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jueves, 21 de octubre de 2010

La búsqueda de alternativas al desarrollo frustrado de América Latina

La situación social, económica y política de América Latina actualmente dista de forma significativa de lo que se vivía hace 10 años en la región, cuando el continente era cuna de importantes crisis sociales, políticas y financieras que se esparcían por el mundo. Vale recordar el efecto tequila que desencadenó la crisis financiera en México en 1994, el efecto caipiriña que surge con la devaluación del real brasileño a mediados de los 90 y el efecto tango que terminó en la peor crisis económica de la Argentina y el default de deuda pública más importante hasta la fecha el año 2001 y que terminó  también arrastrando al Uruguay a una crisis económica.

Pero si se revisa la situación de América Latina desde los años 80 hasta el 2004, se podrá encontrar una oleada de crisis económicas y sociales que recorrió el continente dejando tras de sí grandes costos sociales. Partiendo por Chile en 1982 y terminando con la crisis de Uruguay en 2002-2003, es necesario considerar los conflictos políticos y sociales en Bolivia que terminaron con el gobierno de Sánchez de Lozada; en Ecuador con la situación política durante el gobierno de Abdala Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, que culmina con el triunfo electoral del actual presidente Rafael Correa; en Venezuela con el fin a los gobiernos de la tradicional élite política y la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999.

El cono sur no vivió un escenario diferente, a excepción de Chile, todos los países vivieron cambios políticos importantes. En Argentina llega al poder el justicialismo kirchnerista con un discurso mucho más cercano al del tradicional partido peronista; en Uruguay el bipartidismo empieza corroerse desde el regreso a la democracia en 1985 y el frente amplio amenaza seriamente las aspiraciones de Batlle que llega al poder gracias a la unión de blancos y colorados en la segunda vuelta en 1999, triunfando el Frente Amplio finalmente en 2004 con Tabaré Vazqués y obteniendo un segundo periodo en las elecciones de 2009 con Pepe Mujica. Paraguay vive un escenario similar con la presidencia de Fernando Lugo.

El fin de  la hegemonía priísta en México, el retorno de los sandinistas en Nicaragua con Daniel Ortega, la llegada al poder de Manuel Zelaya en Honduras, el triunfo de Lula da Silva en Brasil que lo lleva a convertirse en el primer presidente sindicalista y del PT en el gigante sudamericano, y también la llegada al poder de Evo Morales en Bolivia como primer presidente indígena.

Todo lo anterior se constituyen en muestras del giro político que se dio en América Latina, salvo Chile que transita por un camino de consolidación democrática constante desde 1990; Colombia que tiene características particulares debido a los problemas con la guerrilla y a las dificultades para controlar algunas partes del territorio por parte del Estado; y Perú que vivió su propia crisis con Alberto Fujimori, no obstante, ni Toledo ni García generaron grandes cambios políticos y programáticos desde la línea principal planteada en los 90.

No es casual que todas estas situaciones se den en todo los países a por lo menos 10 años de la instalación del modelo de desarrollo neoliberal sustentado en las ideas del consenso de Washington. ¿Qué lleva a los países a generar quiebres políticos importantes?

En algunos casos serán importantes crisis políticas que producirán rupturas en las tradicionales estructuras socio-políticas y en otros será una lenta evolución que desgastará las bases mismas de los (decimonónicos) sistemas políticos de la región. Pero la hipótesis central es que tras estas rupturas políticas radica el fracaso económico y social de concepciones de desarrollo nacidas fuera de la región y que dañaron profundamente a las sociedades latinoamericanas o bien entraron en una profunda inconsistencia con las estructuras culturales de la región, generando un agravamiento de las contradicciones sociales que históricamente se han dado en América Latina.

El achicamiento del Estado, la flexibilización de los mercados laborales y la ausencia de redes suficientes de protección social capaces de compensar las políticas de shock, que fundamentalmente tenían que ver con el recorte del gasto público y la privatización de empresas, lo que devino en desempleo y en una precarización constante de las condiciones sociales y del bienestar de la población, provocaron la articulación de movimientos sociales alternativos o grupos políticos que pudiesen representar a sectores sociales excluidos y/o marginados del crecimiento económico que no se tradujo en mayor bienestar durante los años 90.

En países donde la situación de exclusión ya era grave y los gobiernos se encontraban cooptados por élites políticas que no eran en ningún caso representativas de la población del país, como el caso de Bolivia o Ecuador; o en aquellos países cuya historia política ha estado caracterizada por inestabilidad gubernamental constante, como Venezuela o Argentina, hubo importantes crisis que provocaron el quiebre.

En los países con culturas democráticas un poco más asentadas, como Uruguay o Brasil, fue una evolución que lentamente fue consolidando grupos, movimientos o partidos políticos que se hicieron electoralmente más grandes hasta hacerse con el poder político, en algunos casos primero en el congreso o en distritos importantes, tal es la situación del Frente Amplio del Uruguay cuyo primer gran triunfo electoral fue ganar la intendencia de Montevideo.

En ese contexto, los triunfos electorales y el crecimiento político de aquellas alternativas a los tradicionales partidos podrían entenderse como una búsqueda de nuevas opciones que sean capaces de incluir a un porcentaje mayor de la población y buscar caminos diferentes para el desarrollo político, económico y social de los países de América Latina, aspectos siempre esquivos en nuestra región y, ciertamente, no es coincidencia que hoy la mayoría de los países de América Latina hayan mirado de lejos la crisis financiera de 2009 y se encuentren con expectativas de crecimiento y desarrollo importantes. Nuestro continente hoy se recupera de una tormenta gestada más allá de sus fronteras y resulta notable que las expectativas del continente que hasta hace 10 o 15 años generaba las crisis financieras mundiales sean hoy mejores que los países centrales altamente desarrollados. En realidad pareciera que, de verdad, América Latina ha logrado despegar.

viernes, 15 de octubre de 2010

Regímenes presidenciales y equilibrio de poderes en América Latina

Entre los regímenes presidencialistas del mundo, el más perfecto es el modelo de los Estados Unidos, inspirador de los sistemas de gobierno de América Latina: tenemos regímenes presidenciales con una separación clara entre cada uno de los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial y, en teoría, de acuerdo a los principios inspiradores del presidencialismo estadounidense, pesos y contrapesos (Check and balances) entre la actividad de los poderes para que se regulen entre sí.

Así por ejemplo, en el sistema presidencial norteamericano no se contempla la actividad co-legisladora del presidente y sus tratos con el congreso se limitan a comunicaciones en la que solicita que cierto proyecto de ley impulsado por el ejecutivo sea tratado en la cámara de representantes o en el senado, empero, el speaker no tienen ninguna obligación legal de acceder a revisar los proyectos presentados por el presidente, pese a que la tradición ha indicado que sí sean observados por los congresistas o, en último caso, existe el condicionamiento político de lealtad del speaker, que maneja la agenda legislativa en cada cámara.

La única herramienta que posee el presidente para intervenir en la actividad congresal es el veto, aunque el congreso interviene en la administración del Estado a través de la ratificación de los nombres que propone el presidente para ocupar las secretarías del Estado, lo que en nuestro país serían los ministerios, y tanto ejecutivo como legislativo tienen facultades para intervenir en el nombramiento de jueces de la suprema corte, sin perjuicio a la completa autonomía de este poder.

El problema es que en América Latina los poderes no son tan autónomos y los sistemas de pesos y contrapesos tampoco funcionan de una forma lo suficientemente eficaz como para asegurar el equilibrio entre los poderes. Los sistemas presidenciales, en términos generales, se han vigorizado en la región generando una especie de “monarca electo” con una potestad que desequilibra de forma evidente la distribución del poder del Estado y que en ciertos casos permite al presidente de la república legislar casi prescindiendo del congreso, como por ejemplo, mediante los decretos de necesidad y urgencia (DNU) existentes en la institucionalidad argentina. Gracias a este mecanismo a principios de año la presidenta Cristina Fernández pudo remover al presidente del banco central argentino (BCRA) generando un conflicto importante en el congreso y un debate respecto al nivel de autonomía del banco central, habida cuenta que la remoción se produjo por la negativa de Martín Redrado, el presidente del BCRA en ese momento, a ceder reservas del banco al ejecutivo para pagar deuda pública.

Lo anterior se debe sumar a al relativo poco peso que tienen ciertas legislaturas en América Latina en términos de profesionalización y capacidad de control legislativo ex ante y ex post. Palanza (2006) ha señalado que el congreso argentino en particular, y los congresos latinoamericanos en general, no tienen el suficiente nivel de profesionalismo como para generar controles de carácter político, de acuerdo a la distinción de Giovani Sartori entre control legislativo y control político que pueden hacer los congresos. Eso hace que el ejecutivo tenga aún menos frenos para su acción.

En ese contexto, la figura presidencial se alza no solo en términos formales, sino que también informalmente debido a los comportamientos que se han ido creando en los congresos y partidos de la región. Así, la capacidad colegislativa del presidente, su potestad para controlar la agenda legislativa con notas de urgencia o suma urgencia y con la obligación de las cámaras de observar los proyectos de ley presentados por el ejecutivo; la iniciativa de ley exclusiva del presidente en algunas materias, la capacidad de veto total o parcial del presidente y la relativamente baja autonomía del poder judicial, pues los ejecutivos controlan el presupuesto, herramienta central para la planificación de cualquier organización; todo lo anterior sin la adecuada correlación de poderes que equilibren el escenario provocan una distorsión significativa del régimen presidencialista, originario de los Estados Unidos.

Caldo de cultivo todo esto para los caudillos políticos, los populismos tradicionales de América Latina, el conflicto constante del que devine polarización en el sistema político, lo que adicionado a la rigidez general que tienen los sistemas presidenciales para resolver los conflictos políticos, han provocado que la región viva una inestabilidad constante, con serias dificultades para consolidar la democracia y asegurar la gobernabilidad.

Paralelamente nos debemos preguntar por qué el presidente tiene mayores poderes que el congreso, cuando la legitimidad de origen de ambos es la misma y los dos órganos pueden apelar a la legitimidad democrática que poseen para justificar sus acciones, aun cundo los electorados son distintos y, por tanto, también cambian los intereses.

Pero creo que no estamos en un callejón sin salida. Chile y Uruguay, dos de los países con las democracias más consolidadas de la región de acuerdo al democracy index del The Economist, han podido generar instituciones relativamente estables, predecibles y han consolidado una democracia. En el caso de Chile, después del fin de la dictadura se desarrolló la idea de “democracia de los acuerdos” asentada fundamentalmente en los diálogos fuera del congreso para conseguir avanzar en la “segunda o tercera mejor opción” considerada por el gobierno, para así poder lograr la viabilidad política de las medidas; eso generó que un clima de diálogo y consenso, aplicado incluso en el gobierno de la presidenta Bachelet, contribuyera a construir una institucionalidad democrática y, como diría Edgardo Boeninger, alcanzar acuerdos en el subóptimo democrático que se asimila al equilibrio de Nash, en el que nadie gana, pero al mismo tiempo todos pierden lo menos posible.

En Uruguay la situación ha sido distinta, por muchos años blancos y colorados se repartieron el poder en lo que Daniel Chasquetti, cientista político de la Universidad de la República ha denominado como “partidocracia de consensos” dándole una connotación menos negativa al términos partitocrazia proveniente de la tradición política italiana. La llegada del Frente Amplio al poder, en 2004, vino a consolidar un extenso proceso de construcción democrática que además de un sistema de partidos institucionalizado incluye una organización de la sociedad civil significativa, siendo probablemente el país de América Latina más corporatista.

Lo que caracteriza a ambos procesos de consolidación o construcción democrática es la capacidad del oficialismo para el dialogo y la búsqueda del consenso en torno a los grandes temas y, en el caso del Uruguay, la movilización de la sociedad civil en la construcción de esas demandas de manera colectiva. En el resto de América Latina encontramos climas políticos polarizados, atomizados o bien en el que el gobierno se encuentra o encontraba capturado por una élite que excluía a gran parte de la población del ejercicio del gobierno. 

¿Cómo lograr democracias más sólidas y consolidadas en América Latina? Probablemente la respuesta esté en el debate público y la generación de espacios de deliberación colectiva para la construcción social de las demandas, una especie de ágora o de ekklesia modernas, pero con el mismo espíritu que los griegos le dieran hace 2500 años. Lo fundamental en esto es asumir la necesidad del debate público y apreciar la riqueza de la deliberación en la construcción de las demandas ciudadanas. En ese momento quien piense distinto puede ser valorado y la democracia alcanzar niveles amplios de representación, participación directa y legitimidad.

Referencias:

Chasquetti, Daniel. La democracia en Uruguay: Una partidocracia de consensos, EN: Revista Política, Otoño 2004, Nº42. Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile. pp221-247.

Palanza, Valeria. Delegación y control parlamentario en Argentina, EN: Llanos, M; Mustapic, A. El control parlamentario en Alemania, Argentina y Brasil. Ediciones Homo Sapiens. Rosario, 2006.

sábado, 28 de agosto de 2010

La Concertación en Chile y el Frente Amplio del Uruguay

La concertación es una de las coaliciones de partidos más exitosas del mundo en términos políticos, logró mantener el poder durante 20 años y las mayorías relativas en la cámara de diputados y el Senado, la última aún se mantiene. Si integración, desde el centro a la izquierda, es motivada por la necesidad de articular un movimiento político capaz de presentarle a la ciudadanía un proyecto programático para volver a la democracia, canalizando la mayoría de las fuerzas opositoras a la dictadura de Pinochet.

La concertación nace motivada por una situación puntual, por la necesidad de reconstruir la democracia en el país y si bien las fuerzas opositoras a Pinochet venían mostrando cierto dinamismo desde el año 80, cuando el ex presidente Frei Montalva llama a votar por NO a la Constitución de 1980, fue por el plebiscito que debieron unirse bajo un alero común: el arcoíris.

La Concertación aprendió a convivir en el poder y desarrolló una vocación de gobernante que superó la aspiración de poder político natural en todos los partidos. Se convirtió en la coalición dominante de los años 90 y, aunque ya con amenaza cierta de la alianza por Chile, lo siguió siendo durante la década siguiente y hasta hoy, fuera del poder ejecutivo, sigue manteniendo la relevancia de la oposición. Pero ¿cómo hacer oposición después de 20 años en el poder? Por cierto que hace 20 años se enfrentó el opuesto de esa misma pregunta… la misma que hoy enfrenta la Coalición por el cambio. Más allá de temas programáticos, hay aspectos políticos que se ganan o se aprenden solamente estando en el poder o fuera de él.

La comparación más cercana en América Latina para la Concertación es el Frente Amplio del Uruguay, pero hay que tomar en cuenta las evidentes diferencias entre ambas coaliciones. La más evidente tiene que ver con lo antes expresado. El Frente Amplio nace para canalizar un sentimiento latente de la sociedad uruguaya. El bipartidismo entre blancos y colorados dejaba una exclusión política importante y con el tiempo se habían ido desarrollando una “partidocracia de consensos” en la que ambos partidos, más que rivales políticos, eran dos caras de la misma moneda. El  bipartidismo le dio gobernabilidad al Uruguay, pero también impidió que el sistema de partidos se moviera en la misma dirección de la sociedad. Como alternativa surge el Frente Amplio y bajo su alero se ubica la izquierda uruguaya, los movimientos sindicales y sociales.

Pero el Frente Amplio no llega al poder de forma inmediata, más todavía, le toma bastante tiempo convertirse en un movimiento realmente competitivo y relevante en el sistemas de partidos uruguayo y más todavía hacerse con el poder. El Frente Amplio es fundado en 1971 y hacia fines de los 90 se hace inevitable el tránsito del FA hacia el poder.

La diferencia fundamental salta a la vista: Más de 30 años fuera del poder le permiten al FA desarrollar toda una estructura de representación y una identidad frenteamplista que iba más allá de la identidad de cada uno de los partidos y movimientos que componen el frente.  Cabe preguntarse si la concertación ha desarrollado esa identidad, yo creo que sí… pero la desarrolló estando en el poder, por lo que tiene un alcance menor.

El Frente Amplio aprendió que lo más importante no es alcanzar el poder, que el gobierno puede ser efímero en un contexto de largo plazo, que lo normal bien puede ser estar fuera del poder. Lo que se mantiene y le entrega la base de funcionamiento a la coalición y es allí donde se deben centrar los esfuerzos, alcanzar el poder puede ser una consecuencia de ello y mantenerlo también. A diferencia de la concertación, para quienes lo normal es gobernar, no vivieron siendo oposición en democracia.

Querer ser como el Frente Amplio no es solo abrirse hacia la izquierda y el centro siendo inclusivos, cosa muy necesaria de por sí en Chile con un multipartidismo relativamente estable y atrofiado bajo el sistema electoral binominal. Querer ser como el Frente Amplio necesita de construir una mística y un proyecto de futuro capaz de convocar voluntades en función de algo superior a la conquista del poder, natural en todos los partidos políticos, pero negativa cuando se convierte en el fin en sí mismo. No puede ser el poder… por el poder, sin más.

Entonces, es necesario que la concertación deje de vivir de las glorias pasadas, que es cierto que le dieron otra cara a Chile y que ayudaron a construir otra sociedad… la misma para la cual la práctica política de la concertación no es adecuada. Es hora de construir el futuro dejando la autocomplacencia de lo que se hizo, actualizar las relaciones sociales y reconstruir los lazos con la ciudadanía y los movimientos sociales, pues son ellos, más que el poder, los que le dan viabilidad a un proyecto político y a una apuesta electoral.

lunes, 15 de febrero de 2010

Chile, Uruguay y el gabinete

Señor Director:

Los noticieros informan que el presidente electo del Uruguay, señor José Mujica, luego de triunfar en la reciente elección presidencial se reunió con los candidatos derrotados y se establecieron grupos de trabajo con sus oponentes para adoptar políticas de desarrollo para su país tanto en energía, medio ambiente, seguridad y educación.

En Chile, la Concertación reprobó, insultó y censuró a uno de su militantes por entrar a cooperar con el presidente electo, y no ahorra epítetos para vilipendiar a los miembros del nuevo gobierno antes de que se hagan cargo de sus puestos.

A algunos de los nuevos ministros se les critica incluso porque tienen “postgrados en Estados Unidos en universidades como Harvard, en Chicago o en el MIT”, como escribía en el Diario Financiero el señor Francisco López del Pozo el 12 de Febrero. Tal vez, don Francisco hubiese preferido que fueran titulados en Mozambique, Sudan, Angola, o la República Democrática del Congo.

Esto parece consecuencia del “pluralismo y el progresismo” de una visión sectaria, que sigue siendo y parece que seguirá siendo insuperable para los que padecen de ella.

Darío Torrealba (Carta aparecida en el Diario Financiero)
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Si bien la carta refleja algo que nos gustaría ver, en términos de diálogo y debate democrático, da cuenta de dos hechos diferentes. En Uruguay, Pepe Mujica se reúne con distintos sectores de la sociedad, entre ellos empresarios y representantes de otros partidos, para generar un clima de seguridad jurídica, dar a conocer las prioridades del nuevo gobierno y entregar certezas respecto a lo que hará la nueva administración que asume el 1 de marzo. No para generar gobiernos de unidad. Los roles de oficialismo y oposición están claros, a diferencia de Chile, donde creo que Sebastián Piñera tiende a confundirlos.

Muy diferente es lo que pasa en Chile, Sebastián Piñera quiere generar un gobierno de unidad nacional en un contexto en el que políticamente no se necesita. Las instituciones en Chile dan lugar a la existencia de debate de ideas, intercambios de visiones y, en general, la existencia de una oposición fuerte. Los gobiernos de unidad son para momentos políticos conflictivos, no para países con democracias estables y relativamente consolidadas, como el caso de Chile. Hablar de unidad nacional, democracia de los acuerdos o segunda transición resulta anacrónico, pues son conceptos innecesarios en el momento político actual y que es necesario superar.

El gobierno de Uruguay es de izquierda y las prioridades de una gobierno así están completamente clara, no obstante, José Mujica comprende la importancia de otros sectores de la sociedad en la construcción de instituciones sólidas y de una desarrollo sustentable, tanto en lo económico como en lo social. En Chile los presidentes Frei, Lagos y la presidenta Bachelet supieron sintonizar ese mismo sentimiento de progreso pero sin quitar componentes de redistribución y justicia social. Mujica, en Uruguay, no incluirá ministros de la oposición de derecha, pues una cosa es mantener un diálogo fluido con los adversarios políticos y otro, diferente, es buscar incluirlos en un innecesario gobierno de unidad nacional.

Soy una de las personas que cree que la campaña de Sebastián Piñera fue mucho más inteligente, supo interpretar muy bien la condición política del país y el nuevo tejido social que -paradójicamente- la concertación contribuyó a construir. Espero que durante el gobierno se dé una situación similar, hoy ya no somos niños, estamos lo suficientemente maduros como para debatir distintos puntos de vista y eso no pasa por incluir ministros de oposición en el gabinete, para por saber escuchar, negociar... y ceder, para construir entre todos, pero respetando las instituciones democráticas que se han
construido.