Durante 21 años de democracia en Chile han gobernado casi las mismas personas bajo las mismas instituciones construidas durante la dictadura, políticamente validadas en democracia y perpetuadas en un documento constitucional que aunque sin la firma del dictador –a partir de 2005 la Constitución lleva la firma de Ricardo Lagos– sigue teniendo los mismo vicios de aquella que vio nacer la democracia en el marco de acuerdos y consensos de la clase política, sin mucho diálogo ciudadano ni participación social. Mantener la democracia era el objetivo más importante y para eso se podían transar otras cosas que arbitrariamente fueron consideradas menos relevantes.
Es probable que la ciudadanía haya considerado lo mismo frente a la importante experiencia que significó la transición pactada en Chile, valorando lo que se había logrado y no tanto lo que hubo que sacrificar. O bien que las luces del crecimiento económico de los años 90 –ese que nos hizo autodenominarnos “los jaguares” de América– que alimentó una idea no muy bien concebida respecto al milagro económico chileno, con cifras macroeconómicas que nos hacían brillar pero dejaban a su paso una sociedad atomizada, con muy bajos niveles de cohesión social en ciudades altamente segregadas, incubando dentro de sí profundos resentimientos, agudizando las contradicciones del neoliberalismo y excluyendo social, política y económicamente a grandes grupos.
Y es que Chile ya dejó de deslumbrarse con el crecimiento económico sobre el 6%, con las bajas cifras de inflación o la disminución del desempleo. Después de 21 años los chilenos nos hemos dado cuenta que hay que dar un salto sustancial en la calidad de la política y de la democracia. Las cifras económicas que hacen de Chile un ejemplo –muy cuestionable– y que nos han llevado a la OCDE pierden total validez cuando la exclusión se hace presente. Y lo peor es que no solo hablamos de exclusión económica, pues con un par de tarjetas de crédito cualquier persona puede sentirse parte de funcionamiento del mercado y adquirir bienes que en nuestra sociedad neoliberal entregan status y distinción, pero no siempre calidad de vida. Hablamos de exclusión política y social. En definitiva, hablamos de profundas fallas de la democracia que hoy deja afuera a importantes sectores sociales que ven en el crecimiento económico una falacia.
Desde las protestas estudiantiles, las marchas por Hidroaysén, Castilla y Punta de choros; las protestas en Punta Arenas y en Calama; las huelgas de los trabajadores del cobre, los problemas relacionados con la reconstrucción y las demandas, menos mediáticas pero también presentes, sobre una nueva Constitución, no revelan otra cosa que un malestar generalizado con un sistema injusto y excluyente. Y ojo, no me refiero necesariamente a un sistema económico que genera desigualdades –que sí las genera– sino de un sistema político que genera desencanto y, lo que es más grave, exclusión.
Y todo esto se da en un contexto donde las alternativas políticas parecen no existir, en un sistema de partidos cuya representatividad y legitimidad es cada vez menor y con una ciudadanía que se niega a canalizar e institucionalizar los conflictos, porque simplemente el sistema no da el ancho para generar soluciones esperadas y los partidos y los políticos no dan la confianza. Las grandes comisiones que buscaron crear un “gobierno ciudadano” –el vago concepto que Bachelet intentó instalar– se han traducido en acuerdos entre las cúpulas partidarias, y los ciudadanos excluidos del proceso de toma de decisión han interpretado eso como una traición. De ahí que no sea extraño que las demandas de todos los movimientos partan por exigir garantías mínimas para negociar. La palabra empeñada ya no sirve, pues cuando se creyó en ella los políticos le dieron un portazo a los movimientos sociales con los que negociaron.
Los problemas estructurales de la política chilena, esos que no se solucionan con el cosismo y el discurso apolítico de la derecha, se están volviendo cada vez más evidentes. Y la centro-izquierda tampoco tiene un discurso para hacerle frente. Fueron muchos años de acuerdos de segundo piso. Para solucionar nuestra crisis política lo que necesitamos es justamente volver a la política, reencontrarnos con ideales republicanos que evoquen el bienestar general, la deliberación ciudadana y la democracia. Así será posible generar los puentes que vuelvan a unir el clamor ciudadano y la actividad política.
Pero hay un problema grave y es que en el poder permanecen políticos que han rotado por cargos una y otra vez, cuando no se ha mantenido en el mismo desde el retorno a la democracia y, peor aún, pues algunos ya ocupaban algún escaño en el congreso antes del derrumbe de la democracia. Es un stablishment político e institucional apto para alcanzar la democracia, para hacerla estable y para hablar del crecimiento con equidad que se quedó más en crecimiento. No es el que necesitamos para ampliar los pilares democráticos, para hacer un sistema político más representativo y adecuado a la sociedad que hoy somos.
¿Será acaso que una fuerza de destrucción creadora tendrá que aparecer en nuestro país para barrer con las viejas instituciones y con los viejos rostros y producir la emergencia de un nuevo entramado institucional? ¿Será que, como en varias partes del mundo, la indignación y el malestar se están dando contra la democracia de mentira y amenazan a los que ocupan posiciones de poder? La clase política está en una coyuntura crítica que bien puede tener un desenlace inesperado. Se trata de entregar las garantías, de generar los cambios, de renunciar a sus cotos de caza particulares y buscar los caminos para darle a Chile un nuevo futuro. Si ese camino no se sigue pronto el malestar crecerá y se puede convertir en una indignación tan grande que barrerá con todo y el costo que habrá que pagar será demasiado alto.
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