El terremoto del pasado 27 de febrero dejó a la luz varias falencias en cuanto a infraestructura pública. No obstante, más que llorar sobre la leche derrama es necesario tener una visión crítica de lo que sucedió y, al mismo tiempo, tomarlo como una oportunidad para no repetir los mismos errores, de moda tal que para próximos eventos catastróficos exista una mayor preparación por parte de las instituciones que no deberían presentar daños estructurales importantes que ameritaran la evacuación de los recintos y, muchos menos, colapsar. Es decir, la construcción debería hacerse teniendo en cuenta terremotos sobre 8,5º y utilizando la última tecnología sismorresistente disponible, como amortiguadores sísmicos y disipadores.
Particularmente me refiero a la infraestructura hospitalaria y de atención primaria. En una emergencia la red asistencial pública debería verse lo menos alterada posible pues debe dar respuesta a demandas derivadas de la emergencia misma, ya sea por personas lesionadas o por derivación de pacientes desde otros centros que se podría haber visto afectados. Además, hay que tomar en cuenta que pese a la emergencia, que recarga la red, se siguen produciendo situaciones normales, como partos y otras patologías que no están directamente ligadas con la emergencia.
El diagnóstico que ha hecho el gobierno es bastante lamentable. Un 70% de la infraestructura hospitalaria está dentro de la zona afectada por el terremoto, esto es, 130 centros hospitalarios. De ellos, 51 están operando normalmente, 54 requieren reparaciones menores, 8 necesitan reparaciones estructurales, mientras que 17 están completamente inhabilitados, entre ellos, los tristemente conocidos Féliz Bulnes y Regional de Talca. El monto en el que habría que incurrir para estas reparaciones asciende a 2.773 millones de dólares. (El Mercurio, 24 de marzo, B2).
Ahora bien, a la hora de la reconstrucción se deberían usar las tecnologías y planificaciones necesarias para mitigar la vulnerabilidad de la red asistencial. En las zonas costeras los hospitales y centro de salud primarios deberían necesariamente estar construidos a una determinada altura, para evitar el riegos a la hora de producirse un tsunami y, al mismo tiempo, se debería usar toda la tecnología sismorresistente, tal como lo hizo en su construcción el nuevo hospital militar de Santiago, en el que el terremoto se sintió por los pacientes como un "temblor fuerte" gracias a los amortiguadores sísmicos sobre los que se sostiene la estructura. Estos dispositivos amortiguan gran parte de la energía del temblor, evitan que la estructura oponga resistencia al movimiento y, por tanto, reducen los daños y el movimiento del edificio, con lo cual también se reduce el trauma para sus ocupantes.
A la hora de los costos, la idea de prevenir y de mantener una red asistencial operativa aún en situaciones de emergencia debería primar, obviamente con ciertos niveles de contención, pero siempre viendo por la seguridad de las personas. Al mismo tiempo, hay que considerar que varios hospitales eran muy viejos, como el de Parral, Talca o el Félix Bulnes de Santiago, podríamos considerar hasta esperable que hayan presentado problemas dada la violencia del sismo. Sin embargo, hay estructuras nuevas al interior de estos recintos -como algunas reparticiones del Félix Bulnes- o derechamente hospitales que no tienen más de 10 años de construcción, como el Curanilahue, el de Curepto o el hospital de San José de Santiago, que presentó problemas en la sección de urgencias y fue inaugurado en 1999. Ese tipo de fallas no debería haberse producido y es de esperar que en el proceso de reconstrucción se utilicen estándares más altos en la edificación de hospitales, consultorios y, en general, de edificios públicos a través de los cuales se debe hacer frente a situaciones de emergencia.
Si hacemos las cosas como se han venido haciendo hasta ahora... es porque no hemos aprendido nada de la catástrofe y la vida de las personas fallecidas y el sufrimiento de los miles de heridos y millones de damnificados sería en vano.
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