Las últimas semanas se han producido en Buenos Aires varias tomas de terrenos por parte de personas que no tienen casa, en su mayoría inmigrantes que han llegado a la Argentina en busca de mejores oportunidades, trabajo y calidad de vida y se han encontrado con la escasez de viviendas y terrenos para construir. Más allá de las percepciones políticas que puede haber en torno a esta movilización –ya que se ha dicho que son movimientos que buscan desestabilizar el gobierno de Cristina Fernández (La Nación, 02/01)- es necesario mencionar que no son hechos nuevos en nuestro continente y que revelan una considerable situación de precariedad para las personas más vulnerables de América Latina: migrantes, indígenas, mujeres, adultos mayores.
Es necesario remontarse no muchos años para ver cómo en Chile proliferaban los campamentos reflejo del enorme déficit habitacional que tenía el país. Hoy hay menos campamentos, el déficit habitacional es menor y también las condiciones de habitabilidad de las viviendas han mejorado. Si en 1990 el 11,6% de la población declaraba vivir en mediaguas, en 2006 solo un 0,9% lo hacía, según datos de la encuesta CASEN. En el siguiente gráfico es posible apreciar diferencias en otras categorías.
Fuente: CASEN 1990 y 2006.
Es posible ver que en las categorías que precarizan la habitabilidad de las viviendas se producen caídas significativas. Hoy más personas tienen acceso a casas propias y con mejores condiciones, sin perjuicio que aún hay un porcentaje significativo viviendo en terrenos cedidos y en viviendas de material ligero y además se produce una gran diferencia entre el entorno de las viviendas sociales que se ubican en su gran mayoría en las comunas más pobres y aquellas que están en comunas ricas. Existe por lo tanto una amplia brecha que salvar aún y que deberían ser foco de la política habitacional y urbana en nuestro país.
Pero no es posible ignorar lo que ocurre a nivel regional. Las villas miseria en Buenos Aires, las Favelas en Río de Janeiro y las miles de casas que cuelgan en las periferias de Bogotá, Lima, Quito, Caracas o las capitales de los países centroamericanos vienen a revelar la incapacidad del Estado por entregar viviendas a su población y el fracaso de las políticas habitacionales y urbanas. Ciudades con niveles altos de segregación y fragmentación; altamente pobladas y muy extendidas, con todo lo que ello conlleva en cuanto a movilidad y transporte y a la configuración de los mercados laborales a interior de las ciudades.
¿Qué perjuicios generan estos problemas en las ciudades? En el caso de Santiago, donde los déficits y condiciones precarias han ido siendo superados se alzan como problemas la localización de las viviendas sociales y su acceso a servicios propiamente urbanos. Se trata de entornos altamente precarios donde las mismas condiciones contextuales alimentan una creciente vulnerabilidad social del cual la propia localización es un reflejo. Es la localización periférica sumada a la pobreza la que va generando condiciones propicias para la delincuencia, la marginalidad y la exclusión lo cual aumenta el riesgo de las familias que viven en esas zonas a seguir siendo pobres y a ver mermada su calidad de vida.
Pero en otros países de la región el problema es aún mayor, pese a que los niveles de segregación pueden ser menores –en Buenos Aires se alzan Villas miserias a pasos de Palermo, impensado sería que eso ocurriera cerca de El Golf, en Santiago- el gran problema es que la oferta de viviendas es insuficiente y lo ha sido por mucho tiempo y en consecuencia hoy la periferia se ha llenado de construcciones precarias que se ven privadas de una serie de servicios como agua potable, alcantarillado o acceso a salud y educación. Eso perjudica aún más la condición de vulnerabilidad de las familias que, pese a su cercanía con otros sectores económicos y las ventajas de interacción que eso genera.
¿Dónde está el problema? El tema se trata, esencialmente, de la capacidad de los gobiernos por entregar una política habitacional adecuada que propenda a la adecuada integración de los barrios marginales y excluidos a la dinámica urbana. En Santiago, por cierto, el desafío es parecido con la ventaja que las condiciones de habitabilidad de las viviendas son mejores que en otros países, aunque la exclusión y la segregación actúan igualmente como catalizadores de la pobreza y la desigualdad.
Cobra así importancia, finalmente, la necesidad de promover a través de la política pública y desde el Estado la cohesión social al interior de las ciudades y de los barrios permitiendo que los habitantes de cada territorio se puedan sentir parte de éste, generando una identidad con sus comunas y sus ciudades y permitiendo que se integren a éstas como fuente de bienes y públicos y servicios urbanos.
Por lo tanto, las tomas de terreno que se dieron en Buenos Aires, pero que se han vivido en diferentes momentos históricos en otras ciudades de América Latina, no solo reflejan la falta de casas, pues si escarbamos más profundo podremos encontrar el desarraigo territorial de las personas que migran en busca de oportunidades que en sus países no hay, la falta de identidad con las ciudades y los barrios, la escasa cohesión social y, al final del día, el gran lastre que pesa sobre los países latinoamericanos: la desigual distribución de ingresos, bienes, servicios y poder de decisión. Difícil resulta que en ese adverso escenario la región pueda dar un salto significativo hacia el desarrollo y la calidad de vida.
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