone a lo que representaba Andrés Allamand. El caso de Uriarte para reemplazar a Matthei genera otro debate pues también se debe designar al reemplazante del diputado UDI que pasa a la cámara alta.

Varias mociones se han presentado para cambiar esta forma de reemplazo o bien matizar el efecto que tiene. Maximiano Errázuriz y Amelia Herrera presentaron en abril de 2009 una propuesta de reforma constitucional que prohíbe el reemplazo de congresistas que sean designados ministros. Esta prohibición bien puede actuar como un desincentivo a nombrar diputados o senadores en ejercicio a cargo de ministerios, aspecto poco común en regímenes presidenciales, pero cotidiano en los sistemas parlamentarios, donde los ministros son necesariamente integrantes de la cámara política, de forma tal que se promueve una mejor coordinación entre ambos poderes. Pero, adicionalmente, y en caso que los gobiernos deban echar mano a experiencia política en el congreso –como ha sucedido en este último cambio de gabinete- el nombrar a un congresista como ministro dejaría sin representación a un grupo de electores.

Otra moción fue presentada tempranamente, en 2007, por un grupo de diputados: Francisco Chauhán, Marco Enriquez-Ominami, Álvaro Escobar, Marta Isasi, Tucapel Jiménez y Esteban Valenzuela. La propuesta, que entra a la cámara con boletín 5164-07, señala que el reemplazo se debe producir por elección complementaria en caso que la vacante se haya producido antes del último año de ejercicio del cargo, si se produjere en el último año el diputado o senador no sería reemplazado. Esto retorna a la lógica que imperó en Chile desde la constitución de 1925 hasta 1973, con episodios conocidos que desestabilizaron el sistema político, como el “naranjazo” en 1964, que motivó ciertas decisiones de los actores políticos de cara a las elecciones presidenciales de ese año.

En un contexto de mayorías estrechas como el actual, donde la diferencia entre las coaliciones políticas es de uno o dos congresistas en cada cámara, una elección complementaria puede modificar esas mayorías, obligando a cambiar la estrategia y agenda legislativa del gobierno, tal como ocurre en todos los países que contemplan elecciones legislativas a mitad del periodo presidencial. Hemos visto lo que ha ocurrido en los Estados Unidos en las últimas elecciones y también en la Argentina con las elecciones de 2009. En definitiva, es agregarle una cota de incertidumbre al periodo presidencial y la gobernabilidad durante los 4 años. Esto se puede atenuar con una elección que se realice con dos o tres candidatos del partido que tiene el cupo, no obstante, esto atentaría contra la idea de que las elecciones deben ser libres y pueden concurrir todos los ciudadanos.

En consecuencia, quedan dos alternativas posibles para modificar la actual forma de reemplazo que, a todas luces, merma la legitimidad de la cámara y del senado, toda vez que los diputados y senadores designados por sus partidos para llenar cupos vacantes no pasaron por una elección popular y, por tanto, no han sido validados por los depositarios de la soberanía electoral. La primera es usada en varios países latinoamericanos, México y Uruguay entre ellos, y consiste en que a la hora de inscribir la candidatura principal se inscribe también un suplente que debería reemplazar al diputado o senador electo en caso que éste debiera dejar su escaño por cualquier razón. La ciudadanía conocería el nombre del suplente desde antes por tanto si habría cierta legitimidad, no obstante, el obstáculo a esto es que se añadiría una cuota de complejidad adicional a la elección.

La segunda opción –que me parece la más adecuada- es volver a la modalidad previa a la ley 20050, es decir, que el reemplazante debe ser el compañero de lista. Esto si bien modifica la correlación de fuerzas entre los partidos no altera mayormente la fuerza de los pactos que hay en el congreso y por tanto mantiene la estabilidad, a grandes rasgos, del sistema. Además las ciudadanía conocería desde el momento de la elección al eventual reemplazante y el compañero de lista también habría sido votado por la población.

Hasta ahora varias alternativas duermen en el congreso, sin embargo, el presidente anunció en una entrevista televisiva hace algunos días que el propio ejecutivo enviaría un mensaje para modificar la norma.

El camino de Cristina hacia la reelección

La situación que está viviendo Cristina Fernández a escasos 10 meses de las elecciones presidenciales en la Argentina muestra la situación de inestabilidad en la que quedó el gobierno nacional luego de la muerte del líder del justicialismo y hombre fuerte de la casa rosada. Por un lado se tiene a una presidenta intentando restablecerse emocional y políticamente de la pérdida de su marido y compañero político y una oposición que se está empezando a constituir electoralmente para enfrentar los comicios de octubre.

Al interior del gobierno

Un objetivo que lograba Néstor Kirchner era la centralización del poder federal y del partido justicialista en sí mismo. Eso le ayudaba a controlar el poder ejecutivo, evitando actuaciones personalistas de parte de algún ministro y monitoreando personalmente las actuaciones de los ministerios más importantes: economía, principalmente.

Adicionalmente, controlaba de cerca la actuación de los gobernadores de las provincias, especialmente de los oficialistas, controlando muy de cerca los gestos e ingresos de las provincias para evitar que se acumularan déficits que pudieran poner en riesgo la estabilidad macroeconómica global del país (La Nación, 31/10/2010). Políticamente, alineaba a los gobernadores tras la estrategia política del gobierno. Hoy ese rol se ha perdido y nada asegura que Cristina lo esté ejecutando, pues bien puede haber reforzado a algunos ministros del gabinete: Boduo en economía, De Vido, en planificación, Nilda Garré en Seguridad pública.

La actuación del gobierno ha venido a debilitar a otros ministros que eran considerados integrantes más poderosos del gobierno, especialmente Aníbal Fernández, jefe de gabinete, que pese a los desmentidos que ha realizado sobre su eventual alejamiento del gobierno (Clarín, 14/01) han sido fuertes las voces que señalan que la presidenta estaría sondeando algunos nombres para reemplazar a Aníbal Fernández y en los hechos el gobierno le estaría restando influencia (La Tercera, 19/12/2010) a favor de personas más cercanas y “leales” a la presidenta.

La estrategia parece apuntar hacia un objetivo claro: la presidenta busca sacudir su gobierno de aquellos rumores que en algún momento señalaron que las figuras fuertes del partido empezarían a aprovechar la ausencia de Kirchner para escalar en el ejecutivo, insinuando que la presidenta sería incapaz de asegurar la gobernabilidad en el año que restaba desde la muerte de Kirchner. La idea sería no repetir ni un ápice de lo sucedido en 1974 cuando a la muerte de Perón, María Estela se vio eclipsada por López Rega, con miras además, de una eventual reelección este año.

En suma, Cristina desea mostrar que, más allá de la luna de miel que ha tenido en las encuestas después de la muerte de su marido, es capaz de gobernar el país con su propio equipo.

Al interior del partido

La presidenta Fernández aún no ha definido si irá a la reelección, pese a que algunas noticias que ha dicho que ella ya habría comunicado a los más cercanos que optará por seguir en la casa Rosada (La Tercera, 17/01) no se deben desconocer las aspiraciones de otros integrantes del partido a la presidencia, como el mismo Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, se viene un año electoral con importantes desafíos, el principal de ellos será probablemente la inflación –según algunos analistas podría llegar al 40% en 2011, siendo de las más altas del mundo (Clarín, 20/10/2010).

Joaquín Morales Solá, columnista del diario porteño La Nación, se pregunta si acaso la presidenta será capaz de mantener durante un año el impulso y respaldo que el Frente para la victoria y particularmente el justicialismo para seguir con opciones electoralmente viables. Los problemas a los que puede enfrentarse la Argentina el 2011, la acción de la oposición y el fin del sentimiento de duelo con la presidenta podrían, en definitiva, hace más complejo el final del camino electoral de la presidenta antes de las elecciones.

En ese contexto, la presidenta deberá ejercer un fuerte liderazgo político en el justicialismo para mantenerse electoralmente a flote, cuidarse de los conflictos y alinear a los gobernadores, tan importantes en el rol de penetración hacia el interior que deben llevar a cabo los partidos en cada evento electoral.

La oposición

El radical Ernesto Sanz lanzó oficialmente su precandidatura a la presidencia, adelantándose a lo que haga Ricardo Alfonsín y Julio Cobos, quien aún se debate entre la vice presidencia de la nación y la oposición, en una de las particularidades más significativas del actual gobierno argentino. El candidato final será definido en las internas del partido.

Asimismo, el candidato del peronismo Federal, Eduardo Duhalde, ha disparado profusamente en contra del gobierno, con lo que las opciones de la reunificación del peronismo vaticinadas en algún momento (Ballotage, 18/11/2010) parecen esfumarse. No obstante, se mantiene la necesidad de Mauricio Macri para buscar una alianza que lo ayude a penetrar en el país y así poder levantar una candidatura del PRO, salvo que decida quedarse un periodo más en la ciudad de Buenos Aires, donde tendría el triunfo bastante seguro a la luz de las últimas elecciones de 2009.

Elisa Carrió y Fernando Solanas son otros de los candidatos que aspiran a aparecer en el voto en octubre próximo. La primera alcanzó la segunda mayoría en las elecciones de 2007 donde Cristina Fernández ganó en primera vuelta. El segundo ha sido la sorpresa en Buenos Aires, pues con el movimiento “proyecto sur” logro alzarse con la segunda mayoría (24,21% frente a un 31,09 de Gabriela Michetti) en pasadas elecciones legislativa y ha motivado al gobierno de Macri a iniciar un ambicioso proyecto para aumentar su presencia al sur de la ciudad.

El panorama general es bastante favorable para el justicialismo, sobre todo pues la barrera electoral es de solo un 45% y resulta bastante complejo que PRO, Radicales y disidentes peronistas se agrupen en solo una candidatura, al menos para la primera vuelta, que como en todas las elecciones con segunda ronda de votación, actuará como primaria a nivel nacional. En una segunda vuelta ¿los peronistas disidentes apoyarán a Cristina? ¿Y los radicales? Eventualmente para una segunda vuelta si podría constituirse un frente amplio que busque sacar de Olivos a Cristina… pero viendo el comportamiento fraccionado que ha tenido la oposición en la cámara de diputados una estrategia así no asegura la gobernabilidad y la concreción de un proyecto político perdurable, corriendo un riesgo similar al de la Alianza (UCR-FREPASO) a principios del 2000. 

¿El principio de la caída de Laurence Golborne?

Cuando a principios de febrero de 2010 el presidente Sebastián Piñera presentó su gabinete nadie se podría imaginar que varios meses después uno de los más desconocidos de los ministros y jefe además de un ministerio que da poca exposición mediática, como lo es minería, estaría entre los políticos con más futuro e iniciaría de forma bastante anticipada la discusión respecto a la figura política de la alianza que tendrá la misión de alzarse con la candidatura oficialista en 2013.

El accidente en la mina San José, profusamente utilizado por el gobierno, ayudó a catapultar la imagen del desconocido Laurence Golborne a las altas cumbres de la opinión pública. Sin mostrar muchas habilidades políticas el ministro de minería pasó a encabezar las listas de eventuales candidatos a la presidencia que emergerían de La Moneda e inició un debate –un poquito artificial para mi gusto- que sumó a Rodrigo Hinzpeter y a Joaquín Lavín, dos de las figuras políticas con más peso al interior del gabinete. El tema incomodaba al propio Sebastián Piñera (La tercera, 19/11/2010) cuyo objetivo es enfatizar el carácter ejecutivo de su gobierno y luego empezar a discutir la sucesión.

Pero ¿qué tanto puede gustar esto a los partidos que apoyan políticamente al gobierno? La UDI y RN ya habían manifestado su malestar por la falta de representación política en el gabinete, incluso, en algún momento se dijo que ambos partidos buscaban fichar a alguno de los ministros independiente: Raineri, Golborne, Cruz-Coke, Kast, para así aumentar su representación al interior del gobierno (El Mercurio, 18/10/2010). Eso no ha sucedido y el escenario hoy es diferente.

Al gobierno entran dos ex senadores que abandonaron sus bancas en Valparaíso para allegarse a La Moneda y que tienen una dilatada carrera política construida en el congreso. Ambos tienen aspiraciones presidenciales, ya sea públicamente reconocidas o más privadas (La Tercera, 16/01) y son parte de cada uno de los partidos que conforma la alianza de gobierno y se suman a otras dos figuras que también miran el sillón presidencial: Lavín y Hinzpeter. ¿Qué pasará entonces con Golborne?

Creo que es bueno plantear una hipótesis que si bien puede que otros compartan no la he visto siendo ampliamente debatida en los medios: El actual cambio de gabinete tiene, entre otros objetivos, dejar a Golborne en una situación políticamente vulnerable que una persona con escasa capacidad política, como el mismo se reconoce (El Mercurio, 02/01) tendrá pocas opciones de enfrentarla y así reducir su alzamiento como carta presidenciable.

Es posible, asimismo, presumir de una eventual presión de los partidos políticos y de la incomodidad del propio presidente de tener un ministro tan alto en las encuesta para gatillar este movimiento. Los partidos, ciertamente, se pueden sentir poco agraciados de que la principal figura del gobierno de la alianza por Chile provenga de fuera de ésta, sin un lazo significativo con los partidos que la forman y en desmedro de otras personas que encarna de forma más activa la identidad partidaria. La alta popularidad de Golborne le hace sombre a Sebastián Piñera y a otros ministros y eso se vuelve significativo en un gobierno que funciona en base a popularidad, las encuestas y la opinión pública.

La cartera de energía no solo es compleja por las necesidades que actualmente tiene Chile en el tema, sino también porque hay un conflicto manifiesto en Punta Arenas y ha sido Laurence Golborne quien debe acometer con la solución, ciertamente se podría juzgar como una prueba para medir su capacidad política en la resolución del problema e intentar proyectarlo como un buen gestor más allá del accidente de los mineros, no obstante, el anuncio que hace Rodrigo Hinzpeter solo minutos después de que jurarán los nuevos integrantes del gabinete, respecto al uso de la ley de seguridad interior del Estado, hace pensar otra cosa.

¿No será acaso que Golborne en el ministerio de energía, con el conflicto en su punto más álgido y azuzado aun más por Rodrigo Hinzpeter y su invocación vehemente al orden público, solo es la forma que ha encontrado el gobierno para bajarlo de donde está y ponerlo camino al olvido político? La opinión pública es muy maleable y olvida rápido. Adicionalmente el mismo Golborne se mostró algo incómodo cuando luego del juramento de ministros fue consultado por la prensa respecto a los dichos previos de Hinzpeter y señaló que era rol del ministerio del interior velar por el orden público (Cooperativa, 16/01) respuesta que más tarde Carlos Huneeus, director del CERC y académico de la Universidad de Chile, criticó señalando que no viene a facilitarle el trabajo a Golborne la ley de seguridad interior del Estado (CNN Chile, 16/01)

Cómo se le viene el camino a Laurence Golborne es un tema que el tiempo dilucidará, pero en este momento el futuro no parece muy positivo y, más aún, las señales que se han visto permiten inferir que La Moneda, los partidos de la alianza y Sebastián Piñera, no tienen intención de construirle el piso político ni prestarle el caudal electoral para convertir a un independiente en eventual continuador del primer gobierno de la derecha en más de 50 años.

La interpelación en la medida de lo posible

La interpelación es una institución propia de los sistemas parlamentarios que fue introducida en Chile en la reforma constitucional del 2005 como una manera de atenuar el poder presidencial y entregarle mayor capacidad de control al congreso nacional. Sin embargo, su uso ha sido dispar y las veces que han ocurrido interpelaciones más que un cuestionario al ministro la conversación se ha transformado en una serie de acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición.

Adicionalmente no se trata de una institución de uso constante en la que los diputados quisieran conocer de forma regular el avance de las políticas públicas en los ministerios o el impacto de leyes aprobadas por los congresales. Esto lleva a que se genere una profusa expectación mediática en torno a la interpelación pues se desarrolla en contextos polémicos, vale recordar el caso de Yasna Provoste y el reciente con Magdalena Matte, que además incluyó una tribuna llena de personas “acarreadas” por los partidos a favor o en contra de la ministra.

En países con tradiciones parlamentarias existen varios mecanismos a través de los cuales los parlamentarios pueden monitorear la marcha del poder ejecutivo, uno de ellos es la interpelación, pero también las cuentas periódicas de ministerios ante la cámara política. En Alemania, por ejemplo, existe algo llamado la hora de preguntas, en las que semanalmente un ministro es interrogado por el parlamento. Es posible, además, que un 5% de los parlamentarios (el mínimo de parlamentarios para constituir una bancada) solicite a un ministro ir a la cámara política a dar cuenta del avance del ministerio o a responder preguntas. Se trata, por lo tanto, de una práctica periódica a interiorizada por los parlamentarios y por la opinión pública.

El intento que se ha hecho en Chile por “parlamentarizar” el sistema presidencial ha sido en la medida de lo posible sin incluir consecuencias sencillas a partir del propio mecanismo parlamentario. Es decir, la interpelación, institución parlamentaria, puede devenir en una acusación constitucional, propia de regímenes presidenciales, y que termina con la destitución, sanción administrativa que impide al funcionario destituido –un ministro, en este caso- ingresar a la administración pública por 5 años, aun cuando la responsabilidad del ministro puede ser eminentemente política y no administrativa, por lo tanto la destitución de convierte en una sanción exagerada.

De que Chile es un país altamente presidencial es un hecho casi incuestionable. El poder ejecutivo tiene amplio poder de intromisión en la agenda legislativa, manejando los tiempos máximos a través de las urgencias y además el congreso carece de mecanismos eficaces de control.  Las comisiones investigadoras de la cámara de diputados tienen un alcance limitado pues no acaban en sanciones a los involucrados, solo pueden arrojar una serie de antecedentes que más tarde se podrían usar por la Contraloría o por la justicia ordinaria y, además, con la carácter político que tienen los informes finales de las comisiones.

Entonces, ¿por dónde avanzar? La interpelación podría tomar un carácter más serio si la cámara pudiera remover a un ministro de forma más sencilla, no obstante, eso no deja de ser parte de una parlamentarización a medias que no responde al espíritu de una sistema parlamentario ni tampoco a la evolución política ni histórica que han tenidos los sistemas de gobierno en el viejo mundo. Sin embargo, no creo que sea adecuado eliminar la institución de nuestro ordenamiento jurídico, sino más bien perfeccionarla y convertirla en una herramienta periódica de control parlamentario, a diferencia de lo que ocurre hoy que es usada en situaciones muy puntuales y con una alta exposición mediática.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la interpelación u otras formas de control parlamentario son necesarias para el buen ejercicio de la democracia. Hoy la figura se tiene presentada como una manera de sanción a la gestión pues la alianza, en su momento, y la concertación hoy las ha usado para cuestionar la labor ministerial y no para conocer la marcha de los ministerios y la implementación de políticas. Una práctica sana, por ejemplo, sería interpelar mensualmente a uno o dos ministros respecto a temas específicos considerados de interés públicos, de modo tal que la cámara de diputados esté constantemente informada de la actuación ministerial y se le vaya quitando el estrés que implica actualmente una interpelación cada mucho tiempo, dándole un carácter más periódico y de monitoreo. Ciertamente, ayudaría a construir mejor oposición desde la cámara de diputados.

Chile debería avanzar hacia un sistema menos presidencial, atenuando el poder del ejecutivo y construyendo prácticas políticas más equilibradas entre el presente o presidenta de la República y la Cámara de diputados. Perfeccionar la interpelación puede ser un primer paso pero posteriormente deberían venir otras instituciones que acerquen nuestro régimen a uno más consensual sin los vicios del presidencialismo latinoamericano.